El proyecto será girado a dos comisiones

Diputados modificaría la reforma procesal penal votada por Senado

Mario Cáffaro

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La Cámara de Diputados dará ingreso mañana a dos de los proyectos votados dos semanas atrás por el Senado: la reforma al Código Procesal Penal y la adhesión de la provincia a la norma nacional sobre blanqueo de capitales. El primero de los proyectos será remitido para su análisis a las comisiones de Derechos y Garantías y a Asuntos Constitucionales y Legislación General mientras que el segundo irá a Presupuesto y Hacienda.

“Vamos a analizar detenidamente los cambios propuestos por el Senado al Código Procesal Penal y el oficialismo propondrá algunos cambios”, anticipó a El Litoral el socialista Rubén Galassi, jefe de la bancada y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Antes, la titular de Derechos y Garantías, Alicia Gutiérrez (SI) también había marcado disidencias con el texto votado por el Senado. “El proyecto votado por el Senado profundiza el conflicto en materia de seguridad y vulnera las garantías individuales”, afirmó.

Galassi recordó que el mensaje girado por el Poder Ejecutivo a las cámaras modificaba seis artículos y el Senado introdujo cambios en 50 artículos. El propio diputado socialista inició conversaciones con senadores oficialistas para acordar un texto que permitiría la sanción de las reformas.

En tanto, sobre el blanqueo, sectores del oficialismo apuran el tratamiento sobre tablas este jueves mientras que otros legisladores proponen darle el trámite legislativo normal y dictaminarlo en la semana y votarlo en la próxima sesión. “No habrá cambios al texto del Senado” admitieron dos diputados oficialistas. La Mesa de Entidades Productivas de Santa Fe rechazó públicamente que se aplique un impuesto especial para la provincia.

Entre hoy y mañana se reunirán la mayoría de las comisiones de Diputados y entre los temas que esperar dictamen para llegar al recinto está la creación de la comisión especial ad hoc para el seguimiento y observación de la aplicación del convenio de cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y su par santafesino. La iniciativa del justicialista Leandro Busatto tendría aval del oficialismo en Diputados.

Acuerdos entrevista a candidatos a camaristas

La Comisión Bicameral de Acuerdos citó para esta tarde a los diez candidatos propuestos para ocupar vacantes en distintas salas penales de Santa Fe y Rosario para la entrevista individual previa a la confección de los dictámenes para llevar al recinto de la Asamblea Legislativa convocada para este jueves por la tarde.

Seis de los propuestos están previstos para ocupar sillones de salas en esta capital y los cuatro restantes en Rosario y fueron seleccionados tras un largo concurso iniciado en agosto de 2014.

El pliego de Nicolás Muse Chemes, actual juez penal de sentencia de Vera, es el que tiene fuertes objeciones a raíz de un fallo dictado en la causa sobre abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo de forma reiterada a Oscar Avelino Rolón. Esta decisión judicial motivó que el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) presentara en la Legislatura la impugnación a su nombramiento. El diputado justicialista Luis Rubeo pidió al gobernador el retiro de ese pliego, cosa que el mandatario ha rechazado en declaraciones públicas.

No obstante, Muse Chemes tiene la oportunidad esta tarde de hacer su descargo ante la Comisión de Acuerdos. Un legislador que apoya su postulación advirtió que el fallo cuestionado fue validado por la Cámara Penal oportunamente. Las mujeres legisladores impulsan el rechazo al nombramiento y han mantenido reuniones con varios legisladores haciendo conocer las razones que fundamentan el rechazo.

El fallo de Muse Chemes fue llevado a tribunales internacionales donde el Estado santafesino tuvo que cumplir una agenda de reparaciones tanto individual para las víctimas, como de garantía de no repetición de la situación en otros casos.

Susana Chiarotti y Viviana Della Siega firmaron como presidente y vice de Insgenar la impugnación por considerar a Muse Chemes responsable de una sentencia discriminatoria internacional contra la provincia de Santa Fe; utilización de estereotipos discriminatorios y prejuicios de género en el juzgamiento de casos; incumplimiento en la aplicación del standard de la debida diligencia y control de convencionalidad.

Muse Chemes y Fabio Mudry son los candidatos propuestos para ocupar las dos sillas vacantes en la Sala I de la Cámara Penal de Santa Fe; y Alejandro Tizón para la Sala II. En tanto, los tres nombres propuestos para la Sala III son los de Jorge Andrés, Enrique Ramón Alvarez y Fernando Gentile Bersano.

En tanto, para Rosario, el Poder Ejecutivo propone a Gustavo Alfredo Salvador como vocal de Sala I; a Bibiana Teresa Alonso y José Luis Mascali para la Sala II y a Javier Francisco Beltramone para la Sala IV.

Sobre peritos judiciales

• El diputado Roy López Molina (Cambiemos) presentó un proyecto de ley para optimizar la actividad de los peritos, de diversas profesiones, que desempeñan su tarea en el Poder Judicial. “El objetivo es controlar, sancionar, actualizar y aumentar la actuación de los peritos en la provincia porque las estadísticas reflejan la ineficacia del sistema actual y el retraso que generan en cada causa”, explicó.

La iniciativa de López Molina consiste en mejorar y clarificar la actividad que realizan los peritos para transparentar la Justicia. Entre los puntos a destacar, entre otros, figura la designación a una causa a través del sorteo de listas que anualmente forma la Corte Suprema de Justicia y que no pueda renunciar al cargo en caso de resultar sorteado, con el fin de que no elijan un caso conveniente para sí mismo. También, establecer un régimen de sanciones si hubiera incumplimientos o inconductas. Además se otorgaría un plazo de 30 días para presentar las pericias con posibilidad de prórroga sólo ante circunstancias fundadas.

El proyecto de ley prevé que se regulen los honorarios de los peritos puesto que en el sistema vigente el cálculo se realiza en base al monto de la demanda lo que no resguarda la garantía de imparcialidad. Al mismo tiempo, se plantea que el pago se haga efectivo cuando finalice la pericia y no al terminar el juicio porque desalienta su inscripción en las listas.