Convenio entre el gobierno y el Poder Judicial
Por una Justicia más abierta y transparente
Convenio entre el gobierno y el Poder Judicial
Por una Justicia más abierta y transparente
El encuentro se desarrolló en Buenos Aires, encabezado por Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano. Firmaron el convenio representantes de los Poder Judiciales del país, y por la Jufejus, Rafael F. Gutiérrez. Foto: Prensa Poder Judicial
De la redacción de El Litoral
Prensa Poder Judicial
Representantes de los poderes judiciales y ministerios públicos de las 24 provincias de la Argentina firmaron un convenio interjurisdiccional con el fin de producir datos estadísticos uniformes y publicarlos en el nuevo Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina que se lanzará próximamente.
Con la presencia del presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, las autoridades judiciales se comprometieron a profundizar políticas de acceso a la información y gobierno abierto en las instituciones que representan.
El evento se realizó en el Salón de los Pueblos Originarios de Casa Rosada y contó con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el secretario de Planificación Estratégica, Mauricio Devoto, y el jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Esteban Conte Grand; el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares y los responsables de los programas Justicia Abierta, Sandra Elena, y Justicia 2020, Héctor Chayer.
Entre las 55 instituciones que suscribieron el convenio se encuentran la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la Procuración General de la Nación; el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Caba; el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, autoridades de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Compromiso
El presidente celebró el compromiso de todos los actores judiciales para generar una plataforma transparente de acceso a las estadísticas judiciales, y destacó que sólo es posible alcanzar los objetivos del gobierno si la Argentina cuenta con “una Justicia fuerte, independiente, transparente y moderna”.
Garavano remarcó el “momento histórico” que se genera con la firma del convenio, y subrayó la importancia de la apertura de los datos judiciales para las instituciones. “El sistema de justicia es una pieza clave, y la información que genera es fundamental para vivir en una sociedad pacífica.”
El convenio impulsa un plan conjunto de modernización de los sistemas de información de la Justicia argentina, guiado por los estándares de gobierno abierto y de datos abiertos. Estas acciones buscan mejorar la calidad de la información estadística elaborada y publicada por las distintas jurisdicciones.
El Ministerio coordinará el proceso de elaboración y sistematización de un nuevo sistema de estadísticas, diseñará protocolos técnicos y proveerá asistencia técnica y financiera a las instituciones que lo requieran para la producción, recolección y sistematización de la información. También desarrollará un portal que incluirá los datos producidos por las instituciones firmantes. El Programa Justicia Abierta brindará capacitaciones y asistencia técnica continua, y las instituciones de la Justicia se comprometen a producir datos y se encargarán de sistematizar la producción y recolección de la información.
El Portal de Datos Abiertos concentrará, además, información desarrollada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como los datos sobre constitución de sociedades y asociaciones civiles, mediaciones prejudiciales y judiciales, la base de datos legislativos de Infoleg, declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público y las solicitudes de autorización de portación de armas de fuego.
Junta de Cortes
En ese marco, afirmó que “el 85% de las causas judiciales se tramitan en las provincias”. En ese sentido, destacó la importancia de que la Nación cuente con las estadísticas que se elaboran en los Poderes Judiciales provinciales: “Sin los datos de todas las provincias argentinas la información que tenga el Ministerio de Justicia en materia de delitos, como con respecto a la actividad en todos los demás fueros, es parcial‘.
Asimismo, el titular de la entidad que representa a tribunales que encabezan los poderes judiciales de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires agregó: “Es una iniciativa que sirve para intercambiar información en materia de evolución y tipos de delitos y más allá de eso para tener información completa de lo que pasa en la Justicia Argentina”, concluyó.
Contra Gils Carbó
Garavano no sólo cuestionó a la Procuradora General de la Nación, Gils Carbó porque “no asistió a la firma de un convenio” a pesar de que “había sido convocada” sino que acusó a la titular del Ministerio Público de “no” colaborar con las medidas que impulsa el gobierno, a la vez que reclamó a “los fiscales cumplir con su rol de defender y acompañar a las víctimas” de delitos.
“Lamentablemente en nuestro país generamos soluciones muchas veces porque aquellas instituciones que deben cumplir con una tarea no la cumplen, entonces surgen la imprescriptibilidad de los hechos de corrupción porque la Justicia no logra juzgar a tiempo los casos de corrupción, surge la necesidad de asesorar y darles abogados a las víctimas porque los fiscales no cumplen con su tarea”, advirtió Garavano en declaraciones a la prensa acreditada en Casa Rosada.
En ese contexto, el ministro señaló que “más allá de agregar estas herramientas, lo importante es tomar conciencia de que cada actor institucional tiene que cumplir su misión, tienen los recursos y tienen que acompañar a la víctima, el sistema de Justicia tiene que acompañar a las víctimas respetando los derechos de los victimarios”.
En tanto, remarcó que “en noviembre comenzará a funcionar el sistema de flagrancia” y que el Ejecutivo envió al Congreso “un proyecto de reforma del Código Procesal Penal que contempla estas situaciones” y otra “reforma de la ley de ejecución penitenciaria” que está analizando “la Comisión Bicameral y el Senado”.
El dato
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