Colombia

El nuevo acuerdo de paz será firmado este jueves

• Fueron incorporadas las recomendaciones de las fuerzas políticas opositoras. El texto quedará pendiente del aval del Congreso.

El presidente de Colombia se comprometió a reforzar la custodia de líderes políticos y sociales tras los ataques de los últimos días.

Foto: EFE

De la Redacción de El Litoral

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Telam

El nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC será firmado este jueves en Bogotá y su texto quedará pendiente de un aval del Congreso, según un comunicado conjunto difundido hoy por los equipos negociadores de ambas partes.

Aunque no se difundieron los detalles del nuevo texto, portavoces de ambas partes aseguraron que han sido tomadas en cuenta muchas de las recomendaciones de fuerzas políticas opositoras que el pasado 2 de octubre lograron que los colombianos rechazaran el anterior acuerdo en un plebiscito.

Esta vez, las partes resolvieron que “el mecanismo de refrendación de este acuerdo será a través del Congreso de la República”, aunque no fueron especificados los procedimientos que se van a utilizar para lograr ese fin.

“La consolidación de la paz requiere que avancemos con paso firme hacia la implementación de los acuerdos que permitan superar tantos años de conflicto en Colombia”, dice el comunicado.

La firma de los representantes del gobierno y las FARC quedará sellada durante una ceremonia que se celebrará el jueves en el teatro Colón de Bogotá.

Los abanderados del NO en el plebiscito del 2 de octubre, encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, llevaron propuestas para cientos de modificaciones, las cuales fueron analizadas por el gobierno y las FARC en largas conversaciones celebradas en La Habana.

Este martes, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que su gestión impedirá que grupos violentos pongan en riesgo el proceso de paz iniciado con las FARC, y dispuso “intensificar con sentido de urgencia” las medidas de seguridad de “líderes sociales” y defensores de derechos humanos, a partir de los ataques denunciados por la guerrilla, que ayer reclamó acciones contra los atentados.

“Quiero ante todo reiterar mi condena y mi rechazo y de todo el Gobierno a los actos de violencia, a los atentados y homicidios contra líderes comunales y defensores de derechos humanos ocurridos en los últimos días”, remarcó Santos.

El mandatario habló tras una reunión de la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos, en busca de una política para frenar los ataques contra referentes sociales, especialmente miembros del movimiento político de izquierda Marcha Patriótica.

“No vamos, que quede muy claro, a permitir que los violentos pongan en riesgo los avances y las esperanzas de la paz”, añadió Santos, tras debatir con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el director de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland; y los mandos de las Fuerzas Armadas.

Para el presidente, los ataques selectivos pueden poner en riesgo el acuerdo de paz al que su Gobierno llegó con las FARC, aunque aún no fue refrendado, por lo que existe “urgencia por tomar decisiones”, ante hechos que son “una evidencia palpable, dramática, de los riesgos que la incertidumbre trae”.

La reunión y la orden de Santos de reforzar la seguridad de dirigentes sectoriales son una respuesta directa a la carta que ayer hicieron pública las FARC para denunciar que sectores que se oponen al acuerdo de paz buscan “un nuevo genocidio contra líderes sociales y campesinos”.

“Es muy dramática y preocupante la situación: más 200 muertos en lo que va corrido del año, con un total manto de impunidad. Un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos”, señalaron las FARC.

La situación remite casi directamente a lo sucedido con la Unión Patriótica (UP), un partido de izquierda que surgió a partir del proceso de paz entre las FARC y el Gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986), del que bandas paramilitares asesinaron a unos 5.000 militantes.

El resultado fue el pase a la clandestinidad de varios de sus miembros y el fracaso de aquel proceso de paz.

Esta vez, Santos dijo que la Fiscalía General “está acelerando su labor investigativa para esclarecer cada uno de los casos” y que su Gobierno ordenó a la Unidad de Protección de Personas analizar la situación de riesgo de líderes sociales que eventualmente pueden ser blanco de atentados.

La situación se da con la inusual presencia en Bogotá del máximo jefe guerrillero, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y parte de la cúpula de la organización, enfrascados en conversaciones privadas con los negociadores oficiales y a la espera de la fecha para la firma del nuevo acuerdo.

En esa postal impensada meses atrás, están también el jefe negociador en los diálogos de paz, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Jaime Alberto Parra, alias Mauricio Jaramillo; y Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape, según detalló la Agencia Nueva Colombia Noticias, vinculada a las FARC.

Se descuenta que el nuevo entendimiento será firmado en pocos días y refrendado por el legislativo sin segundo plebiscito.

Piden a Maduro saber sobre sus sobrinos narcotraficantes

La Asamblea Nacional de Venezuela reclamó al presidente Nicolás Maduro que informe sobre dos sobrinos de su esposa declarados culpables de narcotráfico por un tribunal de Estados Unidos, y pidió a dos organismos que dictaminen si hay mérito para juzgar por el mismo caso al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, y a un empresario amigo del gobierno.

El parlamento, que tiene holgada mayoría opositora, pidió a Maduro que brinde información “veraz” sobre la situación de Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama, Cilia Flores.

La semana pasada, un tribunal de Nueva York declaró culpables de narcotráfico a los dos jóvenes y anunció que el 7 de marzo de 2017 emitirá las sentencias correspondientes.

Campo Flores y Flores de Freitas fueron detenidos en noviembre del año pasado en Haití por autoridades de la agencia antinarcóticos (DEA, en inglés) de Estados Unidos, que los acusaron de intentar introducir 800 toneladas de cocaína en su país y los llevaron presos a Nueva York.

Asimismo, la Asamblea pidió a la Fiscalía General de la República y a la Contraloría General de la República que dictaminen si hay mérito para juzgar a Padrino, porque “la droga salió por el hangar presidencial” que “es custodiado por la Fuerza Armada”, afirmó el diputado Ismael García durante el debate.

El pedido a los organismos de acusación y control alcanza también al empresario William Ruperti, porque “aportó veinte millones de dólares para la defensa” del juicio a los sobrinos “con dinero de PDVSA”, la petrolera estatal venezolana, según García, quien también pidió la creación de una comisión parlamentaria para investigar el caso.

Más temprano, la canciller, Delcy Rodríguez, dijo que demandaría al ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles, quien publicó en su cuenta de Twitter fotografías de supuestos pasaportes diplomáticos a nombre de Campos Flores y Flores de Freitas.

A juicio de la funcionaria, Capriles “miente fraudulentamente y delinque nuevamente al falsificar documento público para engañar a la opinión pública”.

“En mi condición de canciller lo demandaré ante los tribunales competentes para que responda por esta falsificación de documento público”, agregó Rodríguez.