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Sí a la ley de Justicia Penal Juvenil, no a bajar la edad de imputabilidad - Edición Impresa - Política | Economía Política

Postura de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe

Sí a la ley de Justicia Penal Juvenil, no a bajar la edad de imputabilidad

Analía Colombo expresó su preocupación por el enfoque adoptado en la discusión. Advirtió que se inició el debate por el final.

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La detención de menores y su imputabilidad en el eje de la polémica tras el anuncio del ministro Garavano de convocar a una comisión para discutir el tema. Foto: Archivo El Litoral

 

De la redacción de El Litoral

politica@ellitoral.com

“Comenzar por el final no es la solución. No a la baja de la edad de imputabilidad”, afirmó la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe al fijar postura acerca de la decisión del gobierno nacional de convocar a una comisión de expertos para elaborar un anteproyecto sobre la materia.

La Defensoría a cargo de Analía Colombo manifestó “su preocupación por el enfoque en la discusión de un tema tan importante en la agenda pública y política como es la imputabilidad de jóvenes en conflicto con la ley. Entendemos que es necesario avanzar en la aprobación de una ley de Justicia Penal Juvenil, pero que no disminuya la edad de imputabilidad. Reducir la discusión sobre la inseguridad a la edad en que se deberían aplicar penas a los jóvenes es -cuanto menos-, simplista”, afirmó.

Es más, para la defensora santafesina “la restricción de la libertad personal (y más aún de un joven) en los contextos de encierro hoy vigentes, profundiza las vulneraciones de derechos y está lejos de solucionar el problema que socialmente se reclama: la inseguridad”.

Colombo reconoce que “es innegable la responsabilidad que se debe asumir en avanzar hacia una adecuación normativa compatible y en línea con los nuevos paradigmas de protección integral que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, garantizando el acceso a la justicia y dejando como sanción excepcional (sólo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal”. Justifica esto en las estadísticas que señala que “los principales motivos por los que ingresan los adolescentes a instituciones cerradas del sistema penal juvenil responden a delitos contra la propiedad, representando éstos alrededor del 60%; mientras que los delitos cometidos contra las personas rondan sólo el 15%. Asimismo, el porcentaje de jóvenes menores de 16 años que cometen un delito es ínfimo en comparación con el total de actos delictivos”.

Un sistema en manos de adultos

Aclara que está “en contra de las simplificaciones y estigmatizaciones que hacen que la inequidad de un sistema que está en manos de personas adultas recaiga en culpabilizar a quienes se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad”. Precisa que “hablar de bajar la edad de imputabilidad penal que actualmente, desde el retorno de la democracia, se sitúa en los 16 años de edad conduce en general al planteo de antinomias que es necesario trascender, como aquella que plantea que lo ‘no punible’ es sinónimo de ‘impunidad’. Y esto es, precisamente, ver el final”.

La propuesta de la Defensoría “es dar un debate sobre los jóvenes que comience por el principio. Por el principio de la historia y por el principio del rol del Estado. Un Estado presente desde la primera infancia, donde deberían verse fortalecidos los sistemas de protección integral para garantizar a niñas, niños, adolescentes, familias y sus comunidades derechos humanos fundamentales: una buena calidad de vida, el respeto a su identidad, el acceso a la atención integral de su salud en igualdad de oportunidades, el acceso a la educación pública y gratuita atendiendo a su desarrollo integral y orientada a la construcción de la ciudadanía, el derecho a la recreación y el deporte, el derecho a la dignidad y la integridad personal y a no sufrir ningún tipo de discriminación”.

El dato

Consenso

  • Para Colombo, “resulta indispensable en un tema central para la vida en sociedad, como es la modificación de un régimen penal vinculado con juventudes, generar los espacios de reflexión y los consensos necesarios que incluyan una mirada integral, tanto del origen y prevención del delito como de la reparación de sus consecuencias”.

60%

de menores bajo sistema penal juvenil

es por delitos contra la propiedad.

15%

de menores bajo sistema penal juvenil

es por delitos contra las personas.

Piden habilitar la discusión

  • Mediante un comunicado, los diputados Sergio Massa (UNA) y Margarita Stolbizer (Gen) pidieron “que el presidente convoque a sesión extraordinaria en febrero para discutir una política de Estado sobre el régimen de responsabilidad penal juvenil”.

“Fui el primero en plantear la necesidad de la baja de la edad de imputabilidad y agradezco al gobierno que tome nuestra iniciativa para empezar a resolver este flagelo. Pero tanto yo como Margarita estamos convencidos de que la baja de edad sola es, sin duda, un golpe de efecto que no resuelve el problema”, declaró Massa.

Stolbizer destacó que es “necesario pensar en la integralidad de la política, empezando por reformular el sistema educativo, la escuela secundaria y la atención efectiva de las adicciones como un problema de salud pública. Trabajamos para encontrar un sistema de responsabilidad penal juvenil que anticipe y evite la multiplicación de las víctimas”, agregó.

Garavano insiste con dialogar

  • El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, insistió en la necesidad de realizar una reforma del sistema penal al destacar que “Argentina es uno de los países con mayores niveles de impunidad de la región y del mundo” así como discutir el tema de edad de la imputabilidad. Adelantó que mantendrá un encuentro con Sergio Massa, y con Margarita Stolbizer, con quienes buscará arribar a consensos sobre estas cuestiones, teniendo en cuenta que “no son cosas que se resuelven en un minuto o en diez días. Es necesario hacer una reforma profunda del sistema. Argentina es uno de los países con mayores niveles de impunidad de la región y del mundo. Cuando se analiza la cantidad de hechos con relación a la cantidad de personas condenadas, el número es menor al 1 por ciento”, precisó el funcionario.


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