Qué argumentó el Ejecutivo para hacer caducar el servicio
Monticas: “deficiencias” verificadas a destiempo
Ivana Fux
La muerte de trece personas tras el accidente en la Ruta 33 el último 24 de febrero tras colisionar dos coches de la empresa Monticas motivó, una semana después, la decisión política de quitarle la concesión a la empresa para los trayectos que cumplían en ese corredor del sur provincial.
El decreto que establece la caducidad es el Nro. 367, y sus considerandos sorprenden. El texto incluye como argumento de la decisión las “constataciones realizadas por el personal de inspección” de la propia Subsecretaría de Transporte, que verificó “reiterados incumplimientos a la normativa vigente”, y “deficiencias en la prestación de todos los servicios de la empresa”. Y se menciona: “Incumplimiento de servicios y horarios, utilización de unidades no matriculadas, y problemas de funcionamiento de las unidades en cuanto a confort y estado, en general, del coche”. Párrafo seguido, el decreto sostiene que la misma Subsecretaría de Transporte “ha tomado conocimiento de denuncias de usuarios, de las que surge mayoritariamente, que el motivo de la queja está relacionado con la mala prestación de los servicios (horarios, confort, cumplimiento diario)”.
Finalmente, se argumenta que “desde el día 27 de febrero de 2017 se ha constatado la no prestación de los servicios por parte de la empresa Monticas, conforme surge de las actas labradas por los inspectores”.
Anacrónico
¿Cuándo verificó y constató la Subsecretaría de Transporte la “deficiente” prestación del servicio por parte de Monticas? No es posible pensar que los inspectores -apenas 36 para toda la provincia- actuaron sobre el hecho consumado. Las actas corroboraron los incumplimientos múltiples y hasta la utilización de unidades “no matriculadas y con problemas de funcionamiento”, tal como lo habían advertido los usuarios en innumerables oportunidades. Quejas que, paradójicamente, también fueron recogidas por los considerandos del decreto. También lo habían señalado legisladores de diferentes bancadas en reiteradas ocasiones.
Si las actas y la constatación de la deplorable prestación fue anterior al accidente, lo que se dio a destiempo fue la decisión política de quitarle a la empresa el permiso para la prestación. Si fueron posteriores, tornaría el accionar aún más perverso. En cualquier caso, una afrenta a los familiares de las víctimas.
El decreto, que quita la concesión a Monticas, lleva la firma del gobernador y de un solo ministro: el de Infraestructura, José Garibay. Ayer, el desplazamiento que se anunció fue el del subsecretario de Transporte de la provincia, Gustavo Peirano.
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