El pueblo que tiene un solo policía

Destierro y fianza por las amenazas de Loma Alta

La Justicia le concedió la libertad bajo promesa jurada a un productor agropecuario y su hijo de 25 años, acusados por graves amenazas contra la presidente comunal. Una intimación por el pago de la tasa rural detonó un viejo conflicto político. El abogado de los imputados puso en duda el hecho y sostuvo que es palabra contra palabra.

Juliano Salierno

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“Estoy un poco sorprendida, no sé si era lo que esperábamos, pero espero que se cumpla, para mi tranquilidad y la de mi familia”, declaró Natalia Soledad Alderete, la presidente comunal de Loma Alta, a partir de la decisión judicial mediante la cual sus agresores deberán abandonar el pueblo. Si bien recuperaron la libertad, el productor rural de 54 años Edgardo Appendino y su hijo Lucas de 25, deberán cumplir dos requisitos fundamentales: mudarse de pueblo y cubrir una fianza de $ 100.000 cada uno.

Ambos fueron detenidos la semana pasada, acusados de ingresar de manera violenta a las oficinas de la comuna para agredir y amenazar con un arma de fuego a su titular, a raíz de una intimación reciente por el no pago de la tasa inmobiliaria rural. El fiscal del departamento San Jerónimo, Carlos Lacuadra, solicitó ayer la prisión preventiva para los Appendino, pero el abogado defensor de los imputados, el Dr. Sergio Saucedo, cuestionó la falta de testigos directos que acrediten lo ocurrido, por lo que pidió la libertad para sus pupilos y alternativas a la restricción de sus libertades.

La audiencia estuvo a cargo del juez de la investigación penal preparatoria (IPP), Héctor Candioti, quien tras el debate ordenó liberar a padre e hijo, aunque impuso estrictas medidas de distancia que garanticen el normal desarrollo de proceso. Gerardo y Lucas Appendino debieron fijar un nuevo domicilio en la ciudad de Gálvez, ubicada a 10 km de Loma Alta, donde vive un familiar; deberán presentarse de manera quincenal ante la autoridad policial; y quedaron al cuidado de su esposa y madre quien aceptó oficiar de guardadora. Pero sin dudas la imposición principal fue la “prohibición de ingreso a la localidad” de Loma Alta; así como el pago de una fianza de 100.000 pesos cada uno, que habría sido cubierta con una propiedad.

“Te va a costar caro”

Ambos fueron acusados por el delito de “coacción agravada” por ser la víctima “un funcionario del Estado” y “por el uso de arma de fuego”, ocurrido el jueves 27 de abril a las 12.30 en las instalaciones de la comuna. “Estabamos con la secretaria, yo en mi oficina y ella guardando las cosas para retirarnos porque eran aproximadamente las 12.30” del jueves, explicó Alderete todavía impactada por el episodio. En eso llegaron los Appendino que “se anuncian con la secretaria que les pidió que aguarden” pero “no dejaron que me llamara y me desayuné con ellos adentro de mi oficina porque no esperaron”.

“Trabaron las puertas, el mayor me gritaba, los dos me insultaban. Me agarraron del cuello me llevaron a un rincón y me golpearon fuertemente contra la pared. El mayor sacó de la cintura un arma, me puso la pistola en el pecho y me empezó a decir lo que se le venía a la boca. Insultos, que no le mandara ni le cobrara más nada, que la dejara pasar”, en relación a la última intimación de pago de los impuestos realizada el pasado 10 de abril por un monto que no supera los $ 15.000.

“En un momento le pido una explicación de lo que estaban haciendo y entre carcajadas me dice: ‘sos una hija de p...; No te das cuenta a lo que vinimos?'”. Entonces “me pone el arma en la cabeza saca el seguro y me dice: ‘Te dije que te quedés piola, que no mandés abogados, ni a la policía, porque te va a costar caro'”.

Bajo fianza

Después abandonaron el lugar, al parecer en una camioneta. Afortunadamente a la secretaria, que atraviesa un embarazo avanzado, “no la agredieron” pero “pasó por una situación de nervios” y “salió a pedir ayuda”, refirió la víctima. Por esos hechos padre e hijo, fueron apresados e imputados en los tribunales locales.

Ayer, tras la audiencia donde tuvo tratamiento la medida cautelar, el abogado Saucedo confirmó que “se resolvió la libertad a las 11 de la mañana” y una hora después “la familia cubrió la fianza” que dispuso el juez Candioti.

Sobre la imputación, el abogado dijo que “el arma que se utilizó (un calibre 32) resultó ser inidónea” dado que “la pericial balística dijo que no funciona”, entonces se quitó la calificación “por uso de arma de fuego” y “se cambió o quedó sólo el agravante de haber atacado a un miembro del poder público. Ése fue el esbozo de mi defensa”, explicó.

Saucedo también puso en duda el relato de la víctima, atento que “los dichos solamente son de la denunciante; no hay testigos directos de la amenaza”, destacó. Y refirió que después de lo ocurrido el pueblo “es una romería de comentarios y trascendidos” y aunque negó un “conflicto previo” entre vecinos, adujo que el cruce tiene un “trasfondo que es político”.