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Niñez: “Cuando se llega a la medida excepcional es que falló la protección” - Política | Economía Política

ANALÍA COLOMBO, DEFENSORA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Niñez: “Cuando se llega a la medida excepcional es que falló la protección”

Alude a la Ley 12.967 de Promoción y Protección integral de la Niñez. Advierte que desde que inició su primer mandato aumentaron los casos de vulneración de derechos, sobre todo por hechos de violencia intrafamiliar, y que en esta nueva etapa pondrá la lupa en la Justicia penal juvenil. Aún con críticas, destacó todo lo hecho en la provincia.

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“Todos sabemos que la privación de la libertad no es ninguna solución”, sostuvo Analía Colombo en relación con el -por ahora- fallido proyecto nacional de bajar la edad de imputabilidad. Foto: Flavio Raina

 

Nancy Balza

nbalza@ellitoral.com

El 4 de mayo, Analía Colombo juró ante la Asamblea Legislativa por un segundo mandato al frente de la Defensoría General de Niños, Niñas y Adolescentes y, pocos días después, en diálogo con El Litoral anticipó cuáles serán las metas en esta nueva etapa: reforzar las herramientas defensoriales y territorializar el trabajo con una boca de atención propia en cada uno de los cinco nodos para llegar fuertemente con la promoción de derechos, e insistir en la creación de servicios locales -al menos en las dos ciudades principales- y en el trabajo de protección “para evitar que se llegue a la aplicación del artículo 58”. El artículo al que alude y al que vuelve varias veces en la charla es el que establece medidas de protección excepcional en el marco de la Ley 12.967 de Promoción y Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ésa es una de las normas por la que se rige la cartera a su cargo, junto con la 10.396 de creación de la Defensoría del Pueblo.

“Todo me preocupa, pero lo que voy a poner como agenda es que trabajemos en protección y no lleguemos al 58”, insiste en la charla que transcurrió en la recién estrenada oficina del tercer piso de Eva Perón 2726, donde funciona la Defensoría.

La posibilidad de contar con un espacio propio responde a una necesidad concreta: “Los casos aumentan mucho y necesitamos un lugar donde atender a la gente”, explica Colombo. Y para graficar a qué casos se refiere y desde cuándo se observa ese aumento, precisa que en 2012 -cuando asumió el primer mandato- fueron 260 las intervenciones, “el mayor porcentaje por vulneración a los derechos de integridad física y psíquica de niños”. En esa línea viene creciendo la demanda de intervención: “Como causal de esa vulneración de derecho estimamos el aumento de las violencias en todas sus manifestaciones, la mayoría en el seno familiar que es la más difícil de detectar”.

Si bien los “casos” fueron aumentando, Colombo señala que la zona norte y la zona sur de la provincia tienen lógicas territoriales diferentes y hay casuísticas distintas. “En el norte se observa mayor vulneración de los derechos de las niñas y abuso sexual de chicas muy pequeñas, lo que va de la mano de una alta suba del embarazo adolescente”. En ese marco, uno de los ejes fuertes de trabajo en la Red de Defensorías del Pueblo de Niñez que coordina, fue hacer campañas de concientización y sensibilización sobre el embarazo adolescente que, “en un 80 ó 90 % de los casos, son no deseados y resultan producto de abuso sexual intrafamiliar”.

En el centro-sur el problema central es la violencia y el consumo problemático de sustancias, “sobre el que también trabajamos el año pasado en un documento base, con un abordaje integral que tiene la mirada puesta en el niño y no en la sustancia”.

—¿La Defensoría tiene poder sancionatorio, de control, de estadística?

—Por ley tenemos facultades de supervisión y control de las políticas públicas, exclusivamente del Poder Ejecutivo. Nos comprenden dos leyes: la 12.967 de Promoción y Protección integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la 10.396 de Defensoría del Pueblo. Esa ley nos excluye expresamente de controlar al Poder Judicial y al Legislativo; sólo podemos hacerlo con el Ejecutivo en políticas públicas de infancia, por ejemplo, en desarrollo social, educación, trabajo y salud. Dentro de esas facultades de supervisión y control, la máxima herramienta es la de hacer recomendaciones y citación de funcionarios. Pero no tenemos facultades sancionatorias como los jueces. Sí se dice que los ombudsman tienen una “magistratura de opinión” y tienenque tratar de que sus recomendaciones sean tales que la política pública cambie.

POLÍTICAS DE NIÑEZ

Desde el año 2013 se trabaja junto a Unicef Argentina en el Observatorio que ya publicó dos informes: “Hacemos estadística, cuantificamos y medimos no solamente la población de niñas y niños en Santa Fe, cómo se distribuyen y cuáles son sus necesidades. También trabajamos sobre niñas y niños dentro del sistema de protección, Justicia penal juvenil, inversión social en la infancia y medios de comunicación”. En este último caso se releva cómo se manejan los medios cuando se refieren a una noticia de niños, niñas y adolescentes; “de ahí surgió que el 80 % de las noticias que refieren a niños son negativas y se ocupan de cuando un niño es infractor a la ley penal o es abusado sexualmente, o se lo revictimiza y se vulnera su derecho a la identidad. Son cuestiones culturales que tenemos que seguir trabajando todo el tiempo”.

—Cuando se monitoreó la inversión en políticas de niñez, ¿con qué se encontraron?

—Nos encontramos con que hay mucha inversión social en materia de niñez; de toda la inversión del Estado provincial, el 70 % del presupuesto va dirigido a niñez en forma directa. Lo que sucede es que de ese total, más de un 80 % se lo lleva educación. Está muy bien, pero a Protección que involucra a unos 1.000 chicos de Santa Fe, se destina menos del 2 % y es donde hay más problemas. Además, la Subsecretaría tiene una falla muy grande y es que no cuenta con un sistema de información adecuado: cuando no se tiene un legajo único por niño o por joven, no se saben cuáles son las intervenciones que se hicieron ni qué medidas se tomaron.

JUSTICIA PENAL JUVENIL

Otro de los temas que preocupa es el de la Justicia penal juvenil: “El joven cumple la mayoría de edad a los 18 años pero sigue siendo joven, no se lo puede mandar a una cárcel de adultos porque no lo es a los 18 y un día. Tendría que haber un programa que prevea una transición. Es una recomendación que va a hacer la Defensoría y para eso ya estamos terminando el próximo monitoreo”.

—¿Es escuchada esa opinión?

—En muchos casos sí, somos muy insistentes. Decimos que la forma de incidir en políticas públicas tiene que ser sistemática y sostenida porque con una recomendación no es suficiente. En esta segunda etapa vamos a intentar hacer mayor uso de nuestras herramientas defensoriales para incidir de otra manera. Porque vemos que en algunas cosas somos escuchados y en otras la política pública de infancia sigue siendo insuficiente.

—¿Por ejemplo, en qué?

—En Justicia penal juvenil, por ejemplo. Es un tema clave, sobre todo ahora que se ha abierto el debate a nivel nacional. Es clave porque un joven no llega a los 16 años a delinquir por magia, sino porque hasta ese momento hubo un Estado deficiente, no hubo una buena política pública en la primera infancia, no hubo un seguimiento en la familia, ni alimentación, ni salud, ni cuidado. Nos acordamos de ese joven cuando llega a los 16 años y en lo único que pensamos es en bajar la edad de imputabilidad. Todos los que circulamos por esos lugares sabemos que la privación de la libertad no es ninguna solución. El Estado tiene que estar presente, y eso requiere mayor presupuesto y mayor cantidad de recursos.

En febrero, Colombo participó de la mesa de trabajo que a ese fin convocó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que, luego de varias reuniones, descartó la propuesta de bajar la edad de imputabilidad impulsada por el gobierno nacional. “El 90 % nos opusimos y había representantes de todos los sectores”. Estamos hablando de dónde tiene que estar la política pública del Estado cuando tiene que estar. No critico cómo se utiliza el presupuesto porque no soy gobernadora ni presidente, pero si se habla de políticas públicas sociales, se tiene que mirar a los niños. Hay que poner más plata en las escuelas, en la salud y en tener servicios locales que no hay en Santa Fe”.

En este punto, advierte que los servicios locales de promoción y protección de derechos están indicados en el artículo 30 de la Ley 12.967. “Me dicen que hay 152 servicios locales porque hay esa cifra de convenios”, concepto que la funcionaria no comparte. “Un servicio local tiene apoyo provincial y brinda el primer nivel de atención; el ejemplo clásico es el niño que está en la calle. Tiene que tener un teléfono para hablar con el centro de salud y con la escuela y si todo eso se trabaja territorialmente y fracasa, recién interviene la Subsecretaría (de Niñez) para tomar una medida. Hoy, como eso no existe, todo el tiempo se toman medidas y se llenan los centros residenciales cuando la solución es el territorio”.

 
  • Desde la Red de Niñez y Adolescencia de todo el país, que coordino, estamos tratando de concientizar a otras provincias porque creemos que Santa Fe, a pesar de las críticas -y quiero seguir criticando para mejorar- tiene mucho trabajo hecho”.

Analía Colombo.

CONTACTO

En Santa Fe: Eva Perón 2726, Tel. (0342) 4572693. En Rosario: Italia 321, Tel. (0341) 4721587/88/89. E-mail: info@defensorianna.gob.ar.

missing image file“Si se habla de políticas públicas sociales, se tiene que mirar a los niños”, advierte la defensora, que va por su segundo mandato.

Foto: Flavio Raina

VULNERACIONES

En 2014 la mayoría de los casos atendidos en la delegación Santa Fe de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes estuvieron relacionados con la situación familiar (37,9 %), violencia (22,4 %) y ambiente y salud (14,8 %). En tanto que entre las atenciones relacionadas específicamente con violencia, la mayoría (22,1 %) fue por abuso sexual y una cifra similar por maltrato, un 18,9 % recibió atención por falta de cuidados parentales y un 16,4 % por violencia familiar, entre otros indicadores contenidos en el informe 2015 del Observatorio de los derechos de la niñez y la adolescencia.



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