Cambios de posición en el PJ
Narcomenudeo: el debate en Senadores que no fue
La adhesión a la Ley Nacional 26.052 se votó por unanimidad. Nadie votó la negativa, pero hubo cinco senadores que se abstuvieron. Aquí sus argumentos.
Metáforas. Unos hablan de cortar los tentáculos al pulpo del narcotráfico; otros, del peligro de privar a los investigadores de la punta del ovillo.
Foto: Archivo El Litoral
Luis Rodrigo
En menos de dos años, cambiaron de posición cuatro de los once senadores que componen el bloque de la mayoría en la Cámara Alta, respecto de la desfederalización del narcomenudeo.
Era una de las banderas más firmes del PJ en el Senado, pero han aparecido dudas “a la luz de los hechos”, de acuerdo con los argumentos que se presentan a continuación.
El jueves pasado, durante la última sesión de prórroga del período ordinario, al cabo de una tarde que mostró fuertes acuerdos políticos entre el oficialismo y la oposición en ambas Cámaras, el Senado votó otra vez la adhesión a la Ley Nacional 26.052.
Esa norma permite a las provincias dictar leyes que quiten de la competencia federal el llamado narcomenudeo, es decir, el último eslabón de la cadena de delitos del narcotráfico. El criterio es que si del tema se ocupan fiscales y jueces provinciales habrá mucha más labor que hoy.
Actualmente, 6 ó 7 jueces y fiscales federales tienen competencia sobre todos los delitos de tráfico de drogas. De pasar a la provincia, serían 147 fiscales y más de 40 jueces penales de primera instancia.
Sorpresas
A nadie sorprendió la abstención de Emilio Jatón (PS-La Capital), en concordancia con la posición de la Casa Gris. Sí, en cambio, llamó la atención que Rubén Pirola (Las Colonias), Alcides Calvo (Castellanos), Danilo Capitani (San Jerónimo) y sobre todo Armando Traferri (San Lorenzo) decidieran no votar.
De acuerdo con lo que el jefe de la bancada del justicialismo expresó a El Litoral, buena parte de su cambio de posición proviene de haber conversado mucho, durante la campaña electoral, con la ahora diputada nacional por Santa Fe, Alejandra Rodenas, ex jueza penal. También con el titular de la bancada del peronismo en el Senado de la Nación, Miguel Ángel Pichetto.
Las posiciones que más adelante se comentan pretenden sintetizar qué piensan los justicialistas que cambiaron de posición. Provienen de un borrador de discurso que no llegó al recinto (para no caldear aún más los ánimos en la bancada).
Las objeciones que se formulan son numerosas, aún si se dejan de lado las interesantes consideraciones respecto de la constitucionalidad o no de la Ley Nacional 26.052. Son los aspectos prácticos y las experiencias en otras provincias los elementos que más han sopesado los legisladores que ahora se abstuvieron.
“Un artificio”
Un punto central es que diferenciar narcomenudeo de narcotráfico a secas es crear “un corte artificial” en el ilícito. Y se sostiene que las “zonas grises” que genera la convivencia de la competencia federal con la provincial suele ser una buena guarida para burlar la ley.
Al establecer una autoridad para la persecución del narcomenudeo y otra para el narcotráfico a gran escala desdobla artificialmente la actividad delictiva complicando su persecución. En ese sentido, se cita al fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez que explica que “una investigación fragmentada corre el riesgo de no comprender” la totalidad del caso de narcotráfico para atacar las causas del problema.
¿Más poder a la policía?
De la mano de las zonas grises de la ley, producto de que en la realidad no existe una división tajante entre narcomenudeo y narcocriminalidad, “se dan mayores competencias a la policía provincial”, señalan con preocupación quienes objetan el proyecto.
Recuerdan que es la fuerza provincial la primera que interviene en el inicio de gran parte de las investigaciones que luego se judicializan.
Con los cuestionamientos que hoy existen sobre esa fuerza, se cuestiona si es adecuado transferirle más poder a la policía provincial, con el riesgo de “generar cajas negras”.
Tampoco hay confianza en que el Ministerio Público de la Acusación y sus fiscales, en plena formación, puedan hacerse cargo de esta tarea, sobre la que no tienen experiencia.
Del debate del año 2005 en el Congreso de la Nación, que terminó con la sanción de la ley citada, recuerdan la advertencia de la ex diputada nacional Marcela Rodríguez: “Cualquier meritorio de un juzgado sabe que esta ley no va a funcionar (...) esta norma tiene como fin abrirle una nueva caja a la policía bonaerense”. Destacan que en el mismo sentido se expresó luego, como senador nacional, Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe) al reclamar la derogación de la norma. (Ver aparte).
“Perejiles”
La Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación realizó un balance, a diez años de la vigencia de la Ley 26.052. Puso el foco en la provincia de Buenos Aires, que impulsó la norma nacional y sostuvo que “por la vaguedad de sus condiciones y por la prevalencia que otorga a los agentes provinciales en la determinación de la competencia, la ley vigente ha afectado de forma notoria la persecución penal de los ilícitos más graves previstos en la Ley de Estupefacientes”.
Subraya que en esa provincia “hubo una continua merma en la calidad y la cantidad” de las causas iniciadas.
Más narcomenudeo, menos causas por figuras como “comercio agravado, almacenamiento, organización y financiamiento de tráfico, transporte de estupefacientes y la participación en ellos de funcionarios públicos (policías)”.
Último eslabón
Los partidarios de que la Justicia Provincial asuma la responsabilidad de la persecución penal del narcomenudeo, a través de sus 147 fiscales provinciales, advierten que en la mayor parte del extenso territorio santafesino los fiscales federales están a cientos de kilómetros.
Así, describen al narcotráfico como un pulpo al que -con un ataque a cada punto de venta en el interior de la Provincia, aún en los lugares menos urbanizados- se puede “cortarle los tentáculos”.
Otra figura sirve a quienes piensan, por el contrario, que la desfederalización del narcomenudeo hará perder tiempo y recursos para perseguir al pulpo. En el borrador de quienes se abstuvieron, se dice que dividir las competencias de la persecución puede hacer perder “la punta del ovillo” de una investigación que permita llegar hasta el otro extremo de la madeja, a la cabeza de las organizaciones narcocriminales.
Abstenciones
Cuatro legisladores del PJ habían votado en favor de la desfederalización del narcomenudeo en dos oportunidades. En septiembre de 2013 y junio de 2014. Ahora, Rubén Pirola (Las Colonias), Danilo Capitani (San Jerónimo), Alcides Calvo (Castellanos) y Armando Traferri (San Lorenzo), el presidente del bloque y de la Comisión de Seguridad, prefirieron la abstención. El mismo camino tomó Emilio Jatón (PS-La Capital).
Planteos por inconstitucionalidad
Entre los argumentos de los senadores que optaron por la abstención frente a la Ley de Narcomenudeo (que antes habían apoyado) abunda la argumentación en favor de considerar inconstitucional la Ley 26.052.
Se cita un proyecto del ex senador nacional por Santa Fe, Rubén Giustiniani del Socialismo (hoy diputado provincial) y, por otro lado, de los justicialistas Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Abal Medina y Pedro Gustavino, también para derribar aquella norma que permite desfederalizar dicho delito.
Recuerda que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón declaró inconstitucional la norma. Señala que Daniel Erbetta, miembro de la Corte santafesina, junto a Gustavo Daniel Franceschetti, se ha expresado en el mismo sentido: contra la desfederalización, en diversos artículos periodísticos.
Cita a Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Interamericana de Justicia: “Creo que hay delitos federales y delitos ordinarios. Nunca he visto un delito que se convierta en ordinario según la provincia quiera o no”. Y detalla que en la Reunión de los Superiores Tribunales y Cortes de la Región Centro se recomendó no seguir ese camino.
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