Documento de diputados del PJ santafesino
Contra Bonadio y por Cristina
Redacción de El Litoral
El interbloque de diputados PJ de la Cámara Baja santafesina expresó el rechazo y la profunda preocupación “ante el violento ataque a la democracia y sus representantes perpetrado por un sector del Poder Judicial de la Nación que, abandonando la defensa de los derechos de la ciudadanía y sus instituciones ha decidido funcionar como brazo operativo del presidente Macri”
La declaración lleva las firmas de Héctor Cavallero, Roberto Mirabella, Silvia Simoncini, Germán Bacarella, Patricia Chialvo y Leandro Busatto y dicen asistir “a diario al modo en que, desde el Poder Judicial en sintonía absoluta con los deseos del Ejecutivo, se estigmatiza, persigue y amenaza a diversos dirigentes políticos, sindicales o sociales que alzan la voz contra el brutal ajuste al que está siendo sometido nuestro pueblo”.
Más adelante cuestionan el rol de los medios y hablan del circo mediático “en el que están convirtiendo a la justicia y a la política” y entienden que “de esta manera se intenta invisibilizar que el gobierno ha decidido avanzar con un paquete de leyes que atenta contra los intereses de los jubilados, trabajadores, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y contra el pueblo en su conjunto, en una clara transferencia de ingresos desde los sectores asalariados hacia los grupos económicos concentrados”.
Para los diputados del PJ, “contra toda racionalidad jurídica, el juez Bonadio ha quebrantado las más elementales garantías constitucionales y procesales, al judicializar una ley votada por el Congreso de la Nación. Por eso, nos vemos en la necesidad de alertar que en la Argentina peligra el Estado de Derecho.
Esta embestida del gobierno a través de su brazo judicial apunta a deslegitimar a cualquiera que se oponga a su plan de ajuste. Buscan una oposición vacía y amigable que haga la vista gorda, levante la mano y apruebe con justificaciones vergonzosas la reforma laboral, previsional e impositiva que necesita el Ejecutivo. De otra manera, no podrían cumplir con las indicaciones del Fondo Monetario Internacional ni pagar los intereses de la monumental deuda que están contrayendo, hipotecando el presente y el futuro de los argentinos”.
Por último, consideran que “el pedido de prisión preventiva contra la ex presidente es un hecho grave de persecución política. Es un claro intento de disciplinamiento y una muestra clara de cómo actúa el Ejecutivo ante las voces opositoras. Pero lo más grave es que no es un hecho aislado sino parte de un modus operandi que viene llevando a cabo el gobierno de Macri y al que debemos oponernos en defensa de la democracia”.
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