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ASSA tendrá a su cargo la operación y administración del sistema de acueductos - Edición Impresa - Política | Economía Política

Diputados avaló un mensaje del Poder Ejecutivo

ASSA tendrá a su cargo la operación y administración del sistema de acueductos

La discusión legislativa se dio sobre la obligatoriedad de adhesión de municipios y comunas servidos por el sistema. La coparticipación como garantía del pago del agua.

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La toma del acueducto Desvío Arijón que ya puede proveer de agua potable a Santo Tomé y Sauce Viejo. La ley le transfiere la operación del sistema a ASSA. Foto: El Litoral

 

Mario Cáffaro

mcaffaro@ellitoral.com

Por unanimidad en general, con votos negativos en algunos artículos, y después de un interesante debate en el recinto, la Cámara de Diputados votó y giró en revisión al Senado un mensaje del Poder Ejecutivo que determina el régimen provincial de operación y administración de los acueductos. En los hechos la obligatoriedad de adherir al sistema de todas las localidades por donde pasa el sistema y la garantía de la coparticipación para el cobro del servicio fueron aspectos que dividieron posiciones.

El mensaje llegó además con dictámenes de tres comisiones que desde julio vienen analizando la cuestión. La primera fue la de Obras y Servicios Públicos y las últimas fueron Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.

La ley autoriza al Poder Ejecutivo a delegar en Aguas Santafesina Sociedad Anónima (ASSA) toda la operación, mantenimiento, administración y explotación del sistema de acueductos, construcción habilitada por el llamado ‘Programa de Grandes Acueductos de la provincia” creado por la ley 12.668.

Los municipios y comunas incluidos en la traza del programa se incorporarán al programa mediante convenios de vinculación donde se determinarán las condiciones particulares del servicio para cada localidad. Uno de los puntos de discusión era la obligatoriedad de adhesión, cuestión aliviada en la norma a condición de que la prestación que tenga esa localidad tenga el agua de calidad necesaria fijada por el Enress. El órgano regulador tendrá a su cargo el poder de policía tanto en materia de regulación y control de calidad como en materia tarifaria.

La norma además deja en manos del Poder Ejecutivo la estructura, procedimiento y régimen tarifario para la provisión de agua al sistema. “Su determinación debe reflejar los costos efectivos de prestación del servicio, incluyendo los rubros relativos a toma de agua, potabilización y transporte, basándose en los criterios de horizontalidad y equidad, de manera de resultar única la tarifa para la totalidad de las localidades alcanzadas por el ‘Programa de Grandes Acueductos de la Provincia de Santa Fe’” reza el artículo 7.

Uno de los artículos cuestionados es el que faculta al Poder Ejecutivo a detraer de los montos que les corresponda en concepto de coparticipación de impuestos a municipalidades y comunas, los valores adeudados en concepto de tarifa por la prestación del servicio. Desde el oficialismo se recordó que la cláusula está vigente ya en varios acuerdos con los municipios. “Fue una imposición de los organismos de crédito internacional en los 90 que replicamos ahora hacia abajo” se quejó Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación). “Agregamos que esta detracción nunca podrá poner en riesgo el funcionamiento de ese municipio y esa comuna” había señalado la socialista Clara García

Lo que se dijo

Precisamente la fundamentación del proyecto estuvo a cargo de García. “Hace diez años esta Cámara había votado la Ley de Grandes Acueductos de la Provincia” recordó para luego señalar que desde ese tiempo se han construido 57 plantas potabilizadoras, 110 nuevas perforaciones, 30 nuevas redes de distribución, más de 200 localidades de la provincia mejoraron el servicio de agua potable mientras que otras localidades lo tuvieron por primera vez, admitiendo que aún algunas pocas todavía están privadas de agua de calidad.

“Esta ley nos trae un criterio de solidaridad territorial, ya que plantea un único precio bloque para que todos los ciudadanos tengan costos similares” explicó. Acotó que se agregó un anexo detallado de cómo se determinan estos costos. “Los municipios y comunas son el poder concedente de este servicio, algunos prestados por ellos mismos y otros por cooperativas. Esto requiere un alto grado de seriedad en cuanto al cobro de este recurso, cobro que tendrá sus casos sociales correspondientes en cada localidad. Venimos a dar un buen broche a la ley con un marco de regulación con costos solidarios, equitativos y parejos, de manera que estamos en las puertas de un servicio que consolide el respeto al medio ambiente pero también más calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas”, afirmó.

Héctor Cavallero (Frente Justicialista para la Victoria), Sergio Más Varela (Cambiemos) y el Giustiniani fueron formulando algunas objeciones y mostrando disidencias parciales. En tanto, los radicales Fabián Palo Oliver, Edgardo Martino y Santiago Mascheroni avalaron desde distintos ángulos el proyecto. El primero había ingresado un proyecto propio antes que el propio Poder Ejecutivo y aclaró que la ley es esperada por los municipios y especificó que el Concejo de Santo Tomé discutirá el próximo miércoles la adhesión de esa ciudad al servicio que se prestará desde la toma de Desvío Arijón. Martino, en tanto, les hizo notar que los preopinantes lo hacían desde localidades servidas por ASSA y les puso como ejemplo su ciudad - San Cristóbal- donde el municipio debe operar tres plantas de ósmosis inversa para dotar de agua en bidones a la población. “Estamos esperando los acueductos” les dijo a sus pares.

“Esta ley es necesaria para que el servicio de acueductos de la provincia funcione” aclaró Mascheroni. “Sin esta ley es muy difícil poner en marcha un sistema de parches. Tiene que haber una mirada normativa que abarque a la problemática integral”, añadió. “La obligatoriedad de tomar el servicio tiene un principio de excepción que por razones técnicas y jurídicas, una comunidad puede quedar desobligada de conectarse”, explicó.

Llamó a ponderar las ventajas de llegar con agua de calidad y evitar las plantas de ósmosis inversa y se preguntó quién se hace cargo de los pasivos ambientales que generan los excedentes de esas plantas. Por último, destacó la importancia de los convenios de vinculación sin los cuales la provincia no puede fijar tarifas ni condiciones en cada localidad. “Sin subsidios cruzados el sistema no funciona” aclaró luego y dijo que el sistema hoy así funciona así en las zonas servidas por ASSA.

 

Despidos

El diputado Héctor Cavallero (PPS) repudió la ola de despidos anunciados en la últimas horas en empresas de la provincia. “El plan económico del macrismo y sus consecuencias cierran el año con más de 100 trabajadores en la calle”, dijo y señaló 35 despidos de la fábrica militar de Fray Luis Beltran. 52 en la fábrica Vassalli de Firmat y 25 de la fábrica de quesos La Mucca, ubicada en la localidad de Díaz. “Las políticas económicas de Cambiemos están provocando aquello que tanto se pronosticó”, recalcó.

Adhesión

Diputados sancionó la adhesión de la provincia a la ley Nacional N.º 27.287 que el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. En tanto, dio media sanción a la adhesión a la Nº 27.231 de desarrollo sustentable del sector acuícola que aborda a la actividad como “fuente de alimentación, empleo y generadora de recursos, al tiempo que se plantea el control y fiscalización de esta actividad”, explicó la socialista Inés Bertero al explicar las ventajas de la norma.



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