¿De quién es la soja?

Con el inicio del cronograma de baja escalonada de las retenciones resurgieron los nostálgicos del intervencionismo bobo.

Campoliltoral

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Desde el primero de enero comenzó a regir el esquema de baja gradual de las retenciones a la exportación del complejo oleaginoso y de inmediato se encendieron las críticas, cuando no el uso político para erosionar al gobierno nacional.

A través del decreto 1343/17 se instrumentó una reducción mensual de 0,5% del derecho de exportación vigente sobre el poroto, harina y aceite de soja desde el mes de enero de 2018 hasta diciembre de 2019 inclusive. En el caso del poroto de soja, implica que dentro de un año la retención será de 23,5%, para finalizar el cronograma el último mes de 2019 en 18,0%.

Para la venta del grano, que es lo que el productor debería notar directamente en su bolsillo, implica una mejora mensual -tomando el último valor oficial FOB de u$s360- de u$s1.8 por cada tonelada vendida, ya que la retención aplicada pasa a ser de 106,2 u$s/tonelada en lugar de 108,0 u$s/tonelada.

Esta situación, que dista bastante de ser la ideal, por ejemplo para productores alejados de las zonas de descarga con una altísima participación del flete en los costos y una cotización del grano que perdió frente a la inflación durante el último año, fue vista por el arco opositor -principalmente el kirchnerismo residual- como una “transferencia del Estado a los sojeros” y un golpe a las arcas nacionales.

Una respuesta técnica surgió desde la Bolsa de Rosario, mediante un informe que estimó que, lejos de caer, la recaudación en realidad se incrementaría gracias al mayor cobro de otros impuestos, principalmente Ganancias . “Se compensaría la baja en la recaudación de los DEX en soja (1.039 millones de U$S) y existiría un excedente a favor del fisco nacional, provincial y municipal de 57 millones de U$S”, aseguró Julio Calzada.

A esta altura -aunque sirvan para el debate- huelgan los argumentos técnicos para refutar a los nostálgicos del intervencionismo bobo. Basta con saber que la soja no es un recurso natural ni una propiedad del Estado, sino el fruto de la inversión y el riesgo de un particular, para tener la certeza de que la medida es correcta.