La política en foco

Luis Rodrigo

[email protected]

“Es un dictamen técnico, que no autoriza ni impide el aumento”, se sostiene en el directorio del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios, que el martes próximo perderá su quórum y dejará al Enress con su capacidad de maniobra aún más limitada.

Es verdad que el ente -merced al contrato que iba a durar tres años y ya cumplió once- sigue con su potestad regulatoria legalmente recortada (para el caso de Aguas Santafesinas SA, no para los demás prestadores), pero también es cierto que en términos sociales, por su prestigio, por la seriedad técnica de sus argumentos, el Enress cuenta con una autoridad conferida por la credibilidad pública.

En este último marco, el Enress autorizó el aumento y también lo objetó. Cada uno titula con lo que cree que hace o lo que cree que señala la resolución 120/18 que, sin dudas, le pasa la pelota a la Casa Gris, aunque no se la de tan redonda. Se sabe: después de las audiencias públicas y del dictamen, al Ministerio de Infraestructura le toca patear un penal sin arquero.

El ente regulador que no puede regular tarifas ha dicho que los números no le cierran. Ya lo hizo en 2017 y el resultado fue que el ministerio de Infraestructura siguió adelante con el aumento pedido por Aguas. Esta vez las objeciones merecieron más titulares, el servicio es más caro.

Ahora lo repite y conviene volver sobre sus advertencias: la Gerencia de Administración del Enress advierte que la empresa ya tiene el personal y los medios para prestar el servicio y por ello: “no parecen tener sustento algunos de los gastos operativos tales como: Mantenimiento y Reparaciones (redes; limpieza cloacas; mantenimiento plantas elevadoras y otros; servicio de vallado y balizado; reparación veredas; mantenimiento equipos informáticos); Trabajos y Servicios de Terceros (operación plantas; contratación empresas de servicios eventuales; lectura de medidores; servicios varios para la gestión comercial; corte y reconexión de servicios) y los Honorarios y Retribuciones por Servicios (consultoría técnica y legal; servicios técnicos profesionales y de administración; encuestas comerciales; honorarios sociedad de cobranzas y gastos judiciales)”.

La gerencia de Atención al Usuario dice que “desde 2008 la tarifa se ha ido ajustando progresivamente en porcentajes superiores al incremento de los costos‘ para reducir el déficit que soporta el Estado.

Para el Enress, los costos de operar y mantener los acueductos no deberían cargarse sobre la tarifa de ASSA (porque quienes las pagan no reciben sus beneficios) y sin medias tintas dice que “no es procedente” la intención de la empresa de aumentar el cargo fijo de los usuarios que tienen medidor (a donde la recaudación baja respecto del consumo presunto).

Habrá que ver si el ministro de Infraestructura acepta la única impugnación directa del Ente, que incluso advierte que un cambio de esa naturaleza requiere de la autorización legislativa.

El artículo más duro dice que el Enress resuelve “establecer” que la presentación de Aguas incluye “gastos que no están asociados a costos reales ni eficientes, y no deben ser cubiertos por la tarifa a pagar por los usuarios”.

Como ya se ha dicho, es toda una curiosidad en el mundo de los servicios sanitarios dar con una empresa que debe amortizar el costo de sus inversiones en menos de una década. La original contabilidad recarga gastos por casi $ 98 millones.

Esa es la cifra que más preguntas despierta, y la que indica que la resolución del Enress ha hecho algo bastante más importante que autorizar o no tarifas más caras: ha dicho que no le cierran los números.