La provincia apura el crédito con el Banco Mundial

Carta mandato a Washington

Fue enviada por el gobernador Lifschitz tras la sanción de la Ley 13.751. Son 300 millones de dólares para obras de pavimentación en municipios y comunas de la provincia.

 

Mario Cáffaro

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Sin perder tiempo, el Poder Ejecutivo mandó la semana pasada al Banco Mundial la carta mandato solicitando formalmente una línea de crédito de 300 millones de dólares que destinará a municipios y comunas para encarar obras de pavimentación de calles urbanas y obras complementarias, tal como lo autorizó la Ley 13.751 sancionada el 7 de marzo.

Con la firma del gobernador Miguel Lifschitz, la carta fue enviada esta misma semana y el viernes, el Poder Ejecutivo publicó la ley en el Boletín Oficial.

Tras el envío de la carta se abre una etapa de negociación sobre los términos del crédito que -de acuerdo con la ley- deberá tener un plazo mínimo de amortización de seis años y una tasa no superior a la pagada por Santa Fe a la hora de emitir títulos de deuda externa.

El acuerdo entre Santa Fe y el Banco Mundial tuvo un guiño fuerte durante la visita que el propio Lifschitz realizó a la sede del Banco Mundial en Washington durante diciembre. El gobernador fue acompañado en esa ocasión por legisladores de todo el arco político santafesino para demostrar el apoyo que tenía la toma del crédito. No obstante esa gira, la aprobación de la ley se demoró hasta marzo. En Casa de Gobierno hubo varias consultas desde Washington durante enero y febrero solicitando precisiones sobre el destino de la norma.

En los hechos, la gestión del crédito había sido realizada por el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, y el secretario de Finanzas, Pablo Olivares, quienes viajaron a la reunión del directorio del Banco a la India. Lifschitz cerró el acuerdo acompañado de legisladores.

Además de la gestión final del crédito, el equipo económico abrió el proceso de autorización de la toma del dinero ante el gobierno nacional que debe otorgar el visto bueno final. En Casa de Gobierno se espera que en mayo pueda estar definida la operación y poner en marcha los préstamos a los municipios y comunas.

Los alcances

Según la ley, de esos 300 millones de dólares, una primera partida de 3.143.604.649 pesos se girará en carácter de anticipo a cuenta de las participaciones que les correspondan a cada municipio y comuna por el pago de la deuda de la Nación con Santa Fe como consecuencia de los fallos favorables de la Corte Suprema de Justicia. Los municipios deberán adherir a la ley y expresar su conformidad de recibir ese dinero.

El recurso deberá ser destinado para ejecutar obras de pavimento de calles urbanas y obras complementarias e incluso a programas de obras en proceso de ejecución.

Con el resto del dinero del crédito, se creará una línea de préstamos también para municipios y comunas con los mismos fines y cuya distribución de recursos realizará una comisión de seguimiento que conformarán cuatro legisladores y los ministros de Economía, Saglione, y de Gobierno, Pablo Farías. Cada cámara deberá designar dos representantes.

Barrios populares

Diputados aprobó un proyecto exigiendo que en Santa Fe se garantice el funcionamiento del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) y el Certificado de Vivienda Familiar. Es para que la provincia difunda la modalidad para acceder al certificado y lo acepte para que tanto la EPE como Aguas Santafesinas lo tomen para acreditar existencia y veracidad de un domicilio.

Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), autora del proyecto, explicó que “uno de los elementos que hacen a la integración como vecinos es tener un domicilio reconocido, que sirva a los fines de un trabajo, un trámite ante algún organismo público o para peticionar un servicio”. El año pasado el gobierno nacional creó el Registro Nacional; en Santa Fe hay 333 barrios populares, con una cantidad estimada de 72.000 familias, de las cuales más de 53.000 viven en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Santa Fe.

El decreto nacional define como barrio popular aquellos que se encuentren integrados con un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad ni acceso regular a al menos 2 de los servicios básicos. Establece que el Certificado a ser entregado por la Anses, se considerará un documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar CUIT y/o CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.

Propuesta de Palo Oliver

El diputado Fabián Palo Oliver (UCR) propuso que los fondos que reciba la administración provincial de parte del Estado nacional, en concepto de compensaciones o por cancelación de deudas, sean coparticipados a los municipios y comunas de la provincia. En un proyecto de ley establece que el criterio y proporción de distribución de dichos fondos, deben surgir de la legislación provincial vigente relativa a los tributos que originan las mencionadas transferencias. Dispone que se aplicará este mecanismo aun cuando los instrumentos financieros para generar las transferencias sean títulos públicos u otros acordados entre ambos niveles del Estado.

“Ante la realidad de una disminución de los montos a coparticipar en función de los últimos acuerdos entre los Estados provincial y nacional, es necesario preservar a los municipios y comunas ya que no cuentan con las herramientas que sí tienen otros niveles del Estado para equilibrar sus finanzas. Por ello, ante la puesta en marcha del mecanismo de compensaciones, entendemos que las mismas deben tener el mismo tratamiento que tenían aquellos tributos cuya falta de percepción se busca compensar. En otras palabras, si antes los gobiernos locales recibían un monto determinado en concepto de coparticipación del impuesto a las Ganancias, ante la disminución parcial de dicha percepción, lo recibido por la provincia en compensación por parte del Estado nacional debe ser igualmente coparticipado a los municipios. Estos fondos compensatorios, deben recibir el mismo tratamiento que recibían los recursos que han dejado de percibirse”, explicó el diputado oficialista.