magistrados penales reclaman diálogo entre el Ejecutivo y la Legislatura
Jueces piden centros para tratar adicciones
Una ley de 2017 obligaba a la Casa Gris a crearlos en cada departamento. Hubo veto parcial del Ejecutivo. Resultado: se postergan las respuestas.
Luis Rodrigo
Los jueces penales del sur santafesino expresaron su preocupación por la demora -debido a diferencias entre el Ejecutivo y la Legislatura- respecto de la creación “de instituciones que provean tratamientos ambulatorios e internación para personas que sufren adicciones y consumos problemáticos de sustancias” y están “en conflicto con la ley penal”.
El Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia Interdistrital de la Segunda Circunscripción ingresó a la Cámara de Senadores una nota que señala la “urgente necesidad” de que se produzcan avances en esa dirección.
Los magistrados piden al Poder Ejecutivo y el Legislativo superar sus diferencias y menciona la existencia de la Ley 13.671 que durante años impulsara el senador Eduardo Rosconi (PJ-Caseros), que fue vetada de forma parcial -y con una fórmula propositiva- por el gobernador Miguel Lifschitz, mediante el decreto 417/17.
“La realidad cotidiana de la práctica judicial visibiliza este flagelo que genera inseguridad, al que no se le puede dar respuesta ni solución si no se crean las instituciones adecuadas, específicas, para su abordaje. Se genera así la angustia de familias enteras que ven a sus hijos degradarse y a una sociedad que les teme, sin posibilidades de que el Estado les aporte alguna solución efectiva”, dicen los jueces.
Y agregan: “En muchos casos esta falta de instituciones, y de tratamientos adecuados tomados a tiempo, hacen que dichas personas terminen vinculadas al delito sin otro camino, en ese caso que un encierro carcelario, que lo único que logra es profundizar la problemática, tanto para la persona que cae en el consumo de drogas como para toda la sociedad, por la inseguridad que ello genera”.
De manera salomónica, la nota dirigida a los senadores pide “el tratamiento urgente de las diferencias” entre el proyecto de Rosconi que ambas Cámaras habían votado por unanimidad en diciembre del año pasado, y las objeciones del veto.
De todas formas, el Mensaje 4.654 estará en la agenda de los senadores recién a partir del 1º de mayo, con el inicio del 136º Período Ordinario de Sesiones.
La Casa Gris cuestiona la creación de estos centros en las cabeceras de cada uno de los 19 departamentos, y al vetar parcialmente la norma opta por llevar dichas instituciones a “las localidades donde se hayan detectado, según relevamientos de las autoridades de aplicación, mayores casos de vulnerabilidad y/o riesgos, y que no cuenten con otros dispositivos articulados con la red de cuidados”.
Defensores
Ell Servicio Público Provincial de Defensa Penal reclamó“una política institucional que trate la problemática de las personas con problemas de adicción a estupefacientes”.
Recordó que el 30 de noviembre del año 2017 la Legislatura santafesina creó mediante ley provincial 13.671 los Centros Provinciales de Rehabilitación para personas con Problemas de Adicción. No obstante, el 28 de diciembre del mismo año, el Poder Ejecutivo mediante un veto propositivo -Decreto 4.170/2017- creó los Centros de prevención y abordaje integral de consumos problemáticos y adicciones.
El comunicado advierte que se trata de “una problemática prevista en la Ley Nacional de Salud Mental que especifica la obligación del Estado de garantizar el acceso a la salud en sentido amplio, vinculada además con la problemática del consumo de estupefacientes”.
Como los jueces penales, la defensora provincial Jaquelina Balangione subrayó que es grave “la situación de personas afectadas por el consumo de estupefacientes, la incidencia del consumo entre quienes se encuentran privados de libertad, y la falta de instituciones que aborden la problemática”. Y reclama instituciones con tratamientos ambulatorios “que oficie como red de contención para su defendido, posibilitando la reinserción social”.
Cita datos del Ministerio de Justicia de la Nación, que indican “un 70% de los jóvenes censados sustrajo objetos o dinero del hogar familiar para adquirir sustancias psicoactivas, al tiempo que 9 de cada diez dijeron que fue ese delito el primero que cometieron”.
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