Advierten sobre los efectos en investigaciones

Preocupa en Diputados la demora en el programa de Protección de Testigos

La Cámara pidió al Poder Ejecutivo que acelere la puesta en marcha de la ley que dio origen a ese instrumento. Advertencia de docentes sobre los alcances de un protocolo y la falta de protección.

Mario Cáffaro

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La Cámara de Diputados le pidió al Poder Ejecutivo que acelere la puesta la puesta en marcha de la ley 13.494 que creó el programa provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos y Víctimas. La misma norma creó un fondo provincial de recompensas. La minuta votada solicitó además al gobierno que apure “el despliegue de las herramientas necesarias a su alcance para poner en práctica efectiva y eficientemente el funcionamiento del programa” al que define como “herramienta irremplazable en la protección e integridad psicofísica de víctimas y testigos”.

La iniciativa surgió de la Comisión de Derechos y Garantías y la presentó en el recinto la presidenta de la comisión, Alicia Gutiérrez (SI), acompañada por Inés Bertero (PS) y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación) que vienen trabajando juntas varios temas con víctimas en distintas partes de la provincia.

La ley 34.393 fue sancionada en octubre de 2015 y publicada en diciembre de ese año en el Boletín Oficial de la provincia. “La provincia de Santa Fe ha dado un salto cualitativo en materia de investigación y conjuración criminal con la creación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal” explicó Gutiérrez. Acotó que pese al dictado de esa ley “a la fecha no ha podido completarse la integración del programa de Protección y Acompañamiento de testigos y víctimas. Esta situación pone en riesgo algunas investigaciones penales a causa de que víctimas, familiares y/o testigos, temerosos de represalias prefieren omitir el traslado de su conocimiento a las autoridades por estos motivos. Máxime cuando declaran en instancias preliminares que pueden llegar a conocimiento y oídos de los imputados pero que casi no tienen vinculación jurídica pues sólo adquirirán plena eficacia cuando el testimonio se brinde en juicios orales y públicos” explicó la legisladora. Acotó que “otra arista no menor de la misma problemática lo constituyen el bloque de hechos donde se ventilan sucesos de violencia institucional. Va de suyo que, tal como lo afirman numerosos documentos de Derechos Humanos, la criminalidad estatal conlleva la necesaria protección de los ciudadanos víctimas a partir de la calidad y naturaleza del agresor con alcance de medios y herramientas que permite atemorizar y/o castigar a ciudadanos indefensos”.

Por último, la Cámara considera de “imperiosa preocupación de que las carteras ministeriales pongan sus estructuras en atención a llenar todos los espacios necesarios que permitan llevar la norma legal al terreno funcional”.

A la Comisión llegó una comunicación firmada por Cristian Scoponi, director del Programa, donde le comunica a la Oficina de Gestión Judicial del Colegio de Jueces de la primera circunscripción el rechazo a la intervención de dicho Programa en una causa resonante “debido a la falta de implementación actual”

Vanesa Castillo

También la Cámara acompañó a Gutiérrez, Bertero y Augsburger en un pedido de informes “en relación con el femicidio de la docente Vanesa Castillo” hecho ocurrido el 15 de febrero pasado frente al Colegio 533 ‘Victoriano Montes’ de Alto Verde.

Pregunta la Cámara qué medidas tomó el Ministerio de Educación en relación a la denuncia del mes de noviembre de 2017 que había realizado Vanesa Castillo, por el caso de abuso de una alumna; si la escuela y sus autoridades siguieron el respectivo protocolo luego de dicha denuncia realizada; si hubo acompañamiento hacia la docente desde el momento mismo de la denuncia; qué medidas tomó el Ministerio de Educación al tomar conocimiento del embarazo de una alumna de 12 años. Más adelante requiere saber a partir de qué fecha se da inicio al protocolo luego de la denuncia realizada por la docente y cuál fue la participación de Vanesa en la justicia luego de dicha denuncia.

El pedido de informes fue corolario de la reunión que las comisiones de Derechos y Garantías y de Educación mantuvieron con docentes y ex docente de esa escuela de Alto Verde que pidieron debatir sobre la aplicación, revisión y posibilidades de reformas del decreto 2288/16 que estableció el llamado ‘Protocolo de atención interinstitucional para el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de violencia, abuso sexual y otros delitos’.

En dicha reunión se expuso que en cumplimiento de dicho decreto los docentes cuando actúan como testigos o denunciantes quedan expuestos a sufrir amenazas y ataques a su integridad física y emocional por los victimarios. Allí reclamaron garantizar su seguridad; que es necesaria la presencia del Estado provincial cuando el denunciante es un miembro de la comunidad educativa y que éste le provea asistencia y protección; que la normativa actual no garantiza la protección que se reclama; que surge necesaria su modificación de manera tal que la comunidad educativa no ponga en riesgo la vida de sus integrantes ni la de la familia de cada uno de ellos en ocasión de intervenir como denunciante o testigo en caso de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.