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Incesante pedido de Justicia

Tras 15 años de lucha obtuvieron condenas para los asesinos de su hijo

Dos hombres de 31 años fueron condenados a penas de prisión efectiva por el homicidio de Pablo Contreras, ocurrido a fines de 2002 en Colastiné Norte. Por otra parte, existe un proceso en trámite para determinar si hubo complicidad policial en el caso.

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A Pablo Contreras lo mataron de un disparo de escopeta por la espalda, el 28 de noviembre de 2002.

Foto: Flavio Raina/Archivo

 

Redacción de El Litoral

sucesos@ellitoral.com

Dos hombres que hoy tienen 31 años fueron condenados por un homicidio ocurrido a fines de 2002, cuando ambos eran menores de edad. El juez de Menores Nº 2, Estanislao Surraco, impuso penas de 7 años y 2 meses de prisión para César Salvador Caraballo y Julio César Cáceres, al considerarlos coautores del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en perjuicio de Pablo Emanuel Contreras.

“Una causa que lleva más de 15 años con las sucesivas intervenciones de magistrados que han mantenido la acción, que han individualizado a los responsables, sumado al reclamo constante de los familiares de la víctima en orden a encontrar Justicia, justifican de plano una sanción penal”, escribió el magistrado en la sentencia fechada el 6 de abril último.

La responsabilidad de Caraballo y Cáceres en el crimen de Contreras fue declarada el 4 de septiembre de 2015 por el juez de Menores (a cargo), Norberto Nisnevich; y luego ratificada por la Cámara de Apelación (Burtnik, Prieu Mántaras y Balangione -abstención-).

Por el paso del tiempo, ambos acusados fueron indagados siendo ya mayores de edad. En ese sentido, el juez Surraco advirtió lo delicado del tema atento a que se trata de un delito cometido en 2002 y que “durante muchos años no obtuvo impulso procesal”. Recordó que la entonces jueza de Menores Ana María Elvira hizo la instrucción; y que la fiscal Nº 7, Elena Perticará (ambas están jubiladas), solicitó la elevación a juicio (respaldada por el fiscal de Cámara Miguel Molinari); y luego la fiscal Laura Bolbot solicitó la imposición de condena de 10 años de prisión efectiva.

Familia destruida

Para el juez Surraco, “la fuerte connotación social de los hechos que fueron juzgados en las presentes actuaciones permiten concluir -sin dudas- que la sociedad requiere una respuesta para el ilícito cometido”. El magistrado observó también, que “pese a que los sujetos han transitado casi la totalidad del proceso en libertad, su actitud fue distante, fría; de indiferencia y negación: factores que habilitan de por sí la imposición de una sanción penal en sintonía resociabilizadora”. Y agrega que “los sujetos se han manejado con una actitud totalmente desaprensiva, de total falta de interés y de arrepentimiento”.

En definitiva, ello denota que los encartados no han comprendido el daño inferido a los perjudicados por su accionar, que significó -ni más ni menos- la destrucción de una familia, que sólo puede testimoniar su dolor, cuando no su impotencia”.

Los argumentos vertidos por el magistrado para encuadrar el reclamo de Justicia de los deudos de Pablo Contreras se enmarcan en el incesante pedido de Justicia de Ramona Contreras y Juan Carlos Márquez, padres de la víctima, que desde el primer día recorren los pasillos de tribunales y numerosos organismos del Estado.

Hace 15 años

Pablo Emanuel Contreras fue asesinado el 28 de noviembre de 2002, de un disparo de escopeta por la espalda cuando regresaba de jugar un partido de fútbol, en Colastiné Norte. Tenía 24 años y era cuidacoches en el centro.

En su momento, la familia denunció ante el Juzgado de Instrucción Segunda a un grupo de vecinos, entre los que había hombres, mujeres y adolescentes, varios de ellos arrestados o detenidos durante algunos días. El 24 de diciembre de 2002 se dicta la “falta de mérito” para el único acusado detenido, que fue sobreseído en abril de 2003. El expediente se archivó y volvió a abrirse en noviembre de 2007 a pedido de la familia. A partir de entonces, nunca cejaron en su reclamo, que ahora continúan en su carácter de querellantes en el expediente de mayores que resiste al archivo en el sistema residual.

Causa abierta

Salvador Vera, el abogado rosarino que representa a la familia Contreras-Márquez ante la Justicia santafesina, explicó que “con relación a la sentencia del juzgado de Menores la querella no tuvo intervención”, no obstante confirmó que “se dictó la declaración de responsabilidad y después se los condenó”.

Por contrapartida, se lamentó que “otras personas fueron sobreseídas prácticamente de manera inmediata. Eso generó un impedimento para poder perseguir a esas personas”, dijo con referencia a lo actuado en el Juzgado de Instrucción Nº 2 tras el episodio criminal.

“En este ámbito, lo que hicimos fue instar la constitución de querellante” y a partir de entonces “solicitamos tres cosas”: que le tomen declaración a Carlos Márquez y a Ramona Contreras porque esto no había sido posible en todo el proceso; que se incorporen los datos para identificar el móvil policial y los agentes que intervinieron en la labor prevencional; y solicitamos que se realice un examen forense de ADN para ver si se corresponde el cráneo de Pablo, recuperado en autopsia, con otras muestras que había” en la causa.

A más de 15 años de ocurrido el hecho, el abogado querellante tiene la misión de “en primer lugar, reencontrar a Carlos y Ramona con los restos de su hijo”, porque ante las sospechas de que su tumba fue profanada “no sabían si estaba o no ante los restos de su hijo”. En segundo término, y ante la posibilidad de que existiera protección policial para los agresores, “tratar de generar una vinculación y llegar a establecer la responsabilidad o no de un agente policial que intervino”. “Y como última medida, generar una presentación internacional a los fines de presentar el caso y que se ordene una reparación adecuada por denegación de justicia que han vivido todos estos años”.

Temor por los nietos

Ramona Contreras (57) y Juan Carlos Márquez (62) -padres de Pablo-, atraviesan por estas horas momentos difíciles en el plano familiar, ya que uno de sus nietos, de 5 años, debe ser operado próximamente, y sus padres se encuentran sin trabajo y a punto de ser desalojados por adeudarse tres meses de alquiler.

“Nosotros vivimos en Colastiné Norte, tenemos nuestro terreno y nuestra casa”, pero “tengo una hija -Candelaria- que está sin trabajo” al igual que su pareja -Jorge-, que “trabajó como soldado voluntario en el Ejército y hace un año está desempleado”, se lamentó la mujer que es el pilar del seno familiar.

Ahora, “la desesperación mía es que la inmobiliaria los quiere desalojar” del departamento que alquilan en Santo Tomé, en calle 12 de Septiembre al 1600. Ellos tienen “dos chiquitos de 5 y 3 años”, de los cuales “el más grande va a ser operado de la garganta” y “el más chiquito está anémico”, se lamentó la mujer.

Ramona reconoce que “el gobierno me ayudó con un subsidio para pagar unos meses” y “en (la Secretaría de) Derechos Humanos tomaron nota”. También acudió ante el Ministerio de Desarrollo Social, donde “fui dos veces”, cuenta y “pedí hablar con Jorge Álvarez pero me atendió una chica”.

Gracias a la ayuda de amigos “paré el desalojo porque estaba previsto para el 10 de junio”. “Les pagué marzo, pero quedan abril mayo y junio”, reniega la mujer que dejó su teléfono como contacto para quien pueda brindarle una ayuda a su familia (0342) 155-518611.



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