Sobre políticas sociales y derecho

Lamberto expuso en Alcalá de Henares

Fue en el 4º Congreso Internacional del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (Pradpi), que tuvo lugar en la prestigiosa universidad española de la ciudad madrileña.

Redacción de El Litoral

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Invitado por el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (Pradpi), el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, disertó días atrás en la Universidad de Alcalá de Henares (España), sobre políticas sociales y derecho a la ciudad.

En su exposición, Lamberto dijo que “en la reunión Hábitat III, todas las defensorías del Pueblo de América Latina asumieron ante la ONU la responsabilidad de oficiar como veedores de sus respectivos gobiernos en un aspecto tan relevante como innovador dentro de sus funciones: el proceso de evaluación del grado de avance de los dispositivos institucionales adoptados a nivel nacional, provincial o municipal destinados a cumplir, cada uno en su jurisdicción, con los objetivos de la Nueva Agenda Urbana”.

“Estos objetivos pretenden no dejar a nadie atrás, lo cual significa trabajar contra la pobreza en todas sus formas y dimensiones, garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, la diversidad socioeconómica y cultural y la integración en el espacio urbano, mejorar la habitabilidad, la educación, la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud y el bienestar de la población”, agregó.

El defensor explicó que “este programa de trabajo se entrecruza con los postulados de la Agenda 2030 adoptada por resolución de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, y por la cual los Estados participantes manifestaron estar resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas”.

Monitoreo de políticas sociales

“El proceso de monitoreo de las políticas públicas constituye un momento reflexivo y analítico necesario para la sociedad, que resulta ser un insumo imprescindible para el progreso o el éxito de tales políticas” consideró Lamberto en su exposición. “Pero por eso mismo no puede quedar a cargo de las mismas agencias públicas que las desarrollan, sino todo lo contrario: la evaluación de sus resultados debe ser encomendada a organismos externos reconocidos en los que se reúnan las condiciones de imparcialidad y de objetividad científica” aclaró.

“Hoy en día, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe tiene mayores competencias que exceden las acciones de control de la administración pública provincial. El aumento de servicios al interior de la misma ha llevado a plasmar nuevas áreas de atención, como el primer centro de mediación de la provincia, el primer centro provincial de asistencia a la víctima y el testigo del delito y la creación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes”, explicó.

Hábitat

En su exposición, el defensor disertó sobre el Objetivo 11 de la Agenda 2030, es decir, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; y en donde la primera meta es asegurar “el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”.

En este contexto, Lamberto hizo alusión a los programas locales monitoreados en el trabajo de investigación de la ciudad de Rosario, como el Plan Abre; Mi Tierra, Mi Casa; Proyecto Travesía; construcción y financiamiento de soluciones habitacionales; o los programas de mejoramiento de barrios, entre otros.

Con relación a este tema, el defensor se refirió al Protocolo de San Salvador, el cual establece que “el derecho a la vivienda y servicios forman parte del bienestar humano”, y que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. “Pero para asegurar esto último también es necesario garantizar los derechos que surgen a partir de este tema como el derecho a la ciudad, a la privacidad, el derecho a elegir la residencia, a determinar dónde vivir y a la libertad de circulación, entre otros”, concluyó.