Hay al menos 351 muertos y 2.100 de heridos

Nicaragua: organismos de derechos humanos exigen el fin de la represión

La CIDH instó a la OEA y al resto de la comunidad internacional a presionar al presidente Ortega para que detenga la violencia.

Sara Barderas y Gabriela Selser - DPA

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Camino de cumplirse tres meses de la mayor crisis en décadas en Nicaragua, la CIDH instó a la OEA y al resto de la comunidad internacional a exigir al Gobierno de Daniel Ortega que ponga fin inmediato a la represión y las violaciones de los derechos humanos en el país.

El secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, denunció ante el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, un deterioro y profundización de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua. Además confirmó 264 muertos y más de 1.800 heridos desde el inicio de las protestas el 18 de abril. En Managua, organizaciones independientes hablan de 351 muertos y 2.100 heridos por la crisis.

El informe que presentó Abrao se basa en las informaciones que estos dan a la Comisión. El MESENI ha observado una “profundización y diversificación de las formas de represión contra la población manifestante y opositora”, así como contra quienes están en retenes y barricadas protestando y quienes colaboran con las protestas, dijo.

El funcionario describió una situación de represión, con detenciones arbitrarias y sin orden judicial ni otras garantías democráticas y allanamientos ilegales en busca de personas que participan en las manifestaciones.

Abrao instó a que las manifestaciones del jueves y el sábado y el paro del viernes sean respetados.

“Queremos instar a Nicaragua y a la comunidad internacional a hacer un llamado a garantizar las protestas pacíficas”, urgió, después de que las últimas tres manifestaciones fueran atacadas por grupos paramilitares.

Uno de los últimos episodios de violencia fue el ataque el lunes en Diriamba, al sur de Managua, por parte de al menos 100 personas a miembros de la Iglesia católica, entre ellos el nuncio apostólico, el cardenal y el obispo auxiliar de Managua. La Iglesia católica actúa como mediadora en el diálogo nacional.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, que llegó a ser acusado de connivencia con Ortega por la oposición nicaragüense, fue endureciendo su posición y dijo en las últimas horas que “la violencia del Estado sobre población civil nunca puede ser admitida”.

Almagro volvió a proponer elecciones anticipadas. “En las manos del gobierno de Nicaragua se encuentra la posibilidad de tomar las iniciativas contundentemente democráticas que permitan expresarse al pueblo en las urnas”, indicó.

El Gobierno de Ortega rechazó tajantemente el informe del secretario ejecutivo de la CIDH a través de su canciller, Denis Moncada, presente en el consejo permanente. Es “apresurado, prejuiciado y carente de objetividad”, manifestó el ministro de Exteriores, que calificó las protestas de “actos terroristas” que aseguró que pretenden derrocar a Ortega. Venezuela lo apoyó.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, acusó al presidente de Nicaragua “de matar a su pueblo” para permanecer en el poder. Washington aprobó la semana pasada las primeras sanciones contra altos funcionarios nicaragüenses en esta crisis, los tres pertenecientes al círculo de poder de Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.

En tanto, ONU expresó a través de un tuit que su secretario general, Antonio Guterres, está “profundamente preocupado por los continuos actos de violencia en Nicaragua y su intensificación”.

Ayer, líderes de organismos sociales, de derechos humanos, estudiantes, campesinos y artistas, entre otros, lanzaron un “SOS humanitario” con un llamado a la unidad contra el Gobierno y por la renuncia de Ortega.

La poeta Gioconda Belli presentó además una “Declaración de emergencia de derechos humanos”, firmada por figuras del arte y la política del país, la cual advirtió que la violencia “ha llegado a niveles intolerables y coloca a la nación frente a una verdadera crisis de derechos humanos”.