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Las coimas “K” sumaron un arrepentido decisivo - Política | Economía Política

Carlos Wagner es “imputado colaborador”

Las coimas “K” sumaron un arrepentido decisivo

El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción ofreció un testimonio crucial para la hipótesis de la asociación ilícita que encabezaron Néstor y Cristina.

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Wagner describió un sistema cartelizado acordado con los gobiernos “K”. Describió incluso el lugar donde se reunían las empresas para distribuir las obras.

Foto: Archivo El Litoral

 

Redacción de El Litoral

Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, durante buena parte de la administración “K” en el país, declaró ayer como imputado colaborador y ratificó ante el juez Claudio Bonadio la existencia de un sistema de contratación de obra pública con pagos de retornos “del 10 al 20 % a la política”.

El titular de Esuco está apuntado como partícipe necesario de la asociación ilícita encabezada por Néstor y Cristina. El nuevo arrepentido hizo aportes decisivos a la causa, ya no por la figura de aportes ilegales de los empresarios a las campañas kirchneristas; admitió las coimas -cohecho en términos del Código Penal- en contratos de construcción de obra pública y del sector energético.

En su columna de Clarín, Lucía Salinas señala que ya son 23 las empresas involucradas en el expediente de los cuadernos de las coimas “K”. La causa que arrancó con investigaciones de evasión fiscal y lavado de activos escala ahora para establecer más claramente “un sistema” de recaudación “que implementó Julio De Vido y del que eran parte José López y Roberto Baratta”, según confesó Wagner.

El fiscal Carlos Stornelli contabilizó más de U$S 35 millones -de 2008 a 2015- sólo a partir de las descripciones de los cuadernos de Centeno, el ex chofer de Baratta, esa es una cifra tímida a la luz de la estructura ilícita que va saliendo a la luz en el expediente.

Durante el gobierno de Néstor, el Congreso le convalidó cambios en la ley de obra pública para incluir la figura del “anticipo financiero” que la Casa Rosada pagaba a los adjudicatarios de obras. Un mecanismo clave que se complementaba, según la hipótesis judicial, con la “distribución” de adjudicaciones a las empresas y los retornos pagados por éstas.

Esuco no tenía la magnitud suficiente para que su titular presidiera la Cámara de la Construcción. Pero así como hubo cambios a la ley, también los hubo en el estatuto de esa organización empresaria que, bajo la conducción de Wagner, fue conocida como el “club de la obra pública”.

“No era importante quién ganaba, el sistema funcionaba con las empresas que eran parte”, habría confesado Wagner en el expediente. La cartelización de la obra se habría organizado tras una reunión en cabezada por Julio De Vido, imputado como “organizador” de la asociación ilícita. “Quien quisiera participar debía ajustarse a las reglas”, dejó dicho Wagner en el expediente.

El esquema que se va delineando a partir de las confesiones es que las empresas conocían de antemano los términos de las licitaciones y sus implicancias en el sistema de retornos. Si se confirma que Wagner decidía con las propias empresas el reparto de los contratos, Bonadio habrá logrado probar gran parte de la hipótesis.

Según Diego Cabot, el periodista de La Nación que hizo públicos los cuadernos, Wagner mencionó a Baratta y a José López como los brazos ejecutores de esa recaudación de dinero negro y dijo que respondían a Julio De Vido. “Yo era el che pibe”, dijo el empresario, que, tras firmar el acuerdo, quedó en libertad.

Electroingeniería

Jorge Neira también llegó a un acuerdo en Comodoro Py para sumarse como arrepentido. Es otro aporte clave a la causa; el vicepresidente de la empresa, Gerardo Ferreyra, militó en el PRT y pasó 9 años preso; allí conoció a Carlos Zannini y ese vínculo le allanó el camino al crecimiento exponencial de la firma en tiempos “K”. Ahora está nuevamente tras las rejas; el aporte que haga Neira podría ser relevante por el íntimo vínculo de Ferreyra con el kirchnerismo.

Uberti y Cía

Bonadio dictó la orden de detención y allanamiento de la casa de Claudio Uberti, mencionado en los cuadernos de Oscar Centeno como partícipe de la recaudación ilegal, y José María Olazagasti, ex secretario de Julio De Vido. Uberti encabezó el Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) y fue procesado en el caso de la valija con U$S 850 mil que Guido Antonini Wilson quiso ingresar al país en plena campaña de Cristina. El juez también mandó a detener a Raúl Vertúa, quien había cobrado $ 733 millones por la construcción del Gasoducto del Nordeste Argentino.

Lascurain

Bonadio también dispuso el arresto del empresario Lascurain, quien había sido indagado el día anterior en Comodoro Py. Juan Carlos Lascurain ya había declarado 48 horas antes de ser detenido; en esa oportunidad había dicho: “No me arrepiento, porque no tengo nada de que arrepentirme”; fue cuando advirtió sobre De Vido y su gente: “Los conozco a todos”. Ya en marzo, Lascurain estuvo detenido 48 horas; está procesado por el delito de peculado y embargado por $ 60 millones; el juez federal Luis Rodríguez lo investiga por el caso de Yacimiento Carbonífero Río Turbio.

Roggio y Techint

El fiscal Stornelli negoció con Aldo Roggio, presidente del Grupo que llevaba su nombre. Hubo acuerdo y el empresario declarará como colaborador el martes. Hugo Eurnekian, sobrino de Eduardo, de Corporación América, también declaró ante el fiscal Stornelli y reconoció haber entregado al menos U$S 200.000 a Baratta.

Luis Betnaza, ejecutivo de Techint, reconoció en una indagatoria ante el juez Bonadio la existencia de pagos en negro a funcionarios kirchneristas.

CCK

La diputada nacional santafesina Lucila Lehmann presentó un proyecto de ley para recuperar el nombre original del centro cultural más grande de la Argentina, por el de “Centro Cultural del Bicentenario”. Para la legisladora, la promulgación de la ley 26.794, que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner, “no ha contribuido a la unión de los argentinos, sino, por el contrario, ha profundizado su división. Las actuales investigaciones penales que desmenuzan una trama de corrupción vinculada con la anterior gestión de gobierno, hacen que sea impropio seguir manteniendo el nombre del ex presidente”.

El acto de respuesta kirchnerista

Estaba planeada desde hace tiempo, pero llega en un momento clave. La reunión de “Unidad Ciudadana” anunciada para esta tarde en Ensenada es la respuesta política al avance de la causa de los cuadernos que apunta directamente a Cristina, quien debe declarar el lunes. Máximo Kirchner sería orador central de la convocatoria.

Van a “exigir el restablecimiento del Estado de Derecho”. Es la línea argumental que el kirchnerismo viene sosteniendo frente a las causas judiciales que lo apabullan. En clave política, Unidad Ciudadana no contará con buena parte del PJ, pero apuesta al menos a los intendentes del conurbano.

Los “barones” se vienen desconfiando entre sí: la consigna es “vamos todos o no va nadie”. Atribulados entre el sentimiento de lealtad y el de supervivencia, temen que sólo unos pocos terminen mostrándose con la ex presidente y “queden pegados”; Cristina ya está aislada entre los justicialistas del Senado y respecto de buena parte del peronismo de las provincias.



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