Encuentro anual de AEA

Macri admitió dificultades y aseguró que no defenderá a nadie que cometa un delito

El presidente les dijo a los empresarios que podían acudir a él si alguien del gobierno les hacía un pedido indebido.

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“Tenemos el respaldo de las economías más importantes, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros y dejar atrás prácticas arraigadas durante décadas”, insistió el mandatario.

Foto: Presidencia de la Nación

 

Redacción El Litoral

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El presidente de la Nación, Mauricio Macri, aseguró esta mañana ante los empresarios que se reunieron en el encuentro anual de la AEA que no hipotecará su gobierno para defender a nadie -en alusión a las investigaciones por corrupción que está llevando adelante la Justicia-; les dijo que podían acudir a él en caso de que alguien les hiciera un pedido indebido, e insistió con que el país está en una situación de vulnerabilidad.

“Estamos enfrentando una tormenta de frente. Mi intención no es negar la agenda de dificultades, especialmente hasta que no lleguemos a un equilibrio fiscal, que nos hace depender del financiamiento externo. Vamos a estar expuestos a vulnerabilidades como lo estamos hoy”, sostuvo.

“Tenemos el respaldo de las economías más importantes, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros y dejar atrás prácticas arraigadas durante décadas. Comparto las preocupaciones y dudas del momento, pero es importante no perder el foco ante pronósticos catastróficos como que no tenemos futuro”, expresó.

“No tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley. Y quiero ser claro en esto: si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un presidente al cual acudir”, dijo durante su discurso.

“Hoy como sociedad empezamos a decir las cosas por su nombre, a poner los problemas de verdad sobre la mesa, a no negarlos, a no buscar soluciones mágicas, y sobre todo a no gastar sin control los recursos del Estado, que son los recursos de todos los argentinos”, enfatizó.

Macri llamó a “terminar con los comportamientos mafiosos que ustedes tienen que denunciar. Lo más significativo es que las reglas de juego sean claras y las mismas para todos. Por eso desde el primer momento hicimos de la verdad, la transparencia y la verdad, valores innegociables”.

“Empezamos a generar condiciones para que la Justicia pueda actuar con plena independencia, como la Ley del Arrepentido que hoy permite avanzar en casos de corrupción. Esperamos que el Congreso apruebe la ley de extinción de dominio”, valoró.

Respecto a la situación económica, una de las principales preocupaciones del encuentro, dijo que al no tener equilibrio fiscal, el país depende del financiamiento externo, lo que significa estar expuesto a una situación volátil, y pronosticó que desde Vaca Muerta en el verano se va a exportar gas a Chile, en 3 ó 4 años medio millón de barriles de petróleo por 15.000 millones de dólares y en 7 años las ventas al exterior serán de 30.000 millones.

Paolo Rocca: “Somos conscientes de lo que pasaba pero no participamos”

El presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, dijo en el encuentro de AEA que la empresa “no participó en el club de corrupción de la obra pública” y para demostrarlo informó que a lo largo de los últimos 12 años la compañía, que es la de mayor potencial en obra pública, apenas logró sólo el 1 % de la inversión gestionada por el Ministerio de Planificación. “Fuimos conscientes de lo que pasaba. Pero no fuimos ni cómplices, ni partícipes”, destacó.

“Argentina está tomando decisiones en la dirección correcta, pero la profundidad de la tormenta no puede ser subestimada y nos pone a todos frente a la responsabilidad con el sector público y las fuerzas sociales de hacerle frente para proyectarnos y construir un país distinto”, dijo el CEO de Techint.

Por otra parte, en línea con los proyectos del gobierno, Rocca señaló que existe la necesidad de bajar la carga impositiva sobre las empresas y calificó las últimas medidas tomadas por el gobierno -la postergación de la rebaja de las retenciones a los derivados de la soja y la quita de reintegros a productos industriales- como “un sacrificio inevitable”. “Hoy no tenemos alternativa. La responsabilidad empresaria está en el empleo”, enfatizó.

“Techint no participó en el club de corrupción. De 2004 a 2015 tuvimos el 1 % de la obra pública, estuvimos afuera porque no había condiciones en el país, lo poco que hicimos fue el montaje de Atucha y un viaducto del noreste, nos descalificaron y sólo con presentación judicial pudimos hacerlo”, explicó.

“Estuvimos fuera de todo esto, y como grupo fuimos obligados a expandirnos afuera porque el contexto no daba para grandes crecimientos en el país”, indicó.

“Operábamos en Venezuela la mayor siderúrgica de América Latina. En los últimos años, desde 2007, el hostigamiento de Chávez fue cada vez más fuerte, hasta que decidió la expropiación. Fue complejo, con amenazas, con violencia. La retirada que tuvimos que hacer entre abril y diciembre de 2008 fue complicada, con un periodo de militarización de la empresa, más la repatriación de nuestra gente. Con esta exigencia, Betnaza accedió a un apoyo entre abril y diciembre. Fue antes de la compensación por Sidor. Al final se llegó a un acuerdo. El pago se realizó en los años sucesivos. Fue un trauma enorme pero es lo que pasó. Actuamos para defender a nuestra gente, y en este contexto se dio lo que han leído”, relató.

Tres proyectos de ley al Congreso

Mauricio Macri anunció que enviará al Congreso tres iniciativas. Se trata de los proyectos para sancionar una nueva ley de Ética Pública, un texto para ordenar la normativa sobre protección de Datos Personales y una reforma al Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En medio de la causa de las coimas kirchneristas -que tiene a la ex presidente Cristina Fernández imputada como jefa de una asociación ilícita y que involucran a ex funcionarios nacionales- el Jefe de Estado propuso hoy ante los empresarios un reordenamiento del vínculo con el gobierno, empezando por las responsabilidades que competen a la función pública.

El proyecto que elevará al Parlamento propone severas restricciones en el accionar de los funcionarios públicos, plantea declaraciones juradas “realistas” y dispone veedores externos a la organización estatal, a fin de controlar a posibles testaferros. Además plantea disposiciones más rígidas en torno al conflicto de intereses para quienes desempeñen la actividad estatal.

Sobre la vigente ley de protección de datos personales, fue sancionada en el 2000 y quedó desactualizada. En cuanto a la reformulación del Indec, plantea la creación de un organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con personería jurídica propia, independencia funcional y autonomía financiera.