Personas participan en el funeral del fallecido concejal miembro del partido de Primero Justicia, Fernando Albán.

Foto: Xinhua

Néstor Rojas Mavares - DPA

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El cuerpo del concejal venezolano Fernando Albán, quien según versión oficial perdió la vida al lanzarse de un edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia, fue llevado hoy a la sede de la Asamblea Nacional para ser velado con honores, mientras diputados opositores responsabilizaron al Gobierno de los hechos.

A la vez, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea exigieron una investigación imparcial de la muerte, ocurrida horas después del arresto de Albán por la policía.

El ex candidato presidencial Henrique Capriles, del partido opositor Primero Justicia (PJ) al igual que Albán, dijo que nadie cree la versión oficial del supuesto suicidio.

Albán fue detenido el sábado y acusado por el Gobierno de estar vinculado con el atentado que denunció en su contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto.

El lunes, el Gobierno dijo que Albán se había suicidado, lanzándose desde un piso alto de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), una versión que fue rechazada por PJ, su partido.

El opositor fue mencionado como un dirigente cercano del diputado Julio Borges, quien es acusado por el Gobierno de ser el presunto autor intelectual del ataque contra Maduro.

El ataúd con Albán fue trasladado en un carro fúnebre para que la cámara dominada por la oposición le rindiera honores. En medio de aplausos y cantos del himno nacional, una comisión de diputados trasladó los restos del concejal hasta el sitio del velatorio en la entrada del edifico legislativo.

En la sesión, que fue interrumpida por la llegada del ataúd cubierto con una bandera tricolor, los diputados de PJ expresaron su rechazo a la versión del suicidio y calificaron el hecho como un asesinato.

Dijeron que la sede del Sebin es un edificio sin ventanas externas, indicando que ello desmiente la versión de que se lanzó desde un décimo piso.

Los diputados aprobaron una resolución en la cual responsabilizan al Gobierno de la muerte de Albán, ya que al estar detenido era responsable de su seguridad. También pidieron que se permita el ingreso al país de un equipo internacional de investigadores.

El diputado Juan Miguel Matheus, de PJ, presentó el proyecto de resolución para rechazar lo ocurrido con el concejal.

“Albán fue secuestrado el sábado por el Sebin, estuvo desaparecido por 24 horas, llamó a su esposa, le dijo su ubicación y que lo imputarían por el supuesto magnicidio (atentado contra Maduro). Le dijo que lo presionaban para que diera falsos testimonios e incriminara a Julio Borges”, señaló.

Agregó que el domingo lo trasladaron a los tribunales, pero no se dio la audiencia. “El lunes recibimos la noticia de su asesinato de parte del usurpador del Fiscal General (Tarek William Saab). Dijo que nuestro amigo, un cristiano fiel, se había quitado la vida”, indicó.

Por su lado, Capriles insistió en reclamar una investigación imparcial y transparente que “no nos devolverá a Fernando, pero queremos que haya justicia”.

“Estamos velando a un compañero que fue lanzado del piso 10 de la policía política y el Gobierno dice que fue un suicidio. Queremos que se haga una investigación transparente. Nadie se come el cuento de que se suicidó”, dijo a los periodistas. “Él era una persona equilibrada, no perdía la compostura, era un cristiano”,añadió.

Albán, abogado de profesión y concejal por Caracas, tenía a cargo los trabajos gremiales de PJ y estaba vinculado a movimientos católicos.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió una declaración pidiendo una investigación del suceso. Los obispos manifestaron la preocupación ante las detenciones que están ocurriendo a través de los organismos de seguridad del Estado sin sostén legal.

Indicaron que la detención y posterior muerte de Albán en las instalaciones del Sebin generan profundas dudas de toda índole, ya que todo detenido está bajo el resguardo de los órganos de seguridad del Estado.

“Para nadie es un secreto que las opciones de vida del señor concejal Albán, sus profundas convicciones religiosas, su coherencia con los valores de la fe, ratifican la opción por la vida y no por la muerte, de su compromiso por los más pobres en las parroquias a las que servía”, dijo.

Mientras, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos (ACNUDH), Ravina Shamdasani, dijo en Ginebra que el Estado de Venezuela tiene la obligación de garantizar la seguridad y la dignidad personal de los detenidos a su cuidado.

La portavoz de la Unión Europea, Maja Kocijancic, insistió en que el Estado venezolano debe garantizar la seguridad y la integridad física de todas las personas que están bajo su cuidado, por lo que espera que se realice una investigación independiente para esclarecer las circunstancias de la trágica muerte.