La política en foco

Las malas nuevas de las tarifas

• Las reglas de los servicios públicos vienen de los ‘90, y fijaron las tarifas en dólares. Pero por entonces un dólar costaba un peso. El país vive una de sus peores crisis, sin Ley de Emergencia Económica.

Luis Rodrigo

[email protected]

La imagen de los zorros a cargo de cuidar los gallineros crece en la opinión pública. Y los ciudadanos parecen comenzar a advertir, con las evidencias a la vista, que son las gallinas.

La fábula se aplica a la percepción social sobre el inédito aumento retroactivo del valor del gas de este invierno, el fallido plan de 24 pagos que descubrió el periodismo, criticó la oposición, rechazó la UCR y del que desistió la Casa Rosada, abonando con sus marchas y contramarchas de esta semana, su culto al “errorismo”.

En materia de energía, se trata de zorros viejos. En algunos casos vienen del menemismo, surcaron con algún cambio de piel el kirchnerismo y ahora sonríen y muestran sus sonrisas y colas zorrunas sin disimulos.

Es verdad que hay zorros de carne y hueso. Funcionarios, o no, que hunden sus antecedentes empresarios, bursátiles o administrativos en la década del ‘90, pero en buena parte la explicación al problema de las tarifas dolarizadas debe buscarse más en los instrumentos legales que se crearon por esos años, que sí cambiaron el relato, que en los nombres y en los apellidos.

En el caso del gas natural por redes, rigen las reglas de juego de las privatizaciones de Menem. Corría 1992, eran tiempos de la Convertibilidad, cuando las tarifas se dolarizaron. ¿Por qué no hubo tarifazos como los actuales desde la salida del uno a uno hasta el inicio del gobierno de Mauricio Macri? Primero porque el kirchnerismo pagó con subsidios y déficit fiscal la diferencia, y también porque desde el 6 de enero de 2002 hasta el 27 de septiembre de 2017 rigió la Ley de Emergencia Económica, que delegaba en el Ejecutivo una serie de facultades extraordinarias: fijar el tipo de cambio, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos, establecer tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas, entre otras.

La realidad es que al actual gobierno no le molestó perder esas potestades extraordinarias. Y quizá en parte le incomodaran, porque realmente cree que las tarifas deben atarse al dólar, sin sufrir la devaluación del peso que seca los salarios.

Con las 24 cuotas eran los usuarios los que iban a pagar unos $ 20.000 millones de diferencia (por la suba del dólar de $ 20 a $ 40). Ahora lo abonarán los contribuyentes. No son lo mismo. Sólo 60 % de los hogares argentinos tiene ese servicio, y consumen apenas un 25 % de todo el gas involucrado. Comercios, GNC, industrias y sobre todo las usinas se gastan el restante 75 %, pero el Estado pagará por todo, con financiación de las petroleras acreedoras.

El sector público asume una deuda de unos 500 millones de dólares. Es una cuarta parte de todo el efectivo que pusieron las compañías que compraron Gas del Estado en los ‘90. A la segunda empresa en facturación del país se la vendió -dividida verticalmente y por regiones- en dos mil millones de dólares en efectivo, otros mil millones del pasivo a cargo de los compradores y dos mil millones de dólares más, en bonos. (Se estima que su valor real era de 25 mil millones, pero en el fárrago de empresas estatales a privatizar en esos años sus cotizaciones se acomodaron sensiblemente a los compradores).

La venta de esos activos estatales incluyó -como parte de los avisos publicitarios para aquella lluvia de inversiones- las tarifas dolarizadas.

Hay más malas nuevas en materia de tarifas de los servicios públicos: al aumento del 35 % del gas por la suba del BTU (que en algunos usuarios será de hasta el 50 %), le falta otra actualización del megavatio/hora en el precio mayorista de la energía eléctrica, que también tiene garantizada sus ganancias en dólares en generación.