El PRO se suma al proyecto de la UCR

Impulsan que en el Poder Judicial también paguen impuesto a las ganancias

La Nación/Clarín

Una vez aprobada la ley de Presupuesto 2019 -prioridad del gobierno en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI )-, el bloque de diputados de

Cambiemos impulsará el proyecto que presentó este miércoles la Unión Cívica Radical destinado a que todos los jueces y empleados judiciales, tanto nacionales como provinciales, paguen el Impuesto a las Ganancias .

El radicalismo, presidido por Alfredo Cornejo , procuró incorporar esta iniciativa en el proyecto de ley de Presupuesto del año próximo, pero los caciques legislativos de PRO se rehusaron: si bien comparten la idea de que todos los jueces y empleados judiciales deben pagar el Impuesto a las Ganancias -del que hoy están exentos-, no quieren correr el riesgo de que, por esta iniciativa, se enturbie el acuerdo alcanzado con el PJ para la aprobación de la ley de Presupuesto.

En el PRO temen que en el Senado el peronismo, de buena llegada a la Corte y a los jueces federales, encuentre una excusa para trabar la sanción de la ley de leyes.

Empero, en los despachos más encumbrados del oficialismo en la Cámara de Diputados no descartan en absoluto la posibilidad de impulsar el proyecto de la UCR una vez finalizado el trámite de la sanción del Presupuesto.

El autor de la iniciativa, el mendocino Luis Borsani, explicó que si bien los jueces y empleados que ingresaron desde enero de 2017 ya pagan el Impuesto a las Ganancias, estos son “muy pocos” y “la gran mayoría” continúa estando exceptuada de este tributo.

El Ministerio de Hacienda calcula que, en 2019, las exenciones del pago de Ganancias al Poder Judicial implicará una pérdida en la recaudación de alrededor de $10.000 millones. El proyecto del radicalismo contiene sólo un artículo, el cual propone sustituir el artículo 79 de la ley del Impuesto a las Ganancias.

La iniciativa propone incorporar como contribuyentes de la cuarta categoría a quienes ocupan “cargos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos; y los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos”.

En sus fundamentos, el proyecto señala que “en una sociedad democrática es inimaginable sostener cuando menos que una persona que ocupa el mismo cargo, con iguales funciones, carga horaria y tareas que otra cobre más por el simple hecho de haber sido designada con anterioridad o posterioridad a una fecha determinada”.