Casanello regala tiempo
Pase libre para Cristina
El juez sugiere que si el delito de la ex presidente -como de Néstor- es por estafar al Estado, eso está “en otra causa”. Entonces mandó a todos a juicio oral por lavado, menos a ella.
Reproducción de “La Persistencia de la Memoria”, de Salvador Dalí.
Foto: Archivo El Litoral
Ignacio Hintermeister
Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña , Federico Elaskar y otros 18 acusados irán a juicio oral por Lavado en la causa denominada “ruta del dinero “K”. Pero El juez federal Sebastián Casanello dictó la “falta de mérito” -es decir no hay pruebas que la incriminen pero tampoco que la exculpen- de la ex presidente y actual senadora Cristina Kirchner.
En el peor de los casos para ella, Cristina gana tiempo con esta decisión. Para que se entienda: Carlos Menem fue absuelto por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador -con el corolario de la voladura en Río Tercero- porque 23 años después la misma Justicia que demoró los procesos, terminó por dictaminar que el ex presidente y actual senador peronista, neoliberal y kirchnerista, no podía ser condenado por incumplimiento de “plazos razonables”.
¿Transcurre en presente continuo otro despropósito flagrante? Tres veces Casanello -no por nada conocido como la tortuga- tuvo que ser reconvenido por la Cámara Federal antes de indagar a Cristina. Corre el reloj. Ésta es la causa que tiene como capítulo televisado a los millones de dólares contados en “La Rosadita”, como parte de un obsceno circuito de plata que salía del gobierno nacional y terminaba en las empresas allegadas a la familia Kirchner. Todo corroborado.
En rigor no es que Casanello no encontró pruebas de delito. Lo que dice el juez es que la actual senadora no participó del lavado, y que en todo caso el “delito precedente” -la acusación por estafa al Estado por parte de Néstor y Cristina presidentes- está en otro expediente judicial que él no tiene a su cargo. ¿Quién señor... yo señor? ¡No señor! que la juzgue otro.
“Debe continuarse la investigación”, ordena Casanello con rigor, menos para encontrar evidencias que para hacer correr el tiempo. La lógica del juez es que Leonardo Fariña admitió que su jefe era Lázaro Báez. Y el “amigo de Néstor” no dice que su jefa era Cristina. Más aún se admite que el fallecido mandatario sí era el superior del dueño de Austral Construcciones. Pero claro, los muertos no son imputables en Comodoro Py, aunque los tiempos procesales sean parecidos a la eternidad.
¿Lo que se hereda no se roba? A Casanello no le consta que la plata que Báez lavó haya terminado en el patrimonio de Cristina. Pero la querella y la fiscalía no opinan lo mismo. Se viene otra apelación. Corre el reloj del plazo razonable.
En la causas Hotesur y Los Sauces, hay plata de Lázaro como inquilino de hoteles de los Kirchner; el empresario pagó alquileres millonarios a Cristina y sus hijos por inmuebles vacíos. Pero eso, una vez más, es asunto de otros expedientes mientras no haya demostración de que los mismos billetes que sacaron los Báez por la ruta del dinero haya terminado “cash” en el bolsillo de Cristina, Máximo o en la cajas embargadas a Florencia.
Tiene razón Casanello, no se puede seguir la huella de un barco en el mar, años después.
Más pruebas
“En este contexto es necesario agotar todas las diligencias relacionadas con la firma Aldyne Ltd. Alrededor de esta sociedad se han elaborado numerosas hipótesis que hasta el momento no han podido ser probadas, pese a los distintos pedidos de cooperación internacional que se han librado en ese sentido”, advirtió Casanello respecto a la “empresa madre” de la ruta del dinero K, que administraba sociedades que se vincularon a Báez. Además, solicitó la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a los fines de que se recabe toda la información relacionada a las firmas vinculadas con Báez, en especial la empresa Aldyne.
U$S 60 millones lavados
Casanello había convocado a la senadora nacional a declarar a Comodoro Py el 18 de septiembre pasado luego de que se lo ordenaran los jueces Martín Irurzun y Rafael Llorens de la Cámara Federal: hasta el momento, el juez se había negado a citarla pese a los pedidos del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción, por considerar que la ex mandataria ya era investigada por los mismos hechos en la causa por fraude en la obra pública a raíz de las licitaciones con las que se benefició Báez.
Los camaristas Llorens e Irurzun, en cambio, habían considerado que sí había elementos para convocarla a indagatoria, ya que la fortuna que manejaba el empresario Lázaro Báez no hacía pensar otra cosa que era ella la verdadera dueña.
El dueño de Austral Construcciones se encuentra detenido desde abril de 2016, luego de que se conociera un video de “La Rosadita” en el que se veía a su hijo Martín y a otras personas ahora imputadas contando varios millones de dólares.
Para los jueces, “se corroboró suficientemente la existencia de una estructura conformada por Báez que entre el 2010 y 2013 canalizó fondos de origen ilícito a través de una ingeniería financiera, que posibilitó la expatriación de una suma cercana a los sesenta millones de dólares y luego la repatriación parcial de unos treinta y dos millones de esa moneda que terminaron contabilizados en Austral Construcciones S.A. además de la adquisición de bienes y servicios”.
Ahora, Casanello ordenó diligencias “tanto en el ámbito local como el internacional”, especialmente que dependen de la cooperación de Estados “que aún no han enviado a la totalidad de la información que se les requiriera”.
“No existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina Elisabet Fernández por los hechos por los que fuera intimada en la presente causa”, indicó la resolución del juez correccional y criminal 7.
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