Tranqueras cerradas
Una localidad del departamento San Justo pone en evidencia el creciente problema del delito rural.
Federico Aguer
En la zona rural de Villa Saralegui “el abigeato está descontrolado”, asegura un productor con impotencia, a Campolitoral. “Hay un destacamento policial donde vas y te dicen que son pocos, que no alcanzan a cubrir la zona. Que cuando van a mi campo los delincuentes están en el de enfrente; o que tienen que tener la orden del fiscal, etc.”, continúa. “En el campo ya no se duerme tranquilo”, afirma otro vecino, que manifiesta haber instalado una puerta de máxima seguridad a su casa. “Muchos hacemos la denuncia pero no tenemos respuestas, y eso viene pasando hace bastante”, asegura otro. “La gente está cansada. No hay prevención. No es difícil descubrir quiénes están atrás; este es un pueblo chico. Se está dando un mal ejemplo a los chicos, que ven que esto está pasando y nadie hace nada. El tema se va agrandando”, manifiesta uno más. La última fuente consultada -un poco más escéptica- asegura que para descubrirlos hay que encontrarlos en flagrancia, “y es casi imposible conectar la carne que se encuentre. Estamos pagando cada vez más impuestos y no tenemos retribución por parte del Estado. Hay que empezar a tomar el tema en serio”, sostiene el último, que incluso llegó a instalar cámaras de seguridad en el campo.
Recientemente, los damnificados por esta ola delictual conformaron un grupo de Whattsap, a través del cual canalizan los hechos, que van desde el abigeato hasta los delitos contra la propiedad. Este mismo diario reflejó el problema en varias oportunidades, con resultados escasos. “Hay un alto porcentaje de damnificados que no lo quieren decir, porque luego le roban materiales de trabajo del campo”, dicen.
El tema se replica a nivel provincial y nacional. En Buenos Aires -incluso- se supo esta semana de una nueva modalidad: le cosecharon un lote de trigo a un productor, habiendo engañado a los contratistas para que realicen el trabajo.
En momentos en que todavía se debate si la policía tiene o no facultades para realizar su constitucional función de prevención y represión del delito, la problemática se desmadra en la ciudad y en el campo. La combinación de hipocresía, corrección política, complicidad y falta de coraje de (algunas) autoridades, no hace más que aumentar la crisis.
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