Lo dispuso el juez Bonadio

Coimas: más procesados por maniobras de lavado de dinero

Se trata de la viuda del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, junto a otros ex funcionarios y colaboradores de los Kirchner. La Justicia reconstruye el entramado de movimientos bancarios y operaciones inmobiliarias para sacar fondos del país.

2-1548794167190129023.jpg

Carolina Pochetti apareció en los Panamá Papers y, en su declaración, acusó al juez Luis Rodríguez de haber cobrado sumas millonarias para no investigar.

Foto: NA

 

Redacción de El Litoral

[email protected]

Télam/NA

El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva y un multimillonario embargo de bienes a Carolina Pochetti, viuda del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, además del ex funcionario kirchnerista Juan Manuel Campillo, por lavado de unos U$S 70.000.000, derivado de la causa de los cuadernos de la corrupción, informaron fuentes judiciales.

En el mismo sumario y también con prisión preventiva -aunque algunos están excarcelados- y embargos que van de los 1.000 a los 3.000 millones de pesos, fueron procesados el ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, Isidro Bounine, y el contador del matrimonio Kirchner, Víctor Manzanares, quien pidió ser “imputado colaborador”.

El juez consideró que tuvieron “participación necesaria” en maniobras de lavado de dinero con movimientos bancarios y operaciones inmobiliarias en el exterior, que habrían permitido a Muñoz sacar del país unos 70.000.000 de dólares.

Entre los procesados figuran inversores, abogados, los empresarios inmobiliarios Sergio Todisco y Elizabeth Municoy, e intermediarios como Carlos Cortez y el primo de Pochetti, Carlos Gellert.

Las investigaciones determinaron que habían adquirido inmuebles en Miami y Nueva York y que luego, para evitar que las maniobras de lavado pudieran ser descubiertas, fueron vendidos y los fondos obtenidos enviados a destinos en otros países, lo que pudo ser determinado por declaraciones de “arrepentidos”.

Maniobras

Los procesamientos, que también alcanzaron a Marcelo Danza, Sergio Dorf, el ex abogado de Pochetti, Miguel Plo, su hija María, y su cuñado, Federico Zupicich, y otros fueron dictados a instancia de los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

En su dictamen de hace un par de meses, los fiscales analizaron que tras las revelaciones periodísticas sobre los denominados “Panamá Papers”, se disolvieron sociedades y vendieron los inmuebles en Miami y Nueva York, para enviar el dinero a cuentas radicadas en México, Hong Kong e islas bajo soberanía británica.

Muñoz “habría sido uno de los actores preponderantes en el sistema de recaudación ilícita de fondos por parte de la organización criminal investigada”, expuso Bonadio, para quien el ex secretario presidencial sería “el nexo último de receptación de dinero ilícito en el domicilio de la calle Uruguay 1306 y en la residencia presidencial de Olivos, entre otros lugares”.

Agregó que Muñoz, Pochetti, Todisco, Municoy, Perla Aydee Puentes Resendes, Gellert y Cortez “habrían conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita”, desde al menos el año 2010.

La causa

La causa de los cuadernos fue iniciada en el fuero penal federal en los primeros meses de 2018, a partir de las fotocopias de anotaciones de Oscar Centeno (chofer del también detenido ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta), vinculadas al pago de presuntos sobornos.

El miércoles, Bonadio ordenó nuevas declaraciones de la senadora Fernández de Kirchner, y los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra y Juan Chediak, entre otras decenas de imputados, para indagarlos por presuntas irregularidades en la contratación de obra pública por montos multimillonarios.

La ex presidente fue procesada en esta causa como jefa de una asociación ilícita, una medida ya ratificada por la Cámara Federal.

Las citaciones a indagatoria en este nuevo tramo de la pesquisa fueron dispuestas por Bonadio, luego de que, en los últimos días, realizara más de 80 operativos judiciales en 71 empresas y en 14 provincias.

Amplían denuncia contra el juez Rodríguez

Los diputados de la Coalición Cívica (CC) Paula Oliveto, Juan López y Mariana Zuvic ampliaron la denuncia contra el juez federal Luis Rodríguez y pidieron su remoción, en base a las afirmaciones de Carolina Pochetti, viuda del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, quien dijo haber pagado al magistrado para que frenara una causa.

Los legisladores pidieron al Consejo de la Magistratura que abra “el procedimiento de remoción de magistrados”. Solicitaron además que “se ordene su suspensión en el ejercicio del cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente, en los términos del inciso 5 del artículo 114 de la Constitución Nacional. Y, por último, también solicitamos la oportuna destitución del acusado, en los términos del artículo 115 de la Constitución Nacional”.

En la denuncia sostienen: “Tomamos conocimiento de un posible pago de coimas al juez Luis Rodríguez a cambio de la impunidad en la causa que denunciara (Elisa) Carrió a Muñoz, Pochetti y Peralta en mayo de 2013 y cuyo antecedente lo encontramos en el IOF presentado ante la UIF en septiembre de 2011 -lo que le valió una denuncia penal a José Sbatella por no investigar el patrimonio de Muñoz y su esposa-”.

“En esa oportunidad, llamaba la atención el freno de la instrucción, cuando los bienes y el estándar de vida de los denunciados eran por de más de irregulares”, agregan.

La diputada Oliveto explicó que la presentación es “una ampliación con un análisis muy pormenorizado de la causa y de la actuación Rodríguez”, y además apunta a que “se incorpore la declaración de Pochetti y otros testimonios” en el expediente.

La legisladora sostuvo que en la Coalición Cívica, que guía Elisa Carrió, “siempre” habían tenido “sospechas” de que “algo había detrás de la no investigación del juez Rodríguez”, y recordó que, mientras la Cámara Federal porteña le ordenaba al magistrado “la detención e inhibición de bienes” del ex secretario presidencial de la gestión kirchnerista, éste “sistemáticamente se negaba”.

De este modo, agregó la diputada, el juez “le daba tiempo a Muñoz (fallecido en mayo de 2016), que (en ese momento) padecía una enfermedad muy compleja, de finalizar su vida, y a su esposa (Pochetti) de diluir los bienes en un entramado de prestanombres y sociedades extranjeras”.

La cabeza

El abogado Ricardo Monner Sans, que ya había denunciado al juez Luis Rodríguez de cobrar sobornos, dijo en LN+ que, a su criterio, Cristina Kirchner es “la cabeza de todo este entramado”. Y añadió “fueron demasiados episodios por su contador y por Julio De Vido”.