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El gobierno avanza con la baja de la edad de imputabilidad - Edición Impresa - Política | Economía Política

A las puertas de la campaña electoral

El gobierno avanza con la baja de la edad de imputabilidad

  • Hubo consultas con legisladores oficialistas, que recibirán el proyecto el próximo martes de mano del ministro de Justicia. En tanto, Patricia Bullrich sostuvo que, con esta iniciativa, quien comete un delito grave “va a tener consecuencias graves”.
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Garavano y Bullrich. “El objetivo es que haya menos delincuentes”, aseguró la ministra de Seguridad.

Foto: NA

 

Redacción de El Litoral

politica@ellitoral.com

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanzó en el debate sobre una baja de la edad de imputabilidad y cómo enfrentar el fenómeno de la criminalidad entre los menores, al asegurar que “a partir de los 15 años”, quien comete un delito grave, “va a tener consecuencias graves”.

“Estamos mandando una ley al Congreso que es muy buena y muy inteligente. El objetivo es que haya menos delincuentes. La norma tiene dos objetivos: uno, que todo joven que comete un delito, no importa la edad, va a tener una consecuencia. Sea estudiar, o devolver lo que robó. Y dos, que a partir de los 15 años, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”, detalló.

La hoy muy cotizada integrante del gabinete de Mauricio Macri formuló estas declaraciones en Neuquén, en momentos en que el gobierno nacional impulsará la discusión sobre el proyecto en el marco de la campaña electoral.

Conforme a lo consignado por Bullrich, el proyecto de régimen de responsabilidad penal juvenil -que la Casa Rosada presentará en los próximos días y cuyos lineamientos principales ya fueron anticipados a los legisladores oficialistas- prevé la baja a los 15 años, la edad de imputabilidad de los menores para aquellos delitos considerados graves, que tengan una pena privativa de la libertad superior a los 15 años de prisión.

En consulta

Según consigna La Nación, el ministro de Justicia, Germán Garavano, convocó a diputados y senadores de Cambiemos para el próximo martes a un encuentro en la sede de la cartera a su cargo en el que les entregará el proyecto de ley redactado por la comisión especial que presidió el radical Ricardo Gil Lavedra.

El proyecto crea una “Justicia especializada” para los menores que baja de 16 a 15 años la edad de imputabilidad de los menores y establece penas de prisión para la tentativa y la comisión de los delitos de homicidio, violación, robo con armas de fuego y secuestro y extorsión.

Entre los 16 y los 18 años, los adolescentes serán sometidos a proceso cuando hayan cometido delitos con penas superiores a los dos años de prisión, pero los fiscales podrán optar por una serie de “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”, con el objetivo de evitar las privativas de la libertad.

“Necesitamos un sistema que haga ver a todo joven que infringió la ley que sus actos tienen consecuencias”, sostiene uno de los instructivos entregados a los legisladores en una reunión celebrada el jueves en la Casa Rosada.

Argumentos

En defensa de una iniciativa que generará polémica, sobre todo en un año electoral, el gobierno hará hincapié en que el régimen penal juvenil garantizará el debido proceso de los menores, situación no contemplada en la actualidad.

Que el sistema de minoridad vigente fue promulgado por la última dictadura militar, en 1980 y que tiene un sesgo inquisitivo y tutelar que no discierne entre menores en estado de vulnerabilidad de aquellos que violan la ley penal es otro de los puntos en los que el oficialismo pondrá énfasis a la hora de defender el proyecto.

En ese sentido, también se destacará que el sistema propuesto ofrece una serie de mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, cuyos principios de oportunidad quedarán en manos de los fiscales y que servirán como alternativas a la aplicación de penas privativas de la libertad de los menores y adolescentes.

Entre esas medidas figuran la mediación, la suspensión del juicio a prueba, la conciliación, medidas socioeducativas y disciplinarias y acuerdos restaurativos del daño producido por el menor en la comisión del delito por el que se encuentre procesado.

En los documentos distribuidos a los legisladores, a los que refiere el informe de La Nación, también se destaca que “se incluye a las víctimas en el proceso”, cuya opinión y consentimiento se tomará en cuenta al momento de decidir la aplicación de los mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos.

El régimen contempla, además, la capacitación de funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad y equipos interdisciplinarios para el abordaje de un sistema penal para menores y promete centros especializados para los casos en los que deban aplicarse penas privativas de la libertad.

Acceso a la información

Las organizaciones Directorio Legislativo, ACIJ y Poder Ciudadano presentaron un amparo ante la Justicia Federal, demandando al Congreso por no designar al titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública y no poner en funcionamiento el órgano que la Ley 27.275 obliga a crear en cada uno de los poderes del Estado.

La Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública, sancionada y publicada en el año 2016, estableció en su artículo 28 un plazo máximo de 90 días contados desde su publicación para crear la Agencia. A su vez, el artículo 24 de la ley instó a designar a su director “mediante un procedimiento de selección abierto, público, y transparente que garantice la idoneidad del candidato”, proceso que hasta el momento no fue convocado.

En este sentido, el amparo destaca que el incumplimiento en la designación del titular mediante un proceso abierto, público y transparente, genera que la Agencia no pueda organizarse, ni diseñar su estructura orgánica o prever su presupuesto, lo que obstaculiza su principal función, que es la de garantizar la implementación de la Ley de Acceso a La Información Pública en el Poder Legislativo Nacional.



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