Compromiso de Diputados para discutirlo en agosto
Apuran un proyecto para la protección de mujeres policías y penitenciarias
Proponen la creación de un Centro Integral con Perspectiva de Género que funcionaría en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Consideran que las normas orgánicas no reconocen derechos laborales y les dificultan ascensos en el escalafón.
En la presentación del proyecto fueron varias las uniformadas que se acercaron a Legislatura a respaldar la iniciativa. Foto: Flavio Raina
Mario Cáffaro
La diputada Alicia Gutiérrez (SI) logró tratamiento preferencial para dentro de dos sesiones -será en agosto tras el receso- al proyecto de ley de su autoría que propone crear un Centro Integral con Perspectiva de Género para mujeres policías y penitenciarias (Cipgen) que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El objetivo central es acompañar y apoyar a las agentes de ambos servicios de seguridad que hayan sufrido discriminación o violencia machista en el ámbito laboral.
Gutiérrez presentó el proyecto sobre fines de mayo y el último jueves logró dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías que ella misma preside. Ahora resta el paso por Presupuesto y Hacienda y por Asuntos Constitucionales y Legislación General. La firma del dictamen fue acompañada por un grupo de mujeres de ambos servicios que se acercaron a Legislatura a respaldar la iniciativa. En los hechos el proyecto surge de la inquietud de la llamada Red de Mujeres Policías de Santa Fe que empezó a interesar a los diferentes espacios políticos. Tania -prefiere que el apellido no se publique- admite que la falta de políticas de género en las fuerzas de seguridad está en todas las provincias e incluso en Nación. Refiere que la ley orgánica policial santafesina (12.521) fue dictada en 2006, es una de las más modernas del país y no tiene absolutamente nada de perspectiva de género. Ni que hablar del Servicio Penitenciario, ley orgánica dictada a fines de la década del 70 del siglo pasado.
“En Cipgen no es contra nadie”, aclara Tania quien explica que es necesario cuando las mujeres son víctimas de casos de violencia de género o violencia laboral en ambas instituciones.
“Las mujeres vienen denunciado situaciones cotidianas que padecen dentro de las fuerzas de seguridad, que van desde injusticias a la hora de tomar licencias, acceder a ascensos, realizar las mismas funciones que sus compañeros varones, hasta acoso sexual y otros tipos de violencia de género” marcó Gutiérrez quien recibió junto a legisladoras de otras fuerzas políticas a policías y penitenciarias.
No dejan de remarcar que a nivel nacional, una de cada cinco casos de violencia de género tiene como protagonista a un integrante de una fuerza de seguridad.
Tania y otras mujeres revelan varias situaciones que se dan en las instituciones que frenan sus carreras. Mencionan sanciones menores aplicadas por superiores que luego inciden en los concursos; desconocimiento de la jerarquía superior de la mujer durante un procedimiento por otros efectivos; dificultades en la tramitación de denuncias internas así como jefes que no aceptan a mujeres policías. En materia laboral, si bien el Ministerio de Seguridad reconoce el día femenino y licencias por maternidad, hay problemas con los espacios y horarios para amamantar.
“Necesitamos contar con un dispositivo que garantice a las mujeres que revisten como agentes en las fuerzas de seguridad, tanto de la policía provincial como perteneciente al servicio penitenciario, los derechos amparados en diversos instrumentos legales que propenden a eliminar la discriminación contra la mujer y la violencia de género”, añadió Gutiérrez. “El Estado no puede quedar ausente, dado a que es el primer responsable de cumplir con los derechos humanos amparados en la legislación vigente”, señaló la legisladora oficialista.
El Centro apunta a que las mujeres pertenecientes a ambas fuerzas vean respaldadas sus denuncias, a la vez que se garanticen todos los derechos constitucionales, además de las leyes y reglamentos propios de las fuerzas. Este dispositivo será principalmente para receptar las presentaciones de las mujeres que se encuadren en hechos de discriminación, violencia o cualquier otra situación relacionada con cuestiones de género, pero además a través de coordinadores y referentes se propiciará implementar programas que tiendan a eliminar toda forma de violencia y a promover la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la institución. En cuanto a la asistencia estará a cargo de equipos profesionales interdisciplinarios con perspectiva de género, que garanticen la inmediatez en el acompañamiento.
El proyecto
El dictamen de Derechos y Garantías mantuvo la estructura del proyecto de Gutiérrez que tiene 15 artículos y que determina que se garantizará asistencia y acompañamiento a mujeres policías y penitenciarias que sufran actos de discriminación o violencia de género establecidos en la ley nacional de protección integral de mujeres, la 26.485.
Luego establece las funciones que se le asignan al Cipgen que funcionará en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que contará con equipos interdisciplinarios para “garantizar la asistencia inmediata en toda la provincia”. Se determina además que todo el personal del centro revestirá como personal civil no pudiendo pertenecer ni haber pertenecido a ninguna de las fuerzas.
Dificultades que deben enfrentar
“Las mujeres policías, en sus relatos, ponen en evidencia la vulneración de los derechos amparados en todo el plexo normativo y como está enquistada aun en la institución policial la cultura patriarcal, lo que las deja además en una posición desigual respecto a sus compañeros varones” explicó Gutiérrez a El Litoral. Acotó que muchas conductas están naturalizadas, como por ejemplo, no acceder a las mismas tareas que los hombres en igualdad de capacitación, antigüedad, grado o jerarquía. Pero también marcó que “ante otras situaciones más graves como acoso o violencia hacia ellas, no cuentan con mecanismos seguros para denunciar. Nadie las escucha, o las denuncian no prosperan, con el agravante de las represalias que tienen que soportar. Son nuevamente víctima de medidas injustas y sin fundamento, por ejemplo, son trasladadas a lugares muy alejados de su residencia, no le otorgan las licencias legales, son obligadas a sacar licencia psiquiátrica sin motivo con las consecuencias que eso le acarrea. Además expresan su preocupación dado a que la violencia de género, en todas sus formas, es moneda corriente” relató.
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