Nueva denuncia
La situación de los DDHH en Venezuela empeoró desde el primer informe
Lo denunció la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Dijo que en los dos últimos meses hubo nuevas ejecuciones extrajudiciales de opositores y casos de tortura y malos tratos.
Redacción El Litoral
Telam
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que desde que publicara su primer informe sobre Venezuela, hace dos meses, empeoró la situación humanitaria en ese país, con nuevas ejecuciones extrajudiciales de opositores y “casos de tortura y malos tratos”.
Al hablar en la apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Bachelet afirmó que la oficina que dirige “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales, perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana, PNB) en algunas zonas del país”.
La ex presidenta de Chile dijo que recibió información de la ONG Monitor de Víctimas, que identificó 57 nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas solo en julio en Caracas.
“Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas”, sostuvo Bachelet.
En el informe publicado a principios de julio, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) afirmó que las fuerzas armadas y de seguridad venezolanas cometieron 5.287 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 1.569 entre enero y mayo de este año, según datos del propio gobierno chavista.
Asimismo, agregó que al cierre del informe había al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad y en lo que va del año 22 diputados de la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral), incluido su presidente, Juan Guaidó, habían sido despojados de su inmunidad parlamentaria. Esta cantidad aumentó luego, debido a nuevos fallos de los órganos chavistas.
Al respecto, Bachelet subrayó que el gobierno chavista no evidenció voluntad de atender el pedido del Acnudh de que disuelva la FAES y adopte acciones para evitar las ejecuciones extrajudiciales.
La titular del Acnudh reconoció que luego de que ella visitara Caracas a fines de junio pasado, las autoridades chavistas permitieron a su equipo volver a trabajar dentro de Venezuela y excarcelaron a 83 personas.
No obstante, remarcó que aún están pendientes la liberación definitiva de la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar, y que sigue habiendo denuncias de “casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares”.
Represalias
Por otra parte, Bachelet manifestó su temor por la probable sanción de una ley destinada a criminalizar las actividades de organizaciones humanitarias. “Si esta ley es aprobada y se aplica, reducirá más el espacio democrático”, advirtió.
Según la comisionada, algunas ONG que colaboraron con su informe fueron denunciadas públicamente y sus representantes, amenazados por altos funcionarios chavistas.
“Las represalias por colaborar con la ONU son inaceptables; insto a las autoridades a que tomen medidas preventivas”, dijo.
“También lamento los ataques del gobierno contra la independencia de las universidades”, agregó.
En otro orden, Bachelet advirtió que sigue empeorando la crisis económica y social en Venezuela, donde el salario mínimo mensual equivale a dos dólares, “lo que significa que una familia necesita el equivalente a 41 salarios mínimos para cubrir la canasta básica familiar”.
También destacó la situación de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas y tienen acceso limitado a tratamientos y remedios, así como la de al menos 39 personas que esperan viajar al exterior para recibir trasplantes.
En ese sentido, volvió a señalar el impacto que, a su juicio, generan sobre la situación humanitaria las sanciones económicas que otros países -especialmente Estados Unidos- impusieron al gobierno chavista.
Guatemala: el gobierno moviliza el ejército
El Ejército de Guatemala movilizó al menos 2.000 soldados a los 22 municipios de 6 departamentos del país declarados bajo estado de sitio, luego del asesinato de tres militares durante una emboscada por parte de narcotraficantes, “en busca de recuperar la paz y la tranquilidad”.
El ministro de Defensa, el general Luis Miguel Ralda, explicó que los operativos militares, acompañados de los agentes de la Policía, tienen como objetivo “llevar tranquilidad, paz y seguridad a las poblaciones de esos lugares” y admitió que “obviamente existe un ambiente de inseguridad por las extorsiones, el narcotráfico y otros delitos del crimen organizado”, que opera en esas regiones.
Sin embargo, el ministro de Defensa dijo que no existe un cartel específico de drogas, sino que “son diferentes los grupos que están operando, pero no se pueden revelar por motivos de seguridad”.
El titular de Defensa reveló además que las fuerzas de seguridad están en una tarea que conlleva la búsqueda de redes de extorsionistas que afectan a comerciantes y a redes de secuestradores.
“Estamos tratando de hacer el trabajo de la mejor forma posible sin violar los derechos humanos, en forma conjunta, en forma interinstitucional, para mantener la paz y la tranquilidad en la región”, afirmó.
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