Tribuna de opinión

La provocación antiagraria de Grabois

Por Néstor Vittori

El art.124 de la Constitución Nacional, reformado en 1994 en su parte final, dispone que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Si la tierra es un recurso natural, cualquier legislación respecto de su uso y disposición corresponde originariamente a las provincias.

Consecuentemente, cuando Juan Grabois plantea desde el plano nacional el objetivo de una “reforma agraria”, en su condición de ciudadano y de abogado no se puede excusar en un desconocimiento del derecho de tamaña magnitud.

Verdaderamente se puede concluir, que en su condición de provocador profesional, más allá de cualquier proyecto en tal sentido, el objetivo ha sido posicionarse en el extremo izquierdo del colectivo kirchnerista, irritar a los productores agropecuarios y sus organizaciones, y malquistar a estos con el posible futuro gobierno de Alberto Fernández.

No obstante, cabe señalar que el concepto de “reforma agraria” generalmente se esgrime como una amenaza política de la izquierda para condicionar los legítimos reclamos de marco institucional, estabilidad y seguridad jurídica que necesitan los productores para poder desarrollar su producción, que requiere importantes recursos económicos en términos de inversión, para producir un resultado por lo menos a 6 meses de distancia en la agricultura, y a dos años como mínimo en la ganadería, sin entrar a describir los plazos de otras producciones.

Cuando hay inestabilidad política e inseguridad jurídica, el productor reduce su riesgo invirtiendo en escalones menos intensivos tecnológicamente, y naturalmente menos costosos, aunque mantenga su producción, y eliminándola en sectores marginales en rendimiento.

La prueba más reciente de estas afirmaciones, fue el estancamiento de la producción agropecuaria durante la gestión kirchnerista, cuando se termino el “viento de cola” de los grandes precios internacionales que duplicaban los actuales en el caso de la soja. También la retracción en la siembra de trigo que llegó en 2014/2015 a la superficie más baja de los últimos 100 años.

La contrapartida fue la explosión productiva provocada por Macri al brindar un marco adecuado de estabilidad y seguridad para la producción, en un contexto de consideración y diálogo, que llevaron en esta última campaña agrícola al record de 145 millones de toneladas.

La izquierda argentina, infiltrada en el peronismo, llegó a producir un anteproyecto de ley agraria, que implicaba una reforma agraria elaborada por el equipo conducido por el Ing. Horacio Giberti, en el contexto de la conducción económica de José Ber Gelbard.

Afortunadamente, Perón -y una parte importante del peronismo- tenía claro la inconveniencia de abordar este tema, que ya había definido claramente en un discurso pronunciado el 11 de junio de 1953, que en uno de sus párrafos dice: “Cuando hablamos de latifundio, el peor latifundio es el de la tierra fiscal, que está abandonada, que no produce y no dejamos que produzca nada. En consecuencia, la reforma agraria debe empezar por el gobierno y por el Estado, entregando esa tierra fiscal para que sea elaborada; y entregándola en propiedad como dice la Constitución.

Este es el primer punto de la reforma agraria. El segundo es hacer producir a las tierras improductivas que hay actualmente en las zonas de producción”.

Más adelante dice: “Algunos hablan de latifundios, y muy pocos hacen mención a los minifundios. No hay que limitar inicialmente el máximo; lo que hay que limitar es el mínimo para no crear problemas en el futuro. Hay algunos que vienen y dicen: ¿ve esta compañía?, tiene acá veinte mil hectáreas que siembra y obtiene una producción extraordinaria. ¿Por qué no la divide? ¿Ustedes quieren algo más antieconómico que eso? Si se hacen producir veinte o cincuenta mil hectáreas y se saca a la tierra una gran riqueza, ¿Cómo vamos a dividir? Sería lo mismo que tomar una gran industria de acá y dividirla en cien pequeños talleres, para que sea antieconómica”.

Sin perjuicio del objetivo provocador del amague de Grabois, cabe señalar que en Argentina, a lo largo de los años y en distintas jurisdicciones provinciales, hubo concreciones importantes de “reforma agraria”, desde luego no en versión marxista o comunista, pero sí traducidas en colonizaciones, algunas muy exitosas, como la colonización de Aarón Castellanos en la segunda mitad del siglo XIX ,con la fundación de Esperanza y su distribución de tierras a colonos suizos, que fundaron el desarrollo de la agricultura moderna en la Argentina; también la de Casado del Alisal en el sur de la provincia, en principio en aparcerías y, posteriormente, producto del activismo agrario concretado por los colonos nucleados en la Federación Agraria, consiguieron transformarse en propietarios de sus tierras.

También cabe recordar la dolorosa experiencia de la “Jewish Colonization” que trajo a los colonos judíos que abandonó a su suerte en la terminal de riel, quienes luego se establecieran en la colonia de Moisés Ville.

A fines de los 50 se produjo la colonización del Cantón de Zarate, 25.000 hectáreas en la zona de Sa Pereira y algo después la colonización de parcelas de la cuña boscosa compradas a La Forestal en su retiro de la Argentina.

Creo que es necesario disociar el concepto de “reforma agraria” de connotación colectivista, del de colonización, que sin duda puede seguir siendo una herramienta útil, para el desarrollo de nuevas zonas productivas, como lo fue en el pasado con una perspectiva propietarista.

Será en todos casos potestad de cada provincia su evaluación conforme a la prescripción constitucional y su eventual puesta en marcha.

Creo que es necesario disociar el concepto de “reforma agraria” de connotación colectivista, del de colonización, que sin duda puede seguir siendo una herramienta útil, para el desarrollo de nuevas zonas productivas, como lo fue en el pasado con una perspectiva propietarista.

El concepto de “reforma agraria” generalmente se esgrime como una amenaza política de la izquierda para condicionar los legítimos reclamos de marco institucional, estabilidad y seguridad jurídica que necesitan los productores para poder desarrollar su producción, que requiere importantes recursos económicos en términos de inversión.