Media sanción en la Cámara de Senadores

Avanza una ley de gestión sobre residuos peligrosos

Se plantea una norma que regule el transporte y tratamiento de los desechos que constituyen un riesgo para la salud y el medio ambiente.

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Senador Armando Traferri

 

Redacción El Litoral

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Bajo el concepto de sustentabilidad y equidad intergeneracional, el Senado santafesino aprobó un proyecto de ley para la “gestión integral de residuos peligrosos”.

La iniciativa del jefe del bloque del justicialismo, Armando Traferri (San Lorenzo), consta de 27 artículos, divididos en nueve capítulos. El rigor del texto sancionado, su precisión, muestra la labor de las comisiones de Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente Humano, y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que modificó varios artículos.

El tema fue presentado por Traferri en noviembre de 2018 y llegó a la sesión del jueves 19, en el orden del día, a la Cámara alta que lo aprobó por unanimidad. La iniciativa pasó a Diputados, que tendrá la última palabra.

En los considerandos, el senador subraya que con la aprobación de la ley busca que “el tratamiento de los residuos peligrosos se realice lo más cerca posible de sus generadores, disminuyendo así los riesgos del transporte, el consumo de combustible y la generación de gases” y, de tal manera, “asegurar un ambiente sano y la sustentabilidad ambiental de las actividades industriales”.

Bases conceptuales

Son igualmente interesantes los principios rectores que se fija la norma en debate. Habla de la necesidad de guiar la “sustentabilidad y equidad intergeneracional” y define: “los responsables de la gestión de residuos peligrosos generados en actividades industriales o de servicios deben velar por la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras, mediante el uso y gestión apropiado y racional del ambiente”.

Del mismo modo, se reivindica el llamado “principio de congruencia”, es decir. que las regulaciones provinciales, municipales o comunales deben ser adecuadas a la ley propuesta.

El principio de “prevención” reclama que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se deben atender en forma prioritaria e integrada, para prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”.

Se sostiene el principio “precautorio”, que dice: “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

Quien genera es responsable

El inciso e) del artículo 2do es clave: habla de la “responsabilidad”, que ordena: “el generador de residuos peligrosos es responsable de los costos de las aciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que corresponden”.

A ese principio se agregan los de subsidiariedad y solidaridad, para explicar que la provincia tiene la obligación de “colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales”.

La mitigación de los efectos ambientales adversos y la prevención son también responsabilidad del Estado.

La norma propuesta contiene todo un capítulo dedicado a los generadores de residuos peligrosos. Y entre otras obligaciones, les ordena informar en detalle sobre sus envíos de residuos fuera de la provincia a la autoridad de aplicación, el Ministerio de Medio Ambiente.

La propuesta de Traferri plantea crear un Comité Intersectorial con representantes de ese ministerio, de la Secretaría de Transporte, de la Legislatura y de la Cámara de Operadores de Residuos Peligrosos de la Provincia.

Además, describe requisitos para los operadores de “extraña jurisdicción” y para los transportistas que provengan de otras provincias y trabajen en Santa Fe.

Fondo y tasa

Se impulsa la creación de un Fondo de Control y Fiscalización de Residuos Peligrosos que tiene una fuente identificada: la nueva tasa ambiental, “equivalente al precio de medio litro de gasoil (de máxima calidad) por cada kilogramo de residuo peligroso que se transporta para su tratamiento o disposición final en extraña jurisdicción, a cargo del generador de los mismos”. El depósito de ese gravamen será “condición necesaria para que la autoridad de aplicación ambiental autorice el envío de residuos peligrosos a extraña jurisdicción”.

Sólo no pagarán esa tasa los generadores cuyos residuos peligrosos “no puedan recibir tratamiento en la provincia”.