Santa Fe debe aplicar la Ley Micaela
La Ley de Capacitación Obligatoria en Género lleva el número 13.891
Los empleados que se desempeñan en los tres Poderes del Estado Provincial y en los organismos descentralizados deberán asistir a cursos, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
Redacción El Litoral
El gobernador Miguel Lifschitz firmó el decreto que promulgó, con el Nº 13.891, la ley que dispone “la adhesión de la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integren los tres Poderes del Estado”.
Se trata de la norma que a nivel nacional se conoció como “Ley Micaela” -en nombre de la militante feminista violada y asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos- que establece “la capacitación obligatoria en Derecho y Perspectiva de Género y prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
La adhesión santafesina a la ley nacional identifica como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Políticas de Género, o el organismo que la reemplace. Será “quien articulará con los Colegios de Abogados de la provincia, para el desarrollo de la capacitación, pudiendo hacer extensiva la convocatoria a otros organismos vinculados a la temática”.
Para los Concejos
El último de los artículos de la norma es clave para extender a cada ciudad y pueblo de la bota el cambio cultural que supone la Ley Micaela a nivel nacional. Dice simplemente “invítase a los Municipios y Comunas a adherir a la presente ley”.
Para las comisiones comunales y los Concejos Municipales, la adhesión a la ley provincial implicará adoptar la normativa nacional y, con ello, dejar sentada en una ordenanza la obligación de la capacitación para los empleados municipales.
Durante el debate en la Legislatura santafesina, e incluso antes de que la Cámara de Diputados comenzara su labor en comisiones, algunas municipalidades se adelantaron a la norma provincial. E incluso, parte de ellas enviaron notas a la Legislatura santafesina en favor de la adhesión a la ley nacional.
Entre otros, los concejos municipales de Santa Fe y de Santo Tomé lo solicitaron formalmente a sendas Cámaras. Los ediles de la capital provincial aprobaron un proyecto de comunicación en favor del Mensaje del Poder Ejecutivo Provincial enviado a Diputados.
Por otra parte, es interesante el caso de Rosario, y otras administraciones municipales del sur santafesino -como Firmat y Villa Constitución- que, en marzo de este año, comenzaron a llevar a cabo capacitaciones de género para sus agentes.
Rechazar capacitación es una “falta grave”
Micaela García fue una de las militantes más activas del “Ni una menos”. El femicidio de la joven en Entre Ríos precipitó la norma que busca educar contra la violencia de género.
Entre los puntos más importantes contemplados en la Ley Nacional Nº 27.499 se destaca el carácter obligatorio de los cursos de capacitación que el Estado organice para su personal.
Establece como “falta grave negarse a cumplir con esa capacitación, lo que dará lugar a sanción disciplinaria y obstaculizará los ascensos”.
La ley prevé la participación -en todas las instancias- de las organizaciones sindicales del sector en resguardo de los intereses de las personas que trabajan en la función pública, y encomienda al Consejo Nacional de las Mujeres diseñar los contenidos mínimos curriculares, en un plazo máximo de 180 días desde la promulgación de la ley.
Dispone que esos contenidos deben velar por la sensibilización de las personas en función de prevenir la violencia de género a través de provisión de estándares, protocolos de trabajo y recomendaciones de buenas prácticas.
También la ley ha previsto que en los materiales de capacitación exista una reseña de la vida de Micaela García, militante social y política en cuya memoria se instituye este programa, y de otras víctimas de femicidio, así como de la historia de organización y lucha del movimiento de mujeres en Argentina.
“LIVIANDAD”
Sobre el proyecto de ley anunciado por el presidente Mauricio Macri, que establece la emergencia en violencia de género, la diputada provincial Silvia Augsburger consideró “transformador” que la agenda de género esté presente en la campaña de los candidatos. Pero cuestionó duramente la “liviandad para anunciar, sin cifras oficiales, que en tres años se van a disminuir en un 30 % los femicidios”.
“Hay que revisar cómo actúa el Estado en cada decisión”
Nancy Balza
La diputada provincial Silvia Augsburger (Igualdad y Participación) evaluó que la aplicación de la Ley Micaela “va a cambiar la perspectiva del Estado frente a cada una de sus acciones, porque lo que se va a hacer es capacitar a sus agentes en una temática que está absolutamente naturalizada y asumida como tal, que es la discriminación hacia las mujeres”.
La legisladora impulsó desde un primer momento la adhesión provincial a la Ley Nacional 27.499, y este lunes dialogó con El Litoral, luego de conocerse su publicación en el Boletín Oficial. En ese marco, reflexionó que “será fundamental reglamentar esta ley con mucha experticia, a partir de lo que visibilizaron las organizaciones de mujeres”. En particular, evaluó que las organizaciones sindicales del Estado tendrán que participar en la reglamentación porque, sobre todo las mujeres de esos espacios, han venido trabajando ya en la temática”.
En otro punto, aclaró que las capacitaciones son un “mandato de las convenciones internacionales a las que la Argentina adhirió y de la ley nacional de protección integral contra toda forma de violencia que refrendó la provincia. Por otra parte, uno de los casos emblemáticos que involucró al ahora destituido juez Nicolás Muse Chemes fue el conocido como C.E.R. “Por ese caso, el Estado santafesino tuvo que hacer una reparación a la víctima, y entre las medidas dispuestas se incluyó la obligación de capacitar en perspectiva de género en el ámbito de la Justicia”.
—La capacitación es para los tres poderes, pero se suele señalar al Judicial como el que más requiere la incorporación en perspectiva de género. ¿Coincide en esa opinión?
—Hoy el Poder Judicial está mostrando el cuello de botella en atención de violencia. Hasta hace muy poco, las mujeres no denunciaban. Hoy lo hacen y vemos casos en que la decisión es equivocada, cuando no se protege a la mujer ante el primer llamado y ocurren femicidios, o fallos aberrantes y absolución como fue en el caso de Micaela García. La violencia es discriminación y el primer nivel es la política pública. La política pública es la que tiene la posibilidad de desarmar la discriminación y esa política es la que está sosteniendo estos patrones culturales.
—¿De qué manera lo hace?
—Hay que revisar la manera en que actúa el Estado en cada una de sus decisiones. Por ejemplo: si avanzo en internación domiciliaria, que es una experiencia propuesta por parte de la salud pública para diminuir las infecciones intrahospitalarias, pero no veo que esa atención recaiga nuevamente en una mujer que de esa manera no va a poder salir a trabajar fuera de su casa, entonces esa política pública está sosteniendo un patrón de discriminación.
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