Análisis

Por Vanesa D’Elia (*)

Se termina una gestión de gobierno y con ello comienzan los balances. Haciendo un poco de memoria, el sistema previsional fue uno de los primeros sectores al que se le aplicaron reformas. El primer intento de cambio, que estoy segura que muchos poco recuerdan, fue en la fórmula de movilidad previsional, cuando a comienzos de 2017 se intentó modificar el cálculo cambiando un “dividido dos” por una “raíz cuadrada”. Y si bien, para ser rigurosos, ninguna de estas operaciones aritméticas eran del todo correctas para hacer la semestralización que planteaba la fórmula, tampoco significaba una modificación significativa en el resultado final. Es así que, ante las primeras críticas por querer cambiar el modo de actualizar las jubilaciones, el gobierno decidió dar marcha atrás con la propuesta.

Finalmente, el cambio de fórmula se dio a fines 2017, con la aprobación de la Ley Nº 27.426. Se dejó de lado la discusión de la raíz cuadrada y se pasó a un mecanismo de actualización trimestral de las jubilaciones, promediando la inflación (en un 70%) y la variación de los salarios (30%). El principal conflicto surgió cuando al combinar la fórmula anterior con la nueva, tres meses de incrementos en estas variables no fueron contemplados en los cálculos. Así, como los aumentos partieron de un escalón más bajo, todas las jubilaciones perdieron por la falta de un correcto empalme. Si a esto se le suma que la movilidad otorgada se calcula con variables que están rezagadas seis meses y que los salarios cayeron en términos reales, el resultado final ha sido una pérdida en torno al 20% del poder adquisitivo de los haberes previsionales desde que la nueva fórmula entró en vigencia.

Esta misma ley también establece que los beneficiarios que no se jubilaron por moratoria tendrán un haber mínimo equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil. Y aunque esta modificación fue presentada como una ventaja para quienes hayan aportado 30 años al sistema jubilatorio (un poco más de 1,2 millones de jubilados), sólo en la mitad de los meses desde la aplicación de esta norma el diferencial ha sido efectivo.

Otra de las reformas del sistema llegó de la mano de la Ley Nº 27.260. Por un lado se creó la Prestación Universal para el Adulto Mayor. Universal en sus orígenes, con un haber igual al 80% de la jubilación mínima, permitió que cerca de 140.000 adultos mayores ingresen al SIPA. Una modificación que se postuló en la Ley de Presupuesto 2019 y que pasó bastante desapercibida fue la incorporación de criterios socioeconómicos como requisito para acceder al beneficio. Este cambio en las reglas de juego significó quitarle el espíritu original a la prestación y pasar a un esquema de focalización de la protección social.

Se creó asimismo el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Cerca de un millón de beneficiarios (menos de la mitad de los originalmente proyectados) adhirieron al programa y sólo un poco más de 54.000 de casos renunciaron al juicio. De aquellos que adhirieron al plan, el 40% salió del segmento de jubilados que cobraban el haber mínimo y el haber promedio mejoró un 38% con la recomposición. Sin embargo, aún quedan cerca de 220.000 de litigios en trámite.

Esta ley también creó el Consejo de Sustentabilidad Previsional con un objetivo concreto: elaborar un proyecto de reforma integral del sistema. Esta propuesta debía ser elevada al Parlamento en julio de 2019. Sin embargo, no sólo que no se ha presentado ningún proyecto, sino que tampoco se dieron a conocer los avances que el Consejo haya trabajado desde su creación.

La reforma del sistema es todavía una caja negra que no puede ser examinada sin tener en cuenta las interconexiones con el resto de la economía. No se puede definir cuántos meses de cotización se necesitan para jubilarse si no analiza al mismo tiempo el mercado de trabajo y la informalidad laboral; no se puede diseñar un esquema de cobertura previsional universal si no se articula con otros planes de protección social ya existentes; no se puede pensar en la suficiencia de las prestaciones si no se discuten las inequidades dentro del mismo sistema por coexistir regímenes especiales con un régimen general; no se puede analizar la sustentabilidad financiera sin discutir qué parte del Presupuesto acepta la sociedad destinarle a la seguridad social. Una vez más, la reforma integral le quedará como tarea a la próxima gestión. Y para que la discusión tenga éxito, es esencial que los distintos actores sociales estén involucrados en el proceso.

(*) Dra. en Economía, Profesora de Economía, UCEMA

Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.