Pamela Figueroa Rubio, politóloga

“Chile requiere un nuevo pacto social, una nueva Constitución”

“Los niveles de desigualdad se pudieron mantener hasta un cierto punto y eso hoy en día es insostenible”, dice la politóloga chilena Pamela Figueroa.

Gabriel Rossini

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Un aumento del 4 % en el precio de las tarifas del metro en horario pico desató una reacción furiosa de buena parte de la sociedad chilena, que desde el viernes se manifiesta en todo el país, ya no sólo contra la medida, que fue derogada, sino que desató una crisis política e institucional, que hasta este mediodía se había cobrado 15 víctimas como consecuencia de la represión ordenada por el presidente Sebastián Piñera.

“Hay que entender que en Chile existe todavía una derecha pinochetista. El ministro de Interior, Andrés Chadwick, era en su juventud cercano a Pinochet. No es tan extraña su visión de cómo controlar una crisis social, porque finalmente la ve como la acción de un grupo de vándalos y no dimensiona ni reconoce la crisis social. Hay que esperar que la derecha que está en el Congreso y la centro-izquierda empiecen a buscar una conversación. Mientras tanto, la gente va a seguir movilizándose, defendiendo su derecho a la libertad de expresión y de movimiento, mientras el gobierno sigue con su tesis de seguridad. Está difícil, lo estamos pasando mal”, dice la politóloga chilena Pamela Figueroa Rubio.

—Hace unos días, el presidente Piñera dijo que Chile era un oasis en el contexto de los países de América Latina. ¿Qué pasó para que en tan poco tiempo todo cambie?

—El presidente planteó esa tesis para diferenciarse de otros países de América Latina y porque tiene el desafío de la Apec y la COP25 antes de fin de año, donde se esperan líderes de todo el mundo. Piñera venía ya con una crisis interna, con dificultades para gobernar, porque no tiene mayoría en el Congreso. En una estrategia que usan muchos presidentes, puso el foco en política exterior, en un liderazgo mundial que muestra a Chile como un oasis. Pero el problema social que explotó venía desde bastante tiempo. Ya en 2006, hubo un impulso de los movimientos sociales, que tiene un repunte en 2011 con las movilizaciones estudiantiles y hoy hay una inflexión de ese proceso. Chile es un país que ha tenido estabilidad democrática, que ha tenido políticas sociales para atacar la pobreza, pero llegamos a un punto donde se requiere una reconfiguración del pacto social.

—Bachelet en su segundo gobierno propuso una serie de reformas.

—Esas reformas avanzaron hasta que hubo cambios políticos y de coalición. El discurso del presidente Piñera en su primer año de su segundo mandato fue muy a contracorriente de esos avances sociales. Y eso está cobrando un costo, como muestra cualquier análisis sobre los retrocesos en los beneficios de la sociedad, sobre todo en una con altos índices de desigualdad, que son insostenibles. Académicos e instituciones venían advirtiendo esta situación, y la realidad latinoamericana nos mostró que nosotros también tenemos un patrón histórico donde hay un modelo de desarrollo que ya no resiste más. La sociedad cambió y se requieren otras cosas. Además Chile tiene un problema institucional: un hiperpresidencialismo con un congreso fragmentado. Piñera gana la elección en segunda vuelta, eso generó una mayoría ilusoria, pero tiene minoría en ambas Cámaras, y eso hace que todo su proyecto político no logre avanzar. Entonces lo que hace es contradecir al gobierno anterior de Bachelet y retroceder en la gratuidad de la salud, en la reforma tributaria y las políticas sociales que buscaban disminuir las desigualdades. Eso generó una coyuntura histórica que con un medida muy puntual que fue el aumento de las tarifas del metro, golpeó a la sociedad de manera fuerte.

—Chile tiene una composición de su clase política muy distinta a la de la Argentina.

—Existe una oligarquía política, que siempre genera tensión cuando empieza a perder privilegios. Y es muy endogámica.

Previsiones

—¿Esta clase política no vio venir esta crisis, como sí lo hizo Bachelet con sus reformas sociales de su segundo mandato, que de alguna manera percibió los síntomas de esta situación que terminó explotando?

—La presidenta Bachelet tomó decisiones correctas, porque tuvo la capacidad de hacer un diagnóstico muy real de la sociedad chilena. Su segundo gobierno es muy distinto al primero. Entre ambos estuvo en Naciones Unidas y tuvo la capacidad de mirar Chile desde afuera, de tener una visión de lo que estaba pasando a nivel global y eso le permitió hacer ese diagnóstico más certero. Pero tuvo oposición no sólo desde la derecha, sino también desde los sectores conservadores de la centro-izquierda, que pensaban que se podía seguir gobernando con este equilibrio precario. Los niveles de desigualdad se pudieron mantener hasta un cierto punto y eso hoy en día es insostenible. Claramente, Chile requiere un nuevo pacto social, una nueva Constitución. Tenemos un sistema político que está bloqueado, trabado, ha costado mucho generar espacios de inclusión. Entre 2014 y 2018, hubo varias reformas políticas, al sistema de partidos, de financiamiento, por primera vez hubo ley de cuotas. Eso ha permitido que el Congreso se haya ido renovando, pero es necesario hacer una reforma institucional. Pero el presidente en vez de referirse a la inclusión y a la integración habló de que el país estaba en guerra, se refirió a amenazas concretas que no detalló, y eso en vez de ayudar a distender la crisis la agudizó.

—Cómo habrá sido de temeraria esa afirmación que el jefe de la seguridad tomó distancia y dijo que él era un hombre feliz, que no estaba en guerra contra nadie.

—Pero el ministro de Interior, poco después volvió a referirse al concepto de guerra. Es una tesis política de una derecha que se ha ido radicalizando. El primer gobierno de Piñera fue de centro-derecha, pero éste es un gobierno de derecha. Y en la derecha chilena son liberales en lo económico, pero muy conservadores. Muchos de ellos tienen un discurso bastante autoritario y no están dispuestos a abrirse a un diálogo que genere cambios en la estructura social de Chile.

—Pero si no lo hacen van a llevar al país a un callejón sin salida.

—Así es. Creo que todos deben buscar el diálogo y las soluciones. Hay mucha información que el gobierno no está dando. Creo que toda la sociedad chilena transversalmente condena la violencia que ha sido no en las manifestaciones sino en la noche, en la oscuridad. Para los que vivimos la dictadura, es muy duro sentir la sensación de que volvemos a estar en toque de queda. Y los jóvenes que nacieron y se criaron en democracia no tienen miedo y están saliendo a las calles. También salieron a protestar los mineros, los portuarios, los transportistas. La movilización social es amplia, por eso es muy extraño este discurso del gobierno contra la delincuencia y el crimen.

—Lo que hizo el gobierno de Piñera fue criminalizar la protesta social.

—Sí y es gravísimo, porque hemos visto lo que ha pasado en otros país. Esto lleva a debilitar la democracia y a fortalecer un discurso autoritario. Es muy triste que un gobierno que llegó al poder por vía de la democracia tenga una tesis de guerra, eso es condenable y hay que advertirlo.

Perspectivas

—Hubo declaraciones despectivas de funcionarios del gobierno hacia quienes protestaban. El ministro de Transporte, por ejemplo, les aconsejó levantarse más temprano para no pagar el aumento de la tarifa del metro.

—El ministro de Economía le dijo a los románticos que compren flores porque el precio de las flores habían bajado. El sueldo promedio de los chilenos es de 400 mil pesos y gastan en transporte más de 30 mil pesos mensuales. Eso es individual. Hay que multiplicarlo si es una familia. En la mayoría de los hogares, las jefas de hogar son mujeres. Es cierto que se han hecho esfuerzos para disminuir la pobreza, pero no la extrema pobreza y la desigualdad. Y eso requiere otro tipo de políticas.

—¿Las declaraciones del jefe de seguridad pueden dejar entrever que no todos en el gobierno están de acuerdo con el estado de guerra que declaró Piñera, que el problema no se soluciona a los tiros ni con las tanquetas en la calle?

—Sí, creo que hay distintas posiciones dentro de la elite y del gobierno. Lamentablemente está primando la tesis del gobierno. También las fuerzas armadas y los carabineros tuvieron sus crisis el año pasado por corrupción y eso significó un cambio en todo el alto mando. Vamos a ver qué pasa con la relación civil-militar donde se ve claramente una fragilidad y es de verdad impactante para la sociedad chilena que sean los militares que pongan la nota de cordura.

—Se puede inferir que los militares que hacen su trabajo en las calles y están en contacto con la gente y viven en los barrios donde viven los manifestantes saben de qué se trata la protesta, porque ellos lo padecen.

—Sí. También espero que los militares en Chile y en América Latina hayan aprendido. Está volviendo a tener un rol en la política y creo que saben que si ellos se involucran también van a pagar un costo. Están pasando muchas cosas muy rápido. Yo iba en el metro cuando se desató la protesta y el malestar en la calle contra la elite, las autoridades, los que tienen privilegios se sintió y se expandió muy rápido.

—Además de los reclamos por la desigualdad, se ven muchos testimonios centrados puntualmente en la cuestión de la educación.

—En 1980, Pinochet dictó una ley orgánica constitucional y privatizó la educación. En Chile no existe el derecho a la educación sino el derecho a la libertad de educación. Como la educación es privada, los jóvenes vienen de familias que tuvieron que endeudarse para que ellos pudieran estudiar. Son deudas similares a comprar una casa. Ellos saben que sus padres hicieron un tremendo esfuerzo, viven con sueldos precarios y siendo profesionales están tan endeudados que tampoco van a resolver su situación. También para ellos va a ser muy difícil hacer su propia vida.