La recolección de residuos, otra vez en la agenda legislativa

Concejo: “Preocupación” por el portazo de Cliba, una auditoría y cruces políticos

Con una declaración, los ediles expresaron públicamente su “preocupación por el estado de incertidumbre” en que quedó la ciudad tras la rescisión del contrato que mantenía con el Municipio, la cual no seguirá operando. En el medio, una auditoría del Tribunal de Cuentas que generó polémica.

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La rescisión del contrato de la prestataria de un servicio clave para la ciudad, en el debate legislativo. Foto: Archivo El Litoral / Flavio Raina

 

Luciano Andreychuk

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“En algún momento el tema iba a explotar...”, dijo un cronista anticipando lo que se venía en el recinto. Por a través de los vidrios de la sala donde los concejales estaban en reunión parlamentaria, previo a la sesión, se traslucían algunos brazos que se movían como alterados, y se oían voces en tono elevado. La rescisión del contrato de Cliba, que desde hace dos décadas presta el servicios de recolección de residuos en la ciudad, ahora en retirada —aduciendo una deuda de $306 millones por parte del Municipio—, generó que el tema volviera al debate parlamentario local.

Se aprobó una declaración donde el Concejo, como órgano legislativo, expresó su “preocupación” por “el estado de incertidumbre en la ciudad con relación a la prestación de parte del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, a raíz de la rescisión contractual unilateral de la empresa Cliba”. La iniciativa, de Franco Ponce de León (Creo-FPCyS).

Fue el edil frentista quien pidió primero la palabra para hablar. “Lo veníamos advirtiendo, con pedidos de informes y resoluciones. El Municipio no daba información, sólo explicaciones escuetas”, cuestionó. Aludió luego al Informe Definitivo de Auditoría Nº 05/19, que elaboró el Tribunal de Cuentas Municipal (TCM) a pedido del propio Concejo, fechado el 23 de octubre, donde releva el servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza que se presta en la capital, y que llegó al Concejo.

Puntualizó tramos de lo que dice esa auditoría. “Hay cosas cuanto menos llamativas”, dijo. Citó la implementación de un sistema de gestión de higiene urbana a cargo de la firma Pagusthech SRL. Esta empresa contratada pone dispositivos eléctricos a los camiones de residuos y realiza soporte tecnológico: “Pero esto tiene un costo de $ 8.700 millones mensuales más que pagamos todos los contribuyentes, y sus insumos están en comodato: es decir, cuando termine (la empresa) se lleva todo el software”.

“¿Satisfactorio?”

Otro de los puntos que le llamó la atención a Ponce de León fue la consulta del TCM a algunas vecinales, y que figuran en la auditoría: “En la de barrio Candioti, los vecinalistas le otorgaron una ‘distinguida calificación’ al servicio prestado por Cliba. En la vecinal de barrio Roma, prestada por Urbaser (Urbafe), la calificación fue ‘muy buena’. Y marcó otras “inconsistencias técnicas”, a su criterio, del informe del TCM.

Finalmente, leyó un fragmento de la conclusión final del informe del TCM: “El servicio de recolección barrido y limpieza en la ciudad por parte de las empresas concesionarias ‘resulta satisfactorio’. Reitero: ‘Satisfactorio...””., y deslizó una pausa. Después, Ponce de León mostró desde su banca lo que entendió como la contrapartida: fotos de basurales a cielo abierto y montículos de ramas sin retirar.

Precariedad jurídica

Ignacio Martínez Kerz (PJ - Santa Fe) volvió sobre la “precariedad jurídica” de la prestación del servicio, que a su vez es el que “mayores erogaciones representa para la Municipalidad. Esto era una bomba de tiempo”, advirtió. Y luego habló de la auditoría: “Su resultado es más que contundente. En las conclusiones señala que los servicios concesionados están con plazo vencido y que, en ningún caso, la precariedad debió superar la fecha tope del 31 de mayo de 2008. Ahí, debíamos tener un servicio licitado”.

“Todas estas conclusiones del TCM nos dan la certeza de lo que advertíamos desde hace mucho tiempo: era como lo suponíamos. Si le tenemos que poner una nota al servicio de colectivos, esa nota es muy mala; y la nota para el servicio de recolección de basura, serían peor aún”, calificó el edil justicialista.

“Abismo”

El sistema de recolección de residuos “está al borde del abismo”, advirtió Leandro González (FPCyS). Aseguró que su planteo no es exagerado ni antojadizo: “No se tomaron los recaudos a tiempo, y esto habla de la situación en que estamos con este tema”. Además, interrogó en voz alta por qué este problema se produce a 40 días del cambio de gobierno local, donde Emilio Jatón (de su bancada) asumirá en el Palacio Municipal en lugar de José Corral. “No pasó hace un año, ni dos, esto pasa ahora. ¿Por qué?”.

Recordó que en octubre de 2018, el Concejo aprobó una resolución (Nº 19.894) donde se le requería al Ejecutivo iniciar un proceso de discusión sobre la elaboración de pliegos para un posterior llamado a licitación pública del servicio de recolección de basura. “¿Qué se nos contestó al respecto (desde el Municipio)? ‘Sin observaciones: vuelve al Concejo’”, se quejó.

“Sabíamos que (debatir los pliegos para licitar el servicio) era un camino complejo donde se necesitaban consensos con actores públicos. Así, pasamos de aquella discusión macro a no saber hoy si va a haber o no sistema de recolección: caímos cinco escalones: ahora se va Cliba, la empresa dice una cosa y el Municipio otra”, cuestionó.

Lo que hace la actual administración es, para el concejal frentista, tirarle la pelota a la próxima: “Que ‘ellos’ (por la gestión futura de Jatón) vean si pagan la deuda, si licitan, si municipalizan el servicio...”. Pidió al actual Municipio tome las medidas para que garantice el servicio en forma previsible, y que esté a la altura de la demanda de los barrios.

“Ni tan grave ni tan crítica”

Desde el oficialismo, Carlos Pereira (Bloque UCR-Cambiemos) dialogó con la prensa sobre este tema. “Creemos que (Cliba) es una empresa que se está retirando del negocio en otros puntos del país. En estos días se está viendo una situación similar en Neuquén. Más allá de esto y de los motivos que tienen cada una de las partes, hay ciertas cláusulas contractuales que tienen que ser respetadas. Hay un tiempo suficiente donde la empresa está obligada a prestar los servicios, y que sería hasta abril-mayo (de 2020)”.

“La situación no es tan grave; pues no hay ningún tipo de planteo por parte de las otras empresas que vienen prestando el servicio con normalidad, y que no plantearon a futuro ninguna cuestión grave ni crítica. Estamos (con respecto a Cliba) ante una instancia no querida, complicada; es decir, tener que reemplazar en unos meses una empresa prestataria del servicio de recolección. Pero hay un tiempo suficiente para que esto se pueda hacer”, aseguró Pereira.