Controversia en torno a la iniciativa

Reducción de multas: Lifschitz analiza si veta o promulga la ley

El gobernador dijo que aún no tiene una decisión tomada sobre el futuro de la norma. Admitió que fue votada por unanimidad, pero también se hizo eco de los cuestionamientos de entidades que trabajan sobre la problemática vial, y objetan que se haya reducido el monto para sancionar a los infractores.

 

Redacción de El Litoral

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El gobernador Miguel Lifschitz admitió que estudia vetar o promulgar la ley recientemente sancionada en la provincia para reducir a la mitad el valor de las multas por infracciones de tránsito. “Lo estamos estudiando. Hay pedido de varias organizaciones que piden vetar la norma, pero también es cierto que la iniciativa tuvo un amplio debate y fue aprobada por unanimidad de las dos Cámaras”, dijo el gobernador consultado por la prensa.

En 18 de octubre pasado, el Senado provincial aprobaba el texto girado por Diputados para rebajar un 50% el monto de las multas, y se estipulaba un monto máximo de 7.500 pesos. Ello, con el argumento de que los valores vigentes se habían tornado absurdos e impagables, desde el momento en el que la cifra se determinaba en función del precio del litro de nafta.

Pero a pocas horas de la sanción de la iniciativa, varias organizaciones no gubernamentales que trabajan para prevenir los accidentes de tránsito hicieron llegar una nota al gobernador, reclamando el veto de la norma. El Poder Ejecutivo tiene diez días hábiles desde la sanción de la ley para vetarla o promulgarla, por lo que en las próximas horas debería conocerse la decisión del mandatario.

Oposición

En diálogo con El Litoral, Mariana Sena, perteneciente a la institución Compromiso Vial, explicó por qué se oponen a la reducción de multas. “Como asociación civil venimos desarrollando una serie de acciones, encuentros y capacitaciones. Siempre estamos en contacto con las otras entidades, y todos tenemos un acuerdo respecto de que el Estado debe aplicar políticas públicas bien claras e inmediatas para que los conductores que no se apeguen a las normativas y las violen reciban sanciones efectivas, con el fin de que cesen en esas conductas. Es necesario que no haya lugar a especulación. Las sanciones tienen que servir para frenar esas actitudes. Hay como acuerdos generales que tienen que ver con políticas en torno a la velocidad, el alcohol cero; a fomentar otro tipo de ciudad donde se promueva el tránsito con seguridad para peatones, bicicletas, transporte público, y en última instancia, el vehículo particular”, argumentó.

Sobre esa base, consideró que “avalar desde el Estado este tipo de medidas de reducción de multas va a contramano de todo lo que venimos trabajando. No sólo porque se legisla a partir de una actitud reiterada de personas que han demostrado un desapego a la normativa, sino porque además es un contrasentido: si la idea es que esa persona reflexione y recapacite, tampoco creemos que haciéndole un descuento del 50% se ayude a ese conductor a cambiar de actitud”. Sena advirtió que como asociación “pensamos muchas otras estrategias, entendiendo que lo que hay que trabajar es la conducta”.

Sin diálogo

Para la representante de Compromiso Vial, reducir las multas “relaja el sistema y refuerza este sentido de no implicancia que tiene la persona que comete una infracción, porque lo que tenemos que buscar es que toda la comunidad se implique en el tránsito y que esa forma desaprensiva de pensar que todo le sucede al otro, no sea así. Nosotros compartimos un espacio público, y nuestra conducta individual afecta de manera directa o indirecta al otro. Este tipo de leyes nos alejan de este sentido”, insistió.

En otro orden, consideró “preocupante y muy triste” que la Legislatura provincial haya tenido sólo esta ley sancionada en materia vial. “Si la actividad legislativa derivó en esto es porque no pensaron otra cosa, no escucharon otra cosa, no se acercaron a las instituciones y siguen sin escucharnos. No se acercan, no se instruyen, no acercan un proyecto -lamentó-. Si ellos elaboran una iniciativa como ésta, cómo no van a buscar consenso. A nosotros nunca nos consultaron, jamás. Creemos que si hay leyes que tienen que ver con el bien común, tienen que ser acordadas. Cuando imaginaron este proyecto, ¿no pensaron que nos íbamos a oponer? Era una reacción natural”, concluyó.

Recaudación

“El fin de una sanción es prevenir; disuadir el exceso de velocidad. No puede ser una herramienta de recaudación o tener valores confiscatorios. Que una persona tenga cuatro infracciones y tenga que pagar 50 mil pesos me parece un abuso del Estado”. Con esas expresiones defendía la iniciativa en el recinto poco antes de votarla el senador radical Lisandro Enrico.