Conflictividad en ascenso
La ruralidad se abroquela ante los invasores urbanos
El ecobullying -hostigamiento y difamación- sobre los productores elevó la tensión social en uno de los pueblos aledaños a Rosario. El gobierno local se aprestaba a restringir la actividad agrícola, pero las fuerzas vivas lograron aplazar la iniciativa y ahora apuntan a unificar la regulación entre las comunas de la zona. En otras zonas de la provincia trabajan para anticiparse a estos conflictos.
Juan Manuel Fernández
Tras la escalada de tensión y psicosis social autogenerada por los nuevos residentes de Coronel Domínguez (departamento Rosario) ante cada tarea agrícola de sus vecinos productores, la comuna local se disponía a diseñar una nueva normativa para implementar una mayor restricción a los trabajos con productos fitosanitarios. Pero un grupo de dirigentes, asesores, agricultores y contratistas hicieron entrar en razón a las autoridades, logrando suspender el corrimiento de la línea agronómica que tenían en carpeta. Ahora, junto a otras localidades, buscarán encarar el problema de manera regional, para que varios pueblos de la zona estandaricen regulaciones y así dar garantías sanitarias a los residentes y preservar el derecho de los productores -que llevan generaciones allí- a seguir trabando su tierra.
El de Coronel Domínguez se perfila como un caso testigo de las decenas o centenas de situaciones similares que ocurren en toda provincia (y en otras), donde el activismo radicalizado y constante de una minoría que persigue fines políticos disimulados en consignas ecológicas acorrala a las autoridades locales, quienes ante la inexistencia de una contraparte organizada (los productores) se ven intimidadas y tienden a ceder a esas presiones. El común denominador es pedir la eliminación del uso de productos fitosanitarios y obligar a los productores a reconvertirse a la “agroecología”, alternativa tan “natural” como fácil de proponer cuando el que arriesga el capital para producir es otro. Pero, cada vez más, también se producen hostigamientos a los productores y contratistas, demonizados mediante campañas de desprestigio.
En los alrededores de Rosario además se expande un fenómeno que probablemente se replique en torno a otras localidades: gente de la ciudad que construye en zona rural, primero para esparcimiento y luego como lugar de residencia, y demandan comodidades urbanas como pavimento, lomos de burro o servicios. A eso suman la consigna “paren de fumigarnos”, sugestionados por los activistas que se valen de su desconocimiento de la ruralidad.
Reacción
El viernes 29 de noviembre, productores, asesores y contratistas asistieron a la comuna a la espera de enterarse de una mayor limitación a las labores “en supuesto beneficio a los vecinos”, dijo el referente de Zona Sur de FAA Cristian Roca. Sin embargo se le planteó a las autoridades que la solución pasa por hacer un eficaz control de los trabajos y el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). “Además de empezar a tener un diálogo constructivo con los vecinos que no entienden de producción y ven una máquina y salen espantados a parar cualquier trabajo en el campo”, relató.
“Lo que hemos logrado, mediante un debate bastante arduo, es en primer lugar posponer esta decisión hasta abordarlo de manera más amplia e incluso regionalizar la cuestión”, indicó el dirigente. En tal sentido explicó que solicitaron expresamente un ordenamiento territorial o zonificación que determine hasta donde se puede expandir el ejido urbano. Pero sobre todo decidieron convocar a los productores de los alrededores para hacer causa común, así como gestionar con varios gobiernos comunales una normativa común. Así fue que el martes 3 de diciembre se concretó en Coronel Domínguez un primer encuentro con autoridades de otras localidades como, Álvarez, Uranga, Albarellos y Villa Amelia. También participó el INTA (AER Arroyo Seco) y dirigentes de Federación Agraria Argentina (FAA) entre los que se destacó el Vice Presidente 2° Marcelo Banchi. El jueves siguiente se había convocado una asamblea de productores de la zona con el objetivo de organizar una estrategia de resistencia a la campaña de demonización y hostigamiento, que finalmente se pospuso para el 16 de corriente. Mientras el 17 tendrá lugar un segundo encuentro de jefes comunales en el que aspiran a contar con al presencia de todas las localidades de la ruta 18, sumando a Coronel Bogado, Acebal, La Vanguardia, Pavón Arriba, Santa Teresa, Peirano, Carmen del Sauce y Piñero.
Organización
En el distrito, que hoy podría considerarse “El Gran Rosario”, hay varios pueblos rurales que al haber mejorado la conexión vial se transformaron en un lugar de residencia de los rosarinos que “huyen de la inseguridad y la gran ciudad”. Por ejemplo Álvarez pasó en poco tiempo de 3.000 a casi 10.000 habitantes y Coronel Domínguez de 800 a 1.300.
Roca planteó que la idea es “que tengan una ordenanza parecida porque en algunas hay cero metros, en otra 15, en otra 30; alguna hace controles, otras no”. Unificando la normativa, suponen que evitarían iniquidades o confusiones que deriven en conflictos por el uso de fitosanitarios. “Tenemos que tratar de cubrir un radio más grande en el control”, afirmó.
Durante el primer encuentro de las comunas se planteó “empezar a construir entre todos un ordenamiento territorial mucho más lógico, que determine para donde pueden o no crecer las urbanizaciones; y luego comenzar a hablar de BPA y controles más extensivos, más allá de los 500 metros”. En el próximo aspiran a sumar a los vecinos autoconvocados en busca de consensos. Incluso con la intención de hacer concesiones en el diseño de la nueva normativa como limitar el uso de aviones a casos excepcionales.
La asamblea del productores del 16 también apuntará a “que los productores entiendan que hay que juntarse porque del otro lado lo hacen y con acciones como los escraches, que tienen que tener una expresión de respuesta, no confrontando sino planteando la validez de los propios derechos”. Además se los informará sobre las gestiones comunales. Se trata de “calmar un poco los ánimos y organizarnos para ver cómo encontramos la mejor solución posible”, indicó el federado.
En Coronel Domínguez, la agrupación ecologista local propone llevar la línea agronómica a 1.000 metros, “una locura porque hay pueblos muy cercanos y directamente no se va a poder trabajar en los campos”, indicó Roca. Además, en esa franja proponen una agricultura “agroecológica” que “es muy difícil llevar a cabo y dejarían a muchos productores fuera del sistema”.
A esto se suma que “hay un negocio atrás” sobre esas tierras, dijo, que al no poder producirse pierden valor. “Siempre hay personajes que transforman esa dificultad en un gran negocio”, dijo el dirigente y sostuvo que se han constatado casos en la zona.
¿Qué pasa en Coronel Domínguez?
En la edición anterior, Campolitoral informó sobre “un estado de psicosis” que reina entre los habitantes de Coronel Domínguez, acentuado a partir de una campaña de demonización del sector que incluye la distribución domiciliaria de volantes con mensajes atemorizantes y el hostigamiento a los operarios de máquinas agrícolas mientras realizan sus tareas.
Los activistas ejercen una presión constante que empiezan a cansar emocionalmente a los productores. Irrumpen en propiedades privadas al observar la presencia de una pulverizadora y hostigan a operarios, asesores e incluso funcionarios comunales, filmándolos con sus teléfonos al tiempo que lanzan acusaciones, impidiéndoles trabajar. Las escenas se repiten cada vez con mayor frecuencia e incluyen la intervención de móviles policiales en los campos, como está documentado por los damnificados.
Esto se produce a pesar de que desde 2011 la localidad cuenta con una moderna ordenanza que garantiza la salud y el ambiente en el área periurbana mediante la fiscalización de cada pulverización por parte de un funcionario comunal dentro de un anillo circundante de 500 metros. Incluso establece una franja de 50 metros libre de pulverizaciones.
Sergio Dipego, es cuarta generación de agricultores en la localidad, indicó: “hay gente que no está bien informada; vinieron de la ciudad para vivir mejor y ahora hay como una psicosis casi enfermiza: ven la pulverizadora y entran en pánico; nos empiezan a filmar, sacan fotos; se acercan y le explicamos pero desconfían hasta de lo que cargamos en la máquina”.
Silvia Medina, quien junto a su marido Mario Pollacchi brindan servicio de pulverización en la zona, suplica “queremos seguir trabajando” y declara: “nos hace mal esta situación, mi marido quiere vender las herramientas y dejar todo”.
En Castellanos abren el paraguas
Desde la Agencia de Extensión Rural Castellanos de INTA relataron a Campolitoral que ven con preocupación que los conflictos entre población urbana y rural puedan replicarse también en su distrito (ya hubo algunos) y por ello decidieron implementar reuniones periódicas con los presidentes comunales y el Senador departamental Alcides Calvo.
“Acá en el centro de Santa Fe se está empezando a ver también la demonización del productor como la de Coronel Domínguez”, sostuvo el licenciado en edafología Cristian León. De igual manera, agregó, “con pocos argumentos pero difícil de rebatir”. Los activistas, aclaró, muchas veces se montan sobre el accionar irresponsable de algunos productores que aplican sin respetar las BPA. “Entonces todos caen en la volteada”. Al respecto relató que los aplicadores profesionales (contratistas) en general se ajustan a las BPA, “pero hay muchos productores que tienen máquina y cuando se dispara un alerta por presencia de una enfermedad o insectos salen todos a aplicar; no quieren perder tiempo con el lavado de bidones y quedan tirados; no se monitorea y se aplica innecesariamente”.
En la Agencia, indicó, están terminando un “Protocolo de Aplicaciones para Periurbanos Ampliados” entre técnicos y productores, “conscientes de que si no hacemos algo los presidentes comunales no tienen herramientas”. Muchos aún no se interesan -comentó- porque por hasta el momento no tienen ese problema, pero advirtió que por el curso que de los acontecimientos “en poco tiempo lo van a tener”. Lo que se trata de evitar son las medidas intempestivas (como las prohibiciones) que suelen tomar los funcionarios cuando una situación los supera.
El técnico explicó que dos veces al año se reúnen con unos 35 presidentes comunales del departamento. “La actividad está buenísima porque podemos intercambiar experiencias”, dijo, y anticipó que a la próxima intentarán comprometer la presencia de los 46 gobernantes locales del departamento, así como concejales y funcionarios ligados a la producción de cada distrito para presentar el protocolo.
León adelantó que esta guía se basa en el control que debe hacer cada pueblo. “Al ser periurbano no son tantas extensiones y se podrían agrupar localidades para el control simultáneo; fiscalizar que en la máquina está el producto de la receta”, son algunos aspectos.
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