Tribuna política

La ley de emergencia parece un acto de venganza y revanchismo

Por Juan Martín (*)

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Nación planteamos nuestra firme oposición a la Ley de Emergencia que el gobierno impulsó y logró aprobar en el Parlamento. Lejos de estar en el marco de la convocatoria del presidente Alberto Fernández para cerrar la grieta y poner entre todos a la Argentina de pie, parece un acto de venganza y revanchismo contra sectores que no acompañaron al kirchnerismo en las últimas elecciones. Entre el dicho y el hecho, hay un largo trecho.

Por el contrario, consideramos que es un abierto plan de ajuste, que tiene como principales afectados a los jubilados, a los trabajadores, a la clase media, a quienes producen, particularmente en el sector agropecuario y que va en detrimento además de facultades que son propias del Parlamento.

Sobre este punto -la exorbitante delegación de facultades en el Poder Ejecutivo- advertimos un peligroso avasallamiento institucional, que se produce en un momento de convulsión en el mundo y en América Latina en particular, teniendo en cuenta los momentos que se viven en Venezuela y Bolivia. Allí vemos lo que sucede cuando se violenta la Constitución, cuando se disuelven las Asambleas de representantes, cuando se desoyen referéndums democráticos: son los ciudadanos quienes sufren las consecuencias. Cuando se avasallan las instituciones, se anula el diálogo democrático, los ciudadanos pagan las consecuencias.

Cuando se concentran potestades en el presidente y se eliminan los frenos y contrapesos, comienzan los desvíos de poder, las irregularidades y los ciudadanos, pagan las consecuencias.

Ni siquiera con posterioridad a la crisis del 2001 se llegó tan lejos. Y el propio kirchnerismo ya ha demostrado en sus 12 años en el poder, que estas emergencias no han tenido nada de excepcional ni transitorio, sino que por el contrario han sido una manera de ejercer el poder. La emergencia y las facultades que con ella se otorgan, llegan para quedarse.

A este peligroso rumbo institucional, se agrega el ajuste cercano al 2% del PBI que la norma conlleva y que ya tiene sus principales destinatarios. En principio, se llevará adelante en gran parte con los bolsillos de nuestros jubilados, a quienes se les suspende la actualización automática de la movilidad jubilatoria garantizada por ley para que queden a merced de la buena voluntad del presidente de turno. No se trata de jubilaciones de privilegio: estamos hablando de jubilados que ganan 20.000 pesos y hoy no tienen derecho a una actualización por ley.

También lo sentirán los trabajadores y las clases medias que con esfuerzo logran ahorrar e intentan respaldarlo para salir adelante.

Y lo viven en carne propia los emprendedores y las startups, que se vinculan con el mundo, que innovan, que crean, que exportan servicios utilizando nuevas tecnologías y plataformas y que hoy encuentran un obstáculo enorme en ese proyecto de vida que construyen con el empeño diario.

Lo sufrirá el interior del país, principalmente, provincias como Santa Fe. Una provincia que progresa y sale adelante todos los días en base al esfuerzo y trabajo de miles de PYMES y productores agropecuarios que hoy tienen que cargar con un Estado que vuelve a ponerle el pie arriba de la cabeza.

Los derechos de exportación que hoy se amplían otra vez, significan un avance inadmisible sobre nuestras economías regionales, sobre nuestra forma federal de gobierno y una concentración de recursos en el poder central.

El Frente de Todos ganó las elecciones y tiene que implementar un plan de gobierno. A nosotros nos tocó perderlas y por eso desde el Congreso Nacional vamos a estar a disposición para colaborar, debatir, aportar y consensuar para que el fruto de nuestro trabajo integre todas las voces y al país le vaya bien.

Pero cuidado: los argentinos no le dieron un cheque en blanco a nadie. No lo hizo el 41% que votó Juntos por el Cambio. No lo hizo el 52% que no votó al Frente de Todos, que optó por otras alternativas a la oficial.

Creo además que gran parte del 48% que votó un cambio de gobierno y acompañó al actual oficialismo, no quiere que se avasallen las Instituciones y se silencie el Congreso de la Nación, esta caja de resonancia de la democracia. No quieren, seguramente, que estén en riesgo nuestras libertades individuales y la convivencia democrática.

Sepan todos esos argentinos que cuentan con nosotros: vamos a representarlos porque estamos convencidos que más que nunca son momentos de cuidar la democracia y la república. Las instituciones, más allá de las personas.

(*) Diputado Nacional (Juntos por el Cambio)