Agencia Rafaela
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La postura contraria a interrumpir los embarazos en los casos que la norma indica como no punibles se mantiene inalterable por parte de todos los médicos del efector público desde el año 2012 a pesar del cuestionamiento de las autoridades sanitarias de la provincia. Los siete médicos del servicio de Tocoginecología se amparan en la objeción de conciencia que contempla la ley para no practicar abortos no punibles en los casos que establece el artículo 86 del Código Penal.
La posición antiabortista es respaldada por el director del Samco Jaime Ferré, Roberto Vitaloni, quien, desde su puesta en vigencia, ha manifestado públicamente su desacuerdo con esta normativa en materia de salud y se ha declarado “pro-vida”.
Cabe recordar que sobre el final del pasado mes se publicó el Registro de Objetores de Conciencia y alrededor de 400 profesionales médicos de la provincia se anotaron en tal condición y se niegan a realizar los abortos no punibles contemplados en la legislación actual con el fin de preservar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Y en este marco, los médicos rafaelinos ratificaron su decisión, algo que también fue criticado por Vitaloni por entender que la difusión del listado de profesionales contrarios al aborto debió haber contado con el acuerdo previo de sus colegas, pero no fueron consultados.
De todas maneras, vale destacar que en estos casi dos años que lleva establecida esta posibilidad no se ha presentado ningún caso en el Hospital de la ciudad del oeste santafesino, pero de ocurrir, se convocará a un médico por fuera de la plantilla del nosocomio, cuyo nombre se mantiene en reserva, con quien ya se ha convenido que se hará cargo de la práctica requerida.
Aunque nada se conoce sobre la actitud que tomará el personal (enfermeras, instrumentistas, anestesistas, entre otros) que deberá brindarle asistencia al galeno sin inconvenientes éticos y morales frente a este tipo de intervención.
Antecedente
La situación es similar a la que se produjo en mayo de 2012, con la entrada en rigor del artículo 86 del Código Penal Argentino que expresamente despenaliza el aborto “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios (inciso 1)” o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto (inciso 2)”.
En estos casos no será necesario trámite judicial alguno para practicar el aborto y sólo se deberá contar con la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal.
En ese momento, la decisión del plantel de Tocoginecología del Hospital Dr. Jaime Ferré, el único efector público de la zona con maternidad, fue unánime y se decidió que llegado el caso de que se presentara una paciente solicitando un aborto, sería trasladada a otro nosocomio público. Más tarde, se encontró la variante del médico dispuesto a realizarlo y que no pertenece al hospital.
Dicotomía
La postura provoca reacciones encontradas en la comunidad rafaelina y mientras sectores ligados a la religión se muestran a favor, organizaciones, fundamentalmente feministas, repudian la decisión.
En tanto que desde el Ministerio de Salud de la provincia no se oculta la preocupación porque consideran que no debería haber objetores porque el compromiso de los médicos del sistema de salud público es garantizar el acceso de todas las personas a la salud, más aún si está determinada por una ley.
Asimismo, y si bien no lo confirman, se conocen versiones que indican que se han intensificado las presiones en ese sentido sobre los profesionales que adoptaron una postura la que ellos mismos definen como a favor de la vida.
Atendiendo al escenario desde la cartera sanitaria provincial se tiene previsto, en breve, organizar un encuentro en la ciudad de Rafaela con organizaciones vinculadas al tema para aclarar esta controvertida situación.