Conmutación: el gobernador anuló el beneficio para el asesino de Mattioli

Ivana Fux

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El gobernador Antonio Bonfatti decidió dar marcha atrás con el beneficio de la conmutación de penas para Antonio Nicolás Ceballos y resolvió firmar un nuevo decreto para “revocar” la fijación de su condena en 25 años. “Hoy mismo derogo el decreto. Yo siempre escucho a la gente”, aseguró el mandatario a El Litoral.

Ceballos había sido condenado a cadena perpetua junto a otros dos sujetos por un doble homicidio; fue después de un intento de asalto en un autoservicio de la localidad de Rincón, donde terminaron asesinados Rubén Mattioli de 53 años y su hijo de 19. El hecho se produjo el 2 de febrero de 2007.

El decreto de la polémica, firmado por Bonfatti junto a su ministro de Justicia, Juan Lewis el pasado 5 de agosto, provocó la indignación y decepción de los familiares de las víctimas. “La noticia fue como un balde de agua fría; una decepción y un golpe bajo”, decía a El Litoral Nilda Mattioli, hija de Rubén.

Es que la conmutación pone fecha de vencimiento a la pena, y ello activa una serie de alternativas que el interno puede tramitar para acceder a medidas que flexibilizan el castigo inicial.

De esta manera, Ceballos, que ya lleva casi ocho años tras las rejas, podía acceder a las salidas transitorias a los 12 años y medio de su condena -sin conmutación sólo podía obtenerlas a los 15 años- y a los 16 podía tramitar la libertad condicional -sin conmutación, sólo era posible a los 35 años-. Por eso, la familia Mattioli reclamó la revisión de la medida.

Revocatoria

Ayer, consultado por la prensa sobre el escándalo, Bonfatti defendió la legalidad de la medida; dijo que “no se había violado ninguna ley”, y que la conmutación era una potestad del Poder Ejecutivo “que ejercen los gobernadores todos los años”. Ofuscado, admitió que podía rever la medida, pero evitó aludir a casos puntuales. “Es imposible hablar sobre casos particulares”, dijo literalmente. “No me pregunten por casos individuales porque es imposible que los conozca”, reiteró.

Eso fue exactamente lo que sucedió. Bonfatti, según confirmó más tarde, desconocía la historia particular de cada nombre beneficiado por la conmutación. Ayer, reunió a su gabinete en su encuentro semanal, y pidió explicaciones a sus funcionarios acerca de los pormenores del decreto 2.484. Tras ello, resolvió firmar un nuevo decreto de revocatoria y dar marcha atrás con la medida, que terminó beneficiando a uno de los autores del doble crimen de Rincón.

“Pedí explicaciones en la reunión de gabinete, porque los decretos pasan por diferentes filtros y estamentos. Y sólo cuando todo ese circuito está cumplido, llegan para la firma del gobernador. Ése es el procedimiento que se sigue con todos los decretos, y firmo docenas de decretos por día”, justificó Bonfatti, en diálogo con El Litoral. El gobernador admitió que sobre la base de la información obtenida, decidió firmar un nuevo decreto con la anulación. “Yo confío en los estamentos previos que revisan el decreto, pero desconocía el caso individual (de la familia Mattioli). Siempre escucho a la gente”, insistió.

Eslabones

Según Bonfatti, quien con su firma se hace cargo de la decisión política de la conmutación, fallaron los eslabones previos que intervinieron en la confección del decreto. En el caso de una conmutación, son múltiples los estamentos que intervienen para una suerte de “depuración” de los casos. De hecho, de los más de mil que se solicitaron inicialmente, sólo se terminaron concediendo 69 beneficios.

En primer lugar, la solicitud del interno es avalada por el director del penal donde está alojado. Posteriormente, se requieren dictámenes favorables del juez de Ejecución Penal, del Organismo Tecnicocriminológico y de la propia Corte Suprema de Justicia. Finalmente, interviene la Subsecretaría de Asuntos Penales, dependiente del Ministerio de Justicia de la provincia, que tras dar el visto bueno a los diferentes dictámenes sobre cada caso, los eleva al gobernador para su firma.

>>> Sistema interpelado
Por Ivana Fux
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La facultad de conmutar penas es propia del gobernador por mandato constitucional, con algunas restricciones autoimpuestas por decretos posteriores. La nueva controversia -ya hay antecedentes de casos polémicos en gestiones anteriores- generada por la decisión del 5 de agosto interpela al sistema, dispara interrogantes y obliga analizarlo para evitar decisiones arbitrarias. Y para definir, en última instancia, si es realmente el ámbito del Ejecutivo el más pertinente para conceder “la gracia”, o si debiera trasladarse a otra instancia donde puedan intervenir, incluso, la defensa de los potenciales beneficiarios, y los querellantes y representantes de las víctimas.