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Sábado 20.02.2016
19:56

De avanzar, Argentina podrá volver a emitir deuda

Giro de 180 grados: Griesa facilita acuerdo con buitres

El juez levantará las restricciones si Argentina deroga la Ley Cerrojo y paga todo a los holdouts que acepten la oferta de nuestro país, antes de fin de mes.

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Thomas Griesa. Foto: Archivo El Litoral




De avanzar, Argentina podrá volver a emitir deuda Giro de 180 grados: Griesa facilita acuerdo con buitres El juez levantará las restricciones si Argentina deroga la Ley Cerrojo y paga todo a los holdouts que acepten la oferta de nuestro país, antes de fin de mes. El juez levantará las restricciones si Argentina deroga la Ley Cerrojo y paga todo a los holdouts que acepten la oferta de nuestro país, antes de fin de mes.

 

 

De la Redacción de El Litoral

politica@ellitoral.com

El juez neoyorquino Thomas Griesa firmó una orden de puño y letra en la que sostuvo que está dispuesto a levantar la restricción que pesa sobre la Argentina para el pago de la deuda reestructurada y puso como condición para esto que “se levanten los obstáculos legislativos” y que sea “full” (total) el pago a los holdouts que acuerden antes del 29 de febrero.

Se trata de un dramático giro en la posición del magistrado, que ahora accede al pedido argentino de levantar la restricción que pesa sobre el país desde junio de 2014 para pagar o emitir deuda externa, tras las oferta presentada a los holdouts el pasado 5 de febrero, y que fue acordada con un número importante de acreedores a través de la mediación de Daniel Pollack.

No obstante, Griesa antepuso dos condiciones, y una de ellas no depende de las voluntad del Ejecutivo, sino del Legislativo, y también elevó un pedido de permiso a la Corte Superior para proceder a ejecutar la orden.

Otro aspecto relevante del compromiso firmado por Griesa es que si nuestro país cumple sus condiciones, no será necesario que la Argentina acuerde con el 100% de los holdouts para poder realizar pagos al exterior o, si quisiera, volver a emitir deuda a los mercados.

Juicio de 14 años

De esta forma, se debilitó la estrategia de los fondos buitre más díscolos, como NML, de Paul Singer, o Aurelius, de Mark Brodsky, que ahora quedaron arrinconados y muy posiblemente se vean obligados a ingresar a la oferta si quieren cobrar.

De lo contrario, si no acuerdan antes del 29 de febrero, los fondos buitre no tendrán forma de obligar a la Argentina a pagarles lo que pretenden, salvo que encuentren algún activo para embargar, algo que a esta altura, luego de los acontecimientos en estos últimos 14 años de juicio, es de una probabilidad casi nula; o de otra manera, es casi imposible.

Asimismo, será el Congreso el que tiene ahora la responsabilidad de definir si acepta estas condiciones para avanzar en el cierre de la novela del default.

“Obstáculos legislativos”

En lo que respecta a las condiciones para liberar la “injuction” que se encuentra vigente desde junio de 2014, que impide el pago a los bonistas reestructurados, Griesa pidió hoy el levantamiento efectivo de todos los “obstáculos legislativos” con el fin de la denominada Ley Cerrojo y Ley de Pago Soberano, y que el gobierno argentino se comprometa a pagar en “full” bajo los términos acordados con los holdouts hasta el 29 de febrero.

En su pronunciamiento, el magistrado elevó además un pedido de permiso para tomar la decisión al Tribunal de Apelaciones de Nueva York, su instancia superior

En un documento de 23 páginas, Griesa argumentó que “la República (Argentina) y un número de demandantes piden al tribunal que levante las restricciones”, ya que “ellos argumentan que el efecto de la continuidad de su vigencia ya no es más equitativo”.

“Pago soberano”

Una de las dos leyes que el juez Griesa exige que sean derogadas para facilitar un acuerdo con los fondos buitres en los términos propuestos por el gobierno argentino, es que se derogue la llamada Ley de Pago Soberano, del 11 de septiembre de 2014.

La norma lleva el número 26.984, fue aprobada por 134 votos a favor del proyecto del gobierno, frente a 99 negativos y cinco abstenciones. Aquel día, el oficialismo estalló en una ovación y festejó, marcha peronista incluida. Era el año más duro en el conflicto con los fondos buitres.

La norma buscaba eludir el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, quien desde entonces bloqueó todo pago a bonistas reestructurados hasta que la Argentina no llegue a un acuerdo con los holdouts (los bonistas que no ingresaron a los canjes).

Para sortear el fallo de Griesa, el gobierno anterior dispuso unilateralmente que la sede de pago sea, de ahora en más, Buenos Aires o Francia (en vez de Nueva York, la jurisdicción de Griesa).

Una norma hecha y desecha para poder negociar

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La Ley Cerrojo fue votada por el Congreso el 9 de febrero de 2005 y promulgada al día siguiente. Su derogación es una condición que pone el juez neoyorquino Thomas Griesa.

Foto: Archivo El Litoral.

Luego de varias horas de debate, y con el apoyo monolítico de las bancadas del PJ y la UCR, la Cámara de Diputados aprobó el 9 de febrero de 2005 la llamada Ley Cerrojo.

La prohibición al Poder Ejecutivo de reabrir o mejorar la oferta en el proceso de canje de bonos en cesación de pagos aceleró la adhesión de los tenedores de esos papeles a la oferta argentina. El día 10 de febrero de aquel año la norma había sido promulgada y para entonces el 37,3%. había aceptado. Se había fijado como tope el día 25.

Con esta ley se buscó disipar las versiones de una posible modificación en la oferta para salir del default que involucra un monto de 81.800 millones de dólares.

Básicamente sirvió para desalentar a los poseedores de papeles que suponían que Argentina podía ofrecer más. Y como la norma habilita al gobierno a hacer gestiones para retirar de los mercados los bonos que no entren en el canje, éstos ya no pudieron ser utilizados para ningún otro tipo de operación financiera.

Luego, en 2010 el país volvió a reestructurar su deuda y a volver a convocar a los bonistas, con lo que el cerrojo fue abierto. Entre esas dos reestructuraciones, separadas por un quinquenio, el gobierno consiguió normalizar la situación de aproximadamente el 93% de la deuda pública. Y lo mismo hizo en 2013, abrir el cerrojo para volver a negociar y pagar deuda.

Fuera de esa esquema quedaron los negociadores más duros (que habían comprado papeles defolteados), los holdouts.

Los protagonistas centrales de la Ley Cerrojo fueron el presidente Néstor Kirchner y su aún ministro de Economía, Roberto Lavagna, a quien apartó de su cargo al terminar 2005 (luego de aquella exitosa reestructuración de la deuda).

Lavagna se convirtió dos años después, en 2007, en candidato a presidente por el radicalismo y enfrentó a Cristina Fernández de Kirchner. En 2008 el economista volvió al peronismo, tras pactar con Néstor la normalización del PJ.

U$S 6.500 millones

A lo que luego agregó que “el tribunal está de acuerdo” con este pedido. Griesa ahora considera el bloqueo a los pagos del país como “en detrimento del interés público”, debido “al cambio de circunstancias” generado en los últimos meses a partir del nuevo gobierno argentino y su decisión de llevar negociaciones efectivas en el marco de la mediación de Daniel Pollack.

Hasta el momento, hay una larga lista de holdouts que aceptaron participar en la oferta que presentó el equipo técnico de Alfonso Prat Gay, liderado por Luis Caputo, y que implica una quita en promedio de 25% del valor de la sentencia ‘pari passu’, y que sería pagado en efectivo (si todos aceptan, la Argentina desembolsaría 6.500 millones de dólares sólo para los que tienen sentencia. Griesa tomó en cuenta esta lista a la hora de conceder el pedido a la Argentina. Entre ellos, se encuentra nada menos que los fondos EM, del magnate Kenneth Dart. Monteaux, y Capital Markets, entre otros, y los bonistas italianos liderados por Nicola Stock.

 

El dato

El Congreso decide

La decisión del juez Griesa de condicionar un acuerdo con los holdouts a la derogación de dos leyes, pone a acelerar el reloj de la actividad política. Si el gobierno de Mauricio Macri acepta lo pedido por Griesa deberá abrirse la convocatoria a extraordinarias a una discusión veloz con la oposición, en ambas Cámaras. Y sobre dos normas que el kirchnerismo siempre ha reivindicado.




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