Procesaron por enriquecimiento ilícito a ex funcionario de Vera

Juliano Salierno

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El juez penal de Reconquista Jorge Galbusera procesó por enriquecimiento ilícito a Ricardo Adrián Musso (49), un ex funcionario de la Municipalidad de Vera que llegó a ser interventor del Túnel Subfluvial en 2012, cargo del que fue desplazado al año siguiente tras tomar estado público la denuncia penal.

La resolución dictada el jueves de la semana pasada -24 de noviembre- alcanza a Musso en calidad de autor y a su esposa Elsa Amalia Peleato (43), como “partícipe necesario para disimular el enriquecimiento en los hechos atribuidos a su esposo”. Además, fue ordenado un embargo por $ 50.000 para cada uno.

Por otra parte ambos fueron sobreseídos por el delito de “peculado” en sus carácter de autor y partícipe respectivamente, por un supuesto perjuicio del municipio verense. También un hermano de Musso, indagado por su presunta participación, fue sobreseído de manera definitiva por el juez Galbusera.

“Al borde de la miseria”

La denuncia contra el ex funcionario fue radicada el 10 de abril de 2013 por Juan Carlos González, un ex empleado municipal que conocía los usos y costumbres del funcionario y aseguró haber visto crecer su patrimonio de manera desmesurada.

“Él era peluquero en el año 1995 y hasta me contaba que no tenía un peso y estuvo al borde de la miseria”, reveló el hombre que se excusó de no haber denunciado antes “porque necesitaba trabajar porque tengo tres chicos discapacitados, pero me cansé y me fui”, cerró.

La presentación fue realizada ante el fiscal de Cámaras, José Antonio Mántaras, que giró las actuaciones al entonces fiscal Gustavo Gon. Éste tramitó la causa hasta su ascenso como juez del nuevo sistema penal y el expediente quedó en manos del fiscal José García Calvo, que fue quien finalmente solicitó se dicte el procesamiento.

Carrera política

Cuando citaron a Musso para tomarle declaración indagatoria en tribunales, se le pidió que “justifique la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable por su cuantía, no compatible con sus ingresos provenientes del desempeño de un cargo o empleo público”. En tal sentido, la Justicia recordó que asumió la función pública en el municipio verense en marzo de 1996 hasta noviembre de 1999; desde allí migró a la Cámara de Diputados de la provincia, donde se desempeñó como personal administrativo contratado -categoría 21-, desde el 11 de diciembre de 1999 hasta el 30 de septiembre de 2001. En febrero de 2001 regresó a Vera para ocupar ininterrumpidamente las secretarias Privada de Intendencia, de la Producción, de Prensa y Difusión y la General, hasta el 13 de julio de 2012. Su último peldaño conocido en la función pública fue la asunción como interventor del ente interprovincial Túnel Subfluvial, designado por el gobernador Antonio Bonfatti en julio de 2012; cargo del que fue desplazado por el propio mandatario provincial el 11 de abril de 2013, apenas 24 horas después de ingresada la denuncia penal en su contra.

Casas y lotes

El objeto de la investigación apunta a “distintos bienes financieros, muebles (autos, camiones y motovehículos), inmuebles (casas y lotes) y empresas comerciales (de transporte, kioscos, polirubros y comercios no especializados) los que incorporó como propio en algunos casos y en otros se valió de su cónyuge”, indica el documento judicial.

De hecho consta en la denuncia que el matrimonio cuenta con al menos 5 casas en la ciudad de Vera y una decena de lotes de diferentes tamaños y ubicación, cuya tasación todavía no pudo realizarse.

Entre la lista aportada a la Justicia figuran: una casa ubicada en calle Soldado Gómez al 1400; un lote de calle Alvear al 2100; casas en calle 9 de Julio al 2000; España al 2000; Roque Sáenz Peña al 2100; y la casa familiar en calle Juan de Garay 1817. También ocho lotes en calle Belgrano entre Alderete Méndez y Juan veintitrés. Y otros terrenos en la manzana 53 sobre calles Jujuy entre Belgrano y Moreno; y en la manzana 47 de calles Arronga y Saavedra.

La carga de la prueba Si bien el procesamiento todavía no se encuentra firme, la defensa de Musso y Peleato podría apelar el fallo de primera instancia en los próximos días. De lo contrario, el matrimonio deberá afrontar un juicio en el que deberá demostrar la licitud de los bienes cuestionados. “El paso siguiente es citarlos a juicio para que demuestren ante la administración de Justicia cómo lograron lo que tienen”, señaló el fiscal de Cámaras, José Antonio Mántaras. El jefe de los fiscales de Vera reconoció que todavía “no se hizo la valuación del patrimonio porque no hay un perito arquitecto” que realice esa labor y los peritos que se proponen suelen requerir suculentos honorarios. Al funcionario le llamó la atención de que a pesar del patrimonio acumulado, el imputado posee una sola cuenta en el banco Credicoop, donde “no se detectaron giros patrimoniales importantes” durante el período investigado. El Dr. Mántaras sostiene que “son causas que no deben causar asombro a la sociedad ya que es un deber inexcusable de la Justicia investigar y que quien resulta imputado demuestre cómo alcanzó los bienes que tiene, ya que en este caso se invierte la carga probatoria en cabeza del imputado”. Por último, dijo que “esto debe servir de ejemplo para que la ciudadanía se atreva y se anime a denunciar, puesto que lo supuestamente extraído pertenece al patrimonio de la sociedad”.