Le abrieron las puertas de la cárcel a otro asesino

José Curiotto

@josecuriotto

Pasará mucho tiempo hasta que los vecinos de la tranquila Cayastá olviden lo que sucedió un viernes 3 de febrero de 2017. Ocurrió cerca de las 21, cuando Héctor Elpidio Vargas supo que la muerte le pisaba los talones y cualquier intento por eludirla resultaría inútil.

Carlos Loseco debía estar en una celda de la cárcel de Las Flores. Sin embargo, el viernes por la noche caminaba por las calles de Cayastá con una pistola 9 milímetros en sus manos.
Héctor Elpidio Vargas ingresó a un minimercado, cuando se percató de que Loseco lo seguía de cerca. La víctima fue inmediatamente consciente de lo que estaba a punto de suceder. Le pidió a la cajera que llamara a la policía, pero ya era tarde: recibió cuatro disparos que, poco después, acabaron con su vida.

El homicida debía estar en la cárcel de Las Flores. Sin embargo, estaba en Cayastá. Para lograrlo, no se vio obligado a pergeñar ningún plan maestro que le permitiera escapar del penal. Simplemente, aprovechó el beneficio de las salidas transitorias y nunca regresó. En otras palabras, le abrieron las puertas a alguien que, lejos de haber recapacitado sobre sus actos, seguía dispuesto a matar.

No se trata de un caso aislado. El año pasado, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe se dio a conocer un dato escalofriante: el 30% de los beneficiados con salidas transitorias no regresa a las cárceles.

En marzo de 2016, la ciudad de Rosario se vio convulsionada luego de que un policía fuera asesinado a quemarropa por un ladrón en pleno microcentro. Una muerte violenta siempre genera incertidumbre y escozor. Sin embargo, esta situación se torna mucho más grave, cuando el homicida es un hombre con frondosos antecedentes penales que debía cumplir una condena de 37 años de cárcel, pero en un momento determinado recibió el beneficio de una salida transitoria y jamás retornó al penal.

Según datos brindados por la Secretaría de Asuntos Penitenciarios de la Provincia, en todo el territorio existe un promedio de alrededor de 400 presos que gozan de salidas transitorias cada semana.

Tres de cada diez aprovechan estas circunstancias y deciden huir, lo que refleja claros y graves errores de diagnóstico en aquellos encargados de evaluar la situación de los presos. Es cierto que dichos informes no obligan a los magistrados a otorgarles estos beneficios a los detenidos. Pero también es verdad que los jueces no conocen de cerca a cada uno de los internos y, a la hora de decidir, dependen de las opiniones de personas supuestamente especializadas en la materia.

Como suele suceder frente a este tipo de situaciones, hace pocos meses se generó un enfrentamiento mediático entre la Justicia y funcionarios del Poder Ejecutivo. Por ese motivo, el gobernador Miguel Lifschitz firmó un decreto que fija nuevas pautas a la hora de evaluar la situación de un preso.

Básicamente, se estableció un sistema de puntajes que pueden verse reducidos por variables tales como la reincidencia, la evasión o quebrantamiento de las reglas de liberación (no volver de una salida transitoria), la baja laboral imputable al interno en los últimos dos años, la reiteración de faltas leves y el hecho de que se encuentre cumpliendo condena por delitos sexuales.

Quizá sea demasiado pronto para evaluar los resultados de este cambio de paradigma. Sin embargo, no quedan dudas de que situaciones como la que acaba de producirse en Cayastá no sólo retroalimentan la inseguridad, sino que multiplican la sensación de impunidad.

Carlos Loseco no debía estar allí, sino tras las rejas. Lo peor del caso es que, seguramente, nadie se hará responsable de este error que costó, nada menos, que una vida.