Las opiniones son siempre valiosas. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia tendrán la irrefutable contundencia de los hechos. Quizá parezca una obviedad plantearlo de esta manera, pero en esta verdad de perogrullo radica el mayor de los problemas para Cristina Fernández de Kirchner y algunos de los más conspicuos integrantes de su núcleo duro.
Frente al irrefrenable avance de las causas judiciales que la tienen como imputada, la ex presidente se defiende argumentando que se trata de una campaña política en su contra, orquestada desde el gobierno nacional.
Nadie niega que para el macrismo y sus socios de Cambiemos las desventuras judiciales de Cristina Fernández resultan funcionales. Tanto es así, que algunos sostienen que lo mejor que le podría ocurrir al oficialismo frente a las elecciones que se avecinan, es que la viuda de Kirchner decidiera presentarse como candidata.
Sin embargo, lo que más debería incomodar a los que todavía se reconocen kirchneristas no son las supuestas -y posibles- campañas políticas en su contra, sino la suma de evidencias sobre las cuales más temprano que tarde deberán brindar explicaciones.
Sólo por mencionar las causas más emblemáticas, Cristina Fernández debe rendir cuentas ante la Justicia en casos tan diversos como la Ruta del dinero K, la venta irregular de dólar futuro, la Causa Hotesur, falsificación de documentos públicos en la causa Los Sauces SA e inconsistencias en algunas de sus declaraciones juradas.
Pero no es ella la única preocupada. Para Oscar Parrilli -su hombre de confianza y ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)- las últimas semanas fueron un verdadero infierno.
El primer cimbronazo se produjo al conocerse el audio de una conversación telefónica que mantuvo con su jefa política el 11 de julio del año pasado: “¿A quién le armamos carpetazos nosotros?”, pregunta Cristina. A lo que rápidamente Parrilli responde: “No, a nadie, si armaba las armaba él (Antonio Stiuso)... él es responsable de esas carpetas”. Evidentemente, el entonces titular de la AFI era consciente de la posibilidad de que su teléfono estuviera intervenido.
Luego aparecería la transcripción de una nueva charla entre ambos. En este caso, la ex presidente habla abiertamente que “apretar” a jueces y fiscales para que citen a (Antonio) Stiuso. Según Parrilli, se trata de un audio editado por los servicios de inteligencia.
Párrafo aparte merece el hecho de que estas conversaciones trascendieran públicamente, cuando se supone que se encuentran bajo el paraguas del secreto. Desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación aseguran que la filtración no se produjo en ámbitos judiciales.
Inevitablemente, las miradas vuelven a posarse sobre la AFI. Si los espías filtraron los audios, sería una prueba de que las cosas no cambiaron demasiado en los servicios de inteligencia a partir de la llegada del nuevo gobierno.
El último cachetazo contra Parrilli se produjo al ser procesado por el delito de encubrimiento agravado, ya que el juez Ariel Lijo cuenta con elementos suficientes como para sospechar que protegió a Ibar Pérez Corradi, hasta hace poco prófugo de la Justicia.
Es cierto que la jueza Romilda Servini de Cubría consideró que no hay pruebas para incriminar a este hombre por el triple crimen de General Rodríguez. Pero también es verdad que Pérez Corradi está directamente vinculado con el escandaloso tráfico de efedrina de los últimos años.
Frente a casos de estas características, las teorías conspirativas suelen funcionar como coartada. Sin embargo, el gran problema para el núcleo duro kirchnerista son las evidencias que, con el paso del tiempo, comienzan a acumularse en los tribunales.