Frente y perfil

Emerio Agretti

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La imagen de 30 mil expedientes sumiéndose en la opacidad de los estantes de algún húmedo sótano tribunalicio, y llevándose con ellos la expectativa de que se haga justicia en causas largamente dilatadas, se instaló en el imaginario colectivo por efecto del vencimiento de plazos establecidos por las normas que pusieron en vigencia el nuevo sistema procesal penal; e incluso motivaron inquietudes entre legisladores, que reclamaron por la impunidad que se extendería sobre ese cúmulo de conflictos sin resolver.

Tanto que el ministro de Justicia debió salir a aclarar que el efecto de la medida no iba a ser la prescripción de las causas -cuyo normal desenvolvimiento de pronto se vería cercenado por el inapelable corte temporal-, sino simplemente el “archivo” de las que permanecían sin movimiento. En la mayor parte de los casos, las llamadas “N.N.”, en las que ni siquiera existe un presunto autor imputado. Las que sí estaban en actividad continuarían de esa manera, y las que ya no lo estaban, quedarían a un costado a la espera de novedades que justificaran reactivarlas. “Las acciones penales no se extinguen por decisión de una norma provincial”, dijo a este medio el ministro Ricardo Silberstein, enfatizando que se trataba de una medida puramente de organización administrativa.

En cualquier caso, el gobernador Miguel Lifschitz decidió aventar preocupaciones y traer tranquilidad, posponiendo por seis meses la medida. En el interín, el gobierno avanzará con la verdadera cuestión de fondo del asunto e intentará liquidar definitivamente el viejo sistema procesal penal.

Esto no implica habilitar una suerte de jubileo, como cierta aprensión -para nada injustificada- podría sugerir. Al contrario, desde el gobierno consideran que el verdadero inconveniente es el estiramiento de la coexistencia entre el sistema anterior y el actual. No tanto por el trámite en sí, que en cada caso se ciñe al vigente al momento de iniciarse, sino por el hecho de que todavía haya empleados, funcionarios y jueces que pertenezcan a uno, y otros al otro; incluso con autoridades diferentes (en el caso de los fiscales, el procurador o el titular del MPA, según corresponda). Y para sostener la necesidad unificar definitivamente todos los expedientes y recursos en una estructura única, argumentan que, lejos de barrer las causas antiguas bajo la alfombra, el “nuevo sistema” cuenta con más fiscales -y muchos de ellos más especializados- para darles impulso. Por eso el otro anuncio de esta semana fue el envío a la Legislatura de un proyecto, que ya tendría avanzado consenso parlamentario, para terminar definitivamente con la etapa “conclusional”.

En tanto, el nuevo sistema procesal penal acaba de cumplir tres años, ratificando sus credenciales: ajuste a los preceptos constitucionales, garantías de imparcialidad de los jueces, mayor transparencia y control externo, y un destacable nivel de identificación de sospechosos. También un sostenido aumento en el número de juicios orales por año. En este contexto cobra trascendencia la selección de los nuevos fiscales y defensores generales -así como los regionales-, y el perfil que se busca para esos cargos. No sólo por la crisis política desatada en el caso de Gabriel Ganón, sino también para definir las políticas de persecución penal que regirán en la provincia en los próximos cuatro años. Al respecto, el puñado de candidatos en condiciones de integrar las respectivas ternas —tras una serie de pruebas en las que junto al factor académico pesó más que antes el examen psico-técnico— exhibe características propias y permite inferir criterios diferenciados. La decisión, que en última instancia quedará en manos de la Legislatura, ahora es del gobernador.

Tras postergar el pase masivo de viejas causas penales al archivo, el gobierno salió a aclarar que esa medida no implicaba extinguirlas.