Luciano Andreychuk
Quedó firme una ordenanza que había sido observada por el intendente. Ahora, el Ejecutivo deberá responder pedidos de informes aprobados por el Cuerpo en un plazo de 15 días, prorrogables sólo por nota justificada. Los dos tercios fueron con los votos “disidentes” de Simoniello, González y Basile. Se coló la campaña electoral en el Concejo.
Luciano Andreychuk
Twitter: @landreychuk
¿Una primera conquista del interbloque opositor ante los vetos del intendente José Corral, que siempre quedaban firmes? ¿Una prueba más de la ruptura del FPCyS en el Concejo local, que mostró hoy su certificado de defunción cuando se dividió el voto entre ediles de UCR Cambiemos y radicales cercanos al socialismo? ¿Se coló la campaña electoral en el debate deliberativo? De todo eso hubo un poco.
Ocurrió que en la sesión de este miércoles del Concejo, se reunieron por primera vez —en los últimos dos años— dos tercios de los votos para rechazar un veto total de intendente a una ordenanza (la N° 12378) que había sido sancionada en abril por el Cuerpo y que fijaba un plazo de 15 días —prorrogables por nota justificada— para que el Ejecutivo responda los sendos pedidos de informes que se aprueban, y que muchos de ellos terminan durmiendo el sueño de los justos.
El clima ya venía recalentado en el recinto y todo preanunciaba un debate fuerte, acaso violento en tramos, con chicanas políticas venenosas de un lado y de otro. El pedido al Ejecutivo a que responda los pedidos de informes viene desde hace tiempo: los ediles de la oposición —la mayoría de los cuales están en campaña de cara a octubre— hablaron de la falta de transparencia desde el gobierno local, ya que no da devoluciones a solicitudes de información.
“En 2016, sólo fue respondido el 11,4 % de todos los pedidos de informes aprobados. Ahora esto es un triunfo de la transparencia institucional y un freno al intendente, ya que es el primer rechazo a un veto de todos los que nos decretó”, dijo Ignacio Martínez Kerz (PJ - Santa Fe es una Sola), que impulsó la iniciativa.
Para rechazar el veto debió reunirse dos tercios de los votos (12 manos alzadas). Todos los vetos anteriores quedaban firmes con el voto del otrora interbloque frentista en el Concejo: nunca la oposición reunía con votos propios ese número. Ahora lo logró.
¿Y cómo? Con sus nueve votos puros del interbloque opositor más los de tres ediles cercanos al socialismo. Uno, Leandro González (segundo en la lista de candidatos de la lista de FPCyS que encabeza Emilio Jatón), su socio político Leonardo Simoniello y Sergio Basile. Se abstuvo de votar Franco Ponce de León (CC-Ari).
Votaron en contra del rechazo del veto los oficialistas Adriana Molina, Rossana Ingaramo, Mariano Cejas y Carlos Suárez, del sector de la UCR aliada a Cambiemos (Suárez y Cejas son candidatos a renovar sus bancas en la lista de Carlos Pereira).
Argumentos contrapuestos
"Esta ordenanza busca establecer un marco regulatorio para la contestación de los pedidos de informes por parte del Ejecutivo Municipal. Son requerimientos de datos e información que necesitamos. Así reafirmamos la facultades que tiene este Cuerpo de legislar y de controlar al Gobierno local”, largó el debate Martínez Kerz.
El que le respondió con profusos argumentos jurídicos y en defensa del veto fue Carlos Suárez. “Cuestionamos el contenido de la ordenanza en particular, ya que avanza sobre atribuciones que son propias del intendente, de su condición, no susceptibles de ser regladas de esta forma. Sí es atribución del intendente el tiempo y modo en que se contestan los pedidos de informes”.
Para Suárez, los pedidos de informes son formas de vincularse (entre el Concejo y el Ejecutivo), “pero no es la única vía y quizás sea la menos importante. Existen varios instrumentos de contralor (al Gobierno local) que el Concejo tiene, como otras normas normativas que tienen el rango de ordenanza. Con esto, estamos transformándonos en intérpretes de la ley, que no es nuestra función”.
“Este marco pone en cabeza de cada uno de nosotros a que arbitrariamente podamos entender que la información que se brinda es insuficiente y que acredita la vía sancionatoria. Entonces, avanzamos en atribuciones que no nos corresponden y, además, establecemos sanciones que quedarían al arbitrio de quien plantea el requerimiento de informe”, fueron sus argumentos centrales.
Tiempos deliberativos
La palabra esperada era la de alguno de los tres ediles que votaron a favor del rechazo. Habló Leandro González. “Queremos mantenernos en lo que votamos el 28 de abril (cuando se aprobó la ordenanza en cuestión). Queremos que este Concejo como órgano representativo de la forma republicana de gobierno, mantenga una de sus atribuciones esenciales la tarea de control sobre el Ejecutivo”, dijo el edil.
Los pedidos de informes están expresados en nuestro reglamento interno y contenidos en la Ley Orgánica de Municipios, recordó el edil. “Y que quede firme esta ordenanza y rechazado el veto tiene relación con los tiempos deliberativos del Concejo, que está bien que los tenga porque éste quizás es el espacio más plural de representación de la ciudadanía”.
Debate
Las críticas oficialistas se centraron en el artículo 4 de la ordenanza ahora reafirmada. Dice: “Si la información requerida no es suministrada dentro de los plazos establecidos, o es suministrada de modo ambiguo o parcial, se considerará que existe negativa a brindarla (...)”, lo que podría dar lugar “a acción por mora administrativa o acciones judiciales”.
“¿Cómo no creer que un artículo redactado de este modo no tienen una discrecionalidad, y que es rayano con la irracionalidad y la arbitrariedad? ¿Quién determina qué es ambiguo y qué no?”, disparó la también oficialista Adriana Molina. Dejó sentado que habrá funcionarios municipales que podrán plantear una acción por inconstitucionalidad contra la ordenanza.
Más tarde, Juan Cesoni (Bloque PJ), en el punto de hervor más alto del debate, lo chicaneó a Suárez. “Puros argumentos jurídicos, pero la realidad es que se niegan a dar información; este gobierno se destaca por la falta de transparencia de los fondos públicos, aunque en realidad siempre se han jactado de la honestidad”.
Luego Cesoni habló largo y tendido de “corrupción” y de otros “graves delitos” cometidos por la actual administración. Lo cruzó Cejas, con la cara enrojecida de los nervios: ¡Cuánto más vamos a soportar que el concejal (Cesoni) nos hable así, con tanta falta de respeto!”. Los fuegos cruzados iban e venían, las chicanas tronaban en los parlantes destinados a los cronistas. La campaña estaba en su punto de ebullición.