Nuevo pronunciamiento para una ley de identidad biológica

Mario Cáffaro
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Con el acompañamiento en las barras de mujeres que vienen trabajando la temática, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Alicia Gutiérrez (SI) que tiene como objetivo garantizar el derecho a la identidad biológica o de origen, facilitando la investigación y búsqueda de información a toda persona que presuma que ésta ha sido suprimida o alterada en el momento del nacimiento o posteriormente.

El texto aprobado permite el libre acceso a los datos contenidos en los archivos del Registro Civil y a la documentación de los hospitales, clínicas y establecimientos de salud municipal y provincial, tanto públicos como privados, con el fin de poder constatar la identidad de hombres y mujeres que tengan sospechas o dudas al respecto.

Es la cuarta ocasión en que Gutiérrez logra media sanción a este proyecto y en las tres anteriores terminó con el no tratamiento en Senado. El jueves, las mujeres movilizadas en la Legislatura aprovecharon para hablar con algunos senadores interiorizándolos de la problemática. En el recinto, Gutiérrez aclaró que no se trata de personas que buscan su identidad por causas vinculadas a la última dictadura aunque admitió que se toman de mucha de la tarea realizada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para lograr la identidad de hijos y nietos desaparecidos o sustraídos durante aquellos años.

“Venimos trabajando hace tiempo con muchas personas que han descubierto de adultas que no conocen cuál es su identidad de origen, es decir, no saben quiénes son sus padres, cómo y dónde nacieron, si tienen hermanos biológicos, entre otras cosas. Y esto es un derecho humano fundamental”, explicó la legisladora. “Ellas se han reunido y organizado para buscar alguna pista de su historia familiar pero es una tarea casi imposible”, añadió.

Enumeró las numerosas y frecuentes consultas que esas personas realizan por este tema, tanto en la Secretaría de Derechos Humanos como en organismos administrativos y judiciales. “Este proyecto exige que el Estado se haga cargo de esta situación que constituye una clara vulneración de derechos. Debemos facilitar todos los medios disponibles para que las mujeres y los hombres que buscan reconstruir la verdad sobre su pasado puedan hacerlo”, remató.

Los alcances

El proyecto llegó al recinto con dictámenes favorables de las comisiones de Derechos y Garantías; Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General y la ley “tiene por objeto garantizar el derecho a la identidad biológica o de origen, para restituir su ejercicio a toda persona que presuma que su identidad haya sido suprimida o alterada”. Los beneficiarios directos son “las personas que presumieran que su identidad ha sido suprimida o alterada por hechos concomitantes o posteriores a su nacimiento, y las personas adoptadas, cualquiera sea la fecha en que esta se hubiere producido. A tales efectos quedan comprendidos los hijos, nietos y supuestos hermanos de la persona cuya identidad hubiera sido alterada o suprimida.

Son beneficiarios indirectos de esta ley todas las personas privadas de la relación parental por la comisión de un delito y/o la falta o vicio del consentimiento, quedando comprendidos los abuelos”.

Los interesados deberán identificarse y realizar una declaración jurada, donde consten sus datos personales y el motivo de su pedido, que se mantendrá confidencial, como así también los datos a los que tenga acceso.

El proyecto, además, tiene como finalidad lograr una mejor articulación entre los organismos del Estado para hacer más ágil y efectiva la búsqueda de información. Propone la creación del Registro Único de Búsqueda de la Identidad Biológica o de Origen, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, con el fin de sistematizar los datos genéticos obtenidos.

En tanto, dispone que el Ministerio de Salud conforme el Registro Único de Partos y Nacimientos, y procurará la unificación de criterios para que los registros de los nacimientos y de partos que se produzcan en todos los servicios de salud se realicen bajo una única modalidad.

En la normativa se designa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como autoridad de aplicación de la Ley, el cual tendrá a su cargo un servicio para la atención de los casos en los que se presuma que ha habido alteración o supresión de la identidad biológica. Entre sus obligaciones se encuentra, además de gestionar el acceso a los archivos, otorgar asesoramiento jurídico y legal gratuito a las víctimas y sus familiares, como así también asistencia y contención, y facilitar los medios y recursos para realizar el examen de ADN.

Rechazo

El diputado Héctor Cavallero (Frente Justicialista para la Victoria) cuestionó la decisión del gobernador Miguel Lifschitz de aceptar la renuncia del fiscal rosarino Fernando Rodrigo, investigado y apartado del Ministerio Público de la Acusación por ordenar escuchas ilegales a su ex pareja y allegados a ella. “La decisión implica la imposibilidad de aplicar sanciones administrativas y que el funcionario pueda retornar a la administración pública. La decisión de Lifschitz no contribuye al correcto funcionamiento del Estado”, dijo el rosarino en el recinto de la Cámara.

Chialvo cuestionó un decreto

La diputada justicialista Patricia Chialvo consideró que el decreto 3.177 dictado el 14 de septiembre último por el gobernador Miguel Lifschitz “atenta contra las autonomías municipales”. Dicho decreto faculta al gobernador a redistribuir discrecionalmente los ATN.

Chialvo pidió su derogación inmediata. El decreto establece que las sumas en concepto de ATN llegadas desde Nación a favor de municipios y comunas sean asignadas conforme al criterio que para cada caso disponga el Estado provincial.

“Mediante este decreto, el gobernador Lifschitz tiene la facultad de redistribuir discrecionalmente los recursos que llegan de Nación, lo cual consideramos insostenible y pedimos que se derogue urgente. Porque de esta forma el Ejecutivo funcionaría como filtro de recursos que son enviados a las comunas y municipios directamente y gestionados por ellos mismos, pero que en definitiva a través de esta norma el gobernador redistribuiría según su voluntad. Estamos ante un decreto que atenta contra las autonomías municipales y ante un proceder que no resulta justo, ecuánime, ni equitativo, por lo contrario, denuncia la intención de someter a las unidades municipales a prácticas políticas totalmente repudiables”, afirmó la legisladora.