Sacando cuentas

Emerio Agretti

[email protected]

Esta semana se puso en marcha, ahora con una propuesta en concreto sobre la mesa, el proceso de búsqueda de acuerdos entre la Nación y las provincias para llevar adelante una reforma impositiva orientada a mejorar la competitividad, atada a una limitación en los niveles del gasto público y sobre la base de nuevos criterios en la distribución de fondos coparticipables.

La iniciativa estaba en la agenda del gobierno nacional desde hace tiempo, y el espaldarazo electoral llevó a activarla de inmediato, en el contexto de una serie de reformas legales y económicas de fondo que también están en trámite de discusión.

“La que más gana es la provincia de Buenos Aires”, evaluó el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, registrando así lo que desde el principio fue uno de los objetivos principales de la administración central: compensar al distrito más populoso del país por la paulatina pérdida de significación del Fondo del Conurbano, dispuesto en su momento precisamente para atender una demanda social de la magnitud que allí se concentra.

La cerrada oposición de los gobernadores a ceder recursos coparticipables a tal efecto llevó a diseñar una compleja ingeniería de modificaciones en materia tributaria y en la asignación de los montos recaudados, para poder sostener esos 20 mil millones de pesos adicionales de los que a partir de ahora dispondrá María Eugenia Vidal.

Despejado ese bloqueo, los mandatarios provinciales -al menos, casi todos ellos- estuvieron dispuestos a sentarse a la mesa de conversaciones y adherir a los postulados generales que fundamentan la batería de reformas propuestas. La reclamada “letra fina”, que incluye compromisos de modificaciones que cada gobernador debe asumir, ya estaba disponible. Y junto con ella, las monedas de cambio que forman parte del mismo entramado: algunos impuestos a producciones regionales que el gobierno central anunció y no tardó en desactivar, y la condición inescindible para la firma de que todos los Estados provinciales desistan de presentaciones judiciales contra la Nación y entre sí. He aquí el otro gran objetivo de la gestión Macri.

El gobernador Miguel Lifschitz dejó claro que esa cláusula no abarca el reclamo de Santa Fe por el pago de la deuda de coparticipación indebidamente retraída, que ya tiene sentencia de la Corte desde justo antes de la asunción de Macri, y que todavía no se efectivizó por falta de acuerdo en la determinación del monto definitivo y la forma de pago. En cambio, hay otro planteo ante el Alto Tribunal que sí sería pasible de ese compromiso, dirigido a que el impuesto al Cheque sea coparticipable en un ciento por ciento. A la vez, este mismo gravamen es el que la Nación quiere ahora utilizar para financiar las prestaciones sociales de la Anses.

Más allá de eso, la instancia amerita afinar el lápiz. Y a eso se abocan por estas horas -al igual que sus homólogos en todas las provincias- los equipos técnicos de Economía santafesinos, con el objetivo de llevar una respuesta para el próximo jueves.

La cuestión no es menor, ya que si bien el primer cálculo es que la provincia de Santa Fe no perdería recursos en 2018, también se están sentando las bases de un esquema que seguirá rigiendo durante los próximos años, y al que están vinculadas otras asignaciones, como el Fondo Sojero. “No queremos resignar la potestad tributaria”, avisó Lifschitz. Mientras tanto, Saglione y sus colaboradores le sacan chispas a las calculadoras.

Si bien el primer cálculo es que la provincia de Santa Fe no perdería recursos en 2018, también se están sentando las bases de un esquema que seguirá rigiendo durante los próximos años.