Licitación caída y posibles escenarios para la Terminal

Luciano Andreychuk
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El Concejo rechazó el veto total del intendente José Corral a la licitación para la concesión, administración y explotación de la Terminal de Ómnibus Gral. Manuel Belgrano. Lo hizo con los votos opositores del interbloque justicialista y de los cuatro ediles del FPCyS; los cuatro de la UCR alineada a Cambiemos votaron en contra, pero las manos alzadas y argumentos oficialistas no alcanzaron para revertir aquellos dos tercios.

El jueves pasado hubo una reunión “de urgencia” convocada por Corral en el Palacio Municipal con todos los ediles, tras un cuarto intermedio pedido en sesión. La intención: tratar de “destrabar en consenso” la situación, y mantener la licitación que se había realizado el 28 de agosto pasado donde hubo un sólo oferente (la UTE de dos empresas que prestan servicio en la ciudad, Recreo SRL y Fluviales). Finalmente este consenso no se logró, y el camino optado por mayoría deliberativa fue rechazar el veto.

Con todo, ahora el Ejecutivo deberá remitir los pliegos al Concejo —no tiene otra opción— “para su análisis y eventual aprobación”, en un plazo no mayor a 45 días, dice la resolución del rechazo sancionada (la N° 17.887) de Alejandra Obeid (PJ). Luego se deberá llamar a nueva licitación pública, pues aquella realizada en agosto ahora quedó sin validez.

Netoc SA. es la actual concesionaria de la terminal. Con la ordenanza N° 12.281 (artículo 1) aprobada por el Concejo el 16 de junio de 2016, se le concedió una prórroga de 15 meses, plazo que venció en septiembre pasado. Y no podía haber una extensión: “El contrato de concesión que se autoriza a prorrogar no será susceptible de una nueva prórroga”, dice taxativamente esa norma. Pero ocurrió que el Ejecutivo, por resolución Nº 238/2017, concedió otra prórroga de seis meses a Netoc (hasta febrero de 2018) para que la empresa siga explotando la terminal.

En el medio pasaron muchas cosas: desde la oposición se habló así de “vicios procedimentales”, de “plazos que no se cumplieron”, de “decisiones no sujetas a la normativa”. Hasta hubo un planteo de revocatoria y nulidad —desde el PJ— de aquella licitación realizada en agosto. Y desde el oficialismo se defendió la “legitimidad y legalidad” de la licitación.

Además, la comisión creada con el objeto de elaborar el Máster Plan (algo que estaba estipulado en la ordenanza antes citada y que integraban concejales de todos los bloques y miembros del Ejecutivo) para la refuncionalización y modernización de la terminal entregó las conclusiones fuera de tiempo, algo que fue advertido por concejales de los distintos bloques; hubo proyectos de ediles frentistas “alternativos” para sacar adelante la situación; una suspensión aprobada, un veto, y un rechazo al veto, finalmente.
“La terminal no se va a cerrar, es un absurdo, sería el acabóse. Es un servicio neurálgico de la ciudad. Pensemos en sus trabajadores, los comerciantes...”, dijo un edil a El Litoral. Entonces, con una primera licitación para otorgar la nueva concesión ahora caída en saco roto, ¿cuáles serían los escenarios posibles —e inmediatos— para salir de este atolladero en que quedó la terminal de ómnibus?

Algunos caminos

Según distintas fuentes deliberativas consultadas por este medio, una opción sería —con una nueva ordenanza del Concejo— darle un marco de juricidad a la prórroga que le extendió el Ejecutivo a Netoc hasta febrero. En el mientras tanto, con los pliegos que deberá enviar el Ejecutivo al Concejo, analizados y aprobados por ese Cuerpo, hacer ese nuevo llamado a licitación pública. “Así se subsanarían jurídicamente errores que cometió el Ejecutivo en todo este proceso”, dijo a El Litoral el opositor justicialista Ignacio Martínez Kerz.

En su artículo 7, esa norma sancionada en junio de 2016 dice: “El Ejecutivo deberá elaborar los pliegos y convocar a una nueva licitación para la concesión de la administración y explotación de la Estación Terminal de Ómnibus (...)”. No dice explícitamente que a esos pliegos los deberá remitir en forma obligatoria al Cuerpo Deliberativo.

En el recinto se habló también de una suerte de “municipalización” del servicio de la terminal. Pero el argumento de José Corral está en las antípodas de esta posibilidad: “Ahora es el Municipio quien va a tener que hacer el mantenimiento de los baños, de la limpieza, etc. Es un desafío y vamos a conversar con los concejales para ver qué tienen pensado ellos sobre cómo hacer para mantenerla durante los próximos años”, se quejó el intendente ayer, ya enterado del rechazo a su veto.

“Son $ 26 millones para invertir en la terminal que no tenemos, y no nos lo dejarían los vecinos que están pidiendo que arreglemos las calles. Tampoco nos parece bueno tomar 23 empleados más, o que 23 personas pierdan el trabajo. Los concejales que tomaron esta decisión deberán dar cuenta también de los problemas que tengamos en el futuro”, desparramó culpas Corral.

A su vez, el Concejo aprobó otra resolución —por unanimidad y con la firma de los 17 concejales— donde le pidió al Ejecutivo que inicie las gestiones “necesarias y conducentes” ante el Gobierno provincial con el fin de que esos terrenos donde están la terminal sean cedidos (cesión de derecho de propiedad) a favor de la Municipalidad. Esto abriría otros escenarios.

Cabe recordar que el terreno donde está asentada la terminal es de Provincia y fue cedido en comodato al municipio en 1998 por 10 años, con opción a 20 más. Debería vencer en 2018. Pero en 2015, Municipalidad y Provincia —cuando aún eran “socios políticos”— dieron de baja ese acuerdo y firmaron uno nuevo por 10 años sin opción a más. La Municipalidad puede disponer del edificio hasta 2025, es decir que puede otorgar la concesión sólo por 8 años.

El debate

En el recinto el debate giró alrededor de tres argumentos: el primero de los cuatro ediles oficialistas que votaron en contra del rechazo al veto. “Hubo legitimidad y legalidad de todo el proceso, que se dio en el marco de una ordenanza sancionada por este Cuerpo (la N° 12.281). El marco licitatorio quizás tenía debilidades; hubo voluntades de encontrar soluciones para garantizar una mayor cantidad de oferentes, pero no fue posible”, declaró Carlos Suárez.

Desde el FPCyS, Leandro González justificó el voto de su sector a favor del rechazo del veto: “Hubo situaciones de debilidad en el proceso. El Máster lan debió ser enviado más de 60 días antes de la fecha que finalmente se derivó. Se remitió más tarde, por ejemplo. El por qué se da la situación de que una sola empresa se presente es otra de las dudas. Esto y otros elementos nos hizo tomar una postura que creemos que es la más acorde”, dijo.

En el proceso que viene ahora deberá haber un mayor diálogo entre Municipio y Provincia, agregó González. “Entendemos que se debe requerir un administrador idóneo con solvencia económica y financiera que demuestre experiencia técnica comprobable y la gerencia calificada. No cualquiera puede administrar una terminal de ómnibus. Y la UTE que se presentó (en la licitación) no reúne estas condiciones”, finalizó.

“Buscamos todos los medios para evitarla. Llegamos a fines de año en esta situación. Pero fue lo más sensato llegar a este rechazo del veto”, lamentó Juan C. Cesoni (PJ). Cargó las tintas contra el intendente: “Le faltó previsibilidad y planeamiento. Si él hubiese dialogado mucho tiempo antes con nosotros, quizás esta situación no hubiese ocurrido. Esperamos que (José) Corral no se tome 45 días (como marca el plazo de la resolución con el rechazo del veto), sino menos para mandarnos de inmediato los pliegos, para que podamos discutir y analizar ese documento cuanto antes”, cerró.