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La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, ratificó hoy que están en plena investigación los casos del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, ambos bajo análisis tras haber sido denunciadas presuntas irregularidades.

Según informó hoy Alonso desde su cuenta en las redes sociales, en el caso del ministro de Trabajo la investigación se encuentra "en una primera etapa de recolección de información y pruebas". La Oficina Anticorrupción investiga a Triaca por la designación de una empleada doméstica de su familia en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

En cuanto a Etchevehere, señaló que la investigación se encuentra "en la etapa de descargo" del funcionario, que es "el paso previo al dictado de la Resolución de la OA". Etchevehere habría recibido a fines del año pasado un bono de 500.000 pesos por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA), para compensar los ingresos que dejaría de percibir al sumarse al gabinete nacional. El ex titular de la SRA argumentó que antes de recibir ese monto, le consultó a la Oficina Anticorrupción si era correcto y aseguró que le dijeron que "no había inconveniente" y que por eso lo aceptó.

Alonso publicó también un instructivo respecto de cómo investiga la Oficina Anticorrupción las potenciales violaciones a la Ley de Ética Pública, en el que precisa que primero "realiza un análisis inicial basado en información de acceso público y/o obrante en la Oficina Anticorrupción", y luego determina "el objeto de la investigación, los hechos y/o circunstancias relevantes que deben ser acreditadas, y, las medidas de prueba a realizar". Luego, dice, "se notifica al funcionario bajo análisis, quien accede a la copia completa del expediente, para que haga su descargo y ejerza su derecho a la defensa, una vez finalizada la producción de prueba". Con todos esos datos, explica, "se elabora el Informe Técnico en el que se analiza toda la documentación y la normativa aplicable contemplada en el expediente, sugiriendo la resolución a adoptar por el titular de la OA".

El proceso continúa con la elaboración de un Proyecto de Resolución, que se envía a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, para que verifique el cumplimiento de la legalidad del procedimiento y el contenido del proyecto. Una vez devuelto, la Oficina Anticorrupción dicta la Resolución que envía al funcionario bajo análisis y publica en la página web, con la descripción detallada del caso, la normativa aplicable, la valoración de la prueba, el procedimiento realizado, un informe técnico y una parte resolutiva con instrucciones, recomendaciones o sanciones previstas en la ley.

Finalmente, informa que "el tiempo de la investigación puede variar ya que depende de la complejidad del caso, de la cantidad de medidas de prueba solicitadas y que las respuestas lleguen en tiempo oportuno".